Hace tan solo tres semanas la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, María Ángeles Carmona, apareció ante los medios anunciando a la sociedad la “magnífica noticia” de que, tras un estudio de 497 sentencias dictadas entre 2012 y 2014, sólo se habían encontrado indicios de denuncia falsa en dos casos.
Las conclusiones del análisis presentado por los magistrados María Tardón y Vicente Magro, eran que «el informe evidencia la inconsistencia de la alegación de que las mujeres denuncian en falso».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraCualquiera que se tome la molestia en analizar la metodología empleada, el universo de sentencias empleado y las conclusiones inferidas, llegará a la conclusión de que se trata de un burdo caso de “profecía autocumplida”.
Este grupo de «expertos» parte de la premisa de que las mujeres nunca denuncian en falso y, para probar esta profecía, se predefinió de antemano un análisis metodológicamente amañado, para que el resultado concluyera, conforme a la tesis que inicialmente se pretendía probar: que no existen denuncias falsas o que en el caso de demostrase su existencia, lo son en una cuantía irrelevante.
En cualquier caso, el fin último del estudio pretendía demostrar, que el sistema cebado sin descanso con unos 34.000 millones de euros en los últimos 10 años en torno a la Ley Integral de Violencia de Género, es bueno para la sociedad y que funciona correctamente.
El 87,7% de las denuncias, por decisión judical, lo son sobre personas INOCENTES
Para ello, en un ejercicio de paternalismo más propio de ese “patriarcado” que pretenden superar, los expertos del Observatorio, con su presidenta a la cabeza, salieron en defensa de las mujeres. Así, mujeres en general, entendidas como colectivo uniforme o como mercancía política, trasladando de nuevo el foco del problema de un sistema disfuncional del que ellos son parte, al colectivo de mujeres.
Desde la Asociación Erich Fromm, iniciamos un estudio, sobre cuántos inocentes habían entrado en la maquinaria de la denuncia por violencia de género y, conforme a los propios datos del CGPJ (no contestados ni negados por la propia presidenta del Observatorio), nos conducen a la terrorífica cifra de 1.299.578, sobre un total de 1.482.041.
Es decir, el 87,7% de las denuncias, por decisión judicial (archivo, sobreseimiento, sentencia por simulación de delito o falsa) lo son sobre personas INOCENTES.
La consideración de que una denuncia sea falsa, es simplemente una cuestión de técnica jurídica y no por ello conformadora de la realidad subyacente, es decir la existencia de la falsedad per se o de la inocencia del denunciado.
En definitiva, es totalmente compatible un estudio «sesgado» sobre 497 sentencias en el que en dos casos se detectó técnicamente denuncias falsas y que además el 87,7% de las denuncias por decisión judicial mantienen al denunciado en su condición constitucional de inocente.
Asumir como válidas la metodología y las conclusiones de este estudio presentado por la señora Carmona, sería tanto como asumir que los presos de un campo de concentración no querían salir de esa situación, porque nunca se acreditó fehacientemente y por escrito que quisieran salir. Un sarcasmo.
Lo que no es ciertamente compatible con el sentido común, con la ética profesional, ni con el mandato constitucional que tienen los integrantes del Observatorio, es que a partir de ese «error de enfoque» en el análisis, el mensaje que se traslade a la sociedad, es que el sistema funciona correctamente.
La cosa no tendría mayor trascendencia si no estuviéramos hablando de una maquinaria pública, instalada en una paupérrima calidad jurídica y científica
A veces hay que acudir a la analogía para evidenciar la magnitud de un problema y generar conciencia de lo que estamos tratando. Imaginemos que en la consulta de traumatología del Hospital Gregorio Marañón en un 87,7% de los casos los pacientes hubieran salido con el preceptivo yeso en el miembro que no estaba fracturado. O que en el 87,7% de los casos, el hospital materno-infantil confundiera la filiación de los recién nacidos. O que en el 87,7% de los casos las nóminas a los miembros del Observatorio llegaran con un importe de un euro, en vez del sueldo correspondiente.
¿No es un escándalo perpetuar esta situación que afecta a derechos fundamentales y causa enormes consecuencias sobre decenas de miles de menores? La cosa no tendría mayor trascendencia si no estuviéramos hablando de una maquinaria pública, instalada en una paupérrima calidad jurídica y científica, impropia de profesionales del derecho, más propia del landismo, que de un organismo público.
En cualquier empresa privada un mal vendedor que hubiera cometido errores de estas características, estaría en la calle.
* Manuel Oliete es coautor del informe de la Asociación Erich Fromm sobre denuncias relacionadas con la Ley Integral contra la Violencia de Género.