Eran los años de Zapatero. Pascual Sala presidía el Tribunal Constitucional y había un asunto muy espinoso que resolver: si Bildu concurría a las elecciones municipales de mayo de 2011. El pleno del TC revocó la anulación de las 254 listas de Bildu llevada a cabo por el Supremo. El alto tribunal había concluido que esta formación era la marca política de ETA tal y como señalaban los informes de la Guardia Civil.
Sin embargo, el TC emitió una sentencia inequívoca: Bildu debía ser legalizada. El Constitucional autorizó la concurrencia de la coalición a las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011. La polémica decisión se adoptó por un estrecho margen de seis votos a cinco. Pascual Sala hizo valer su voto de calidad de presidente para romper la balanza.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEl magistrado progresista Manuel Aragón Reyes votó con los conservadores, una ‘anomalía’ en un tribunal cuyos miembros son elegidos casi en su totalidad por el poder político. Por eso, casi siempre es fácil acertar el dictamen del tribunal sobre cualquier asunto.
Durante la etapa de Zapatero también se produjeron otros casos polémicos en el TC. En 2008, en plenas negociaciones con la banda terrorista ETA, el tribunal estableció mediante la sentencia 57/08 una nueva doctrina: la posibilidad de restar el tiempo que un recluso ha permanecido en prisión preventiva de cada una de las condenas firmes que esté cumpliendo por otros delitos.
Por seis votos a cinco, el Constitucional contradijo al Supremo y legalizó a Bildu en 2011
Esta decisión, que provocó las críticas de la Fiscalía y el Tribunal Supremo al abrir una brecha en la doctrina Parot-, permitió que el etarra Troitiño saliera de la cárcel en 2011 cuando tenía condena hasta 2017. El terrorista, por supuesto, huyó feliz a Inglaterra.
En realidad esta es la naturaleza del TC, que se compone de 12 magistrados, cuatro de los cuales son escogidos por el Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos; otros cuatro a propuesta del Senado por mayoría de tres quintos; dos a propuesta del Gobierno; y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, también por mayoría de tres quintos.
A propuesta del PSOE o del PP
En el ‘caso Bildu’ tampoco hubo sorpresas: todos los jueces propuestos por el PSOE -Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Adela Asúa y Pascual Sala-, votaron a favor de la legalización del partido que según el Supremo estaba «gestionado, dirigido, coordinado y articulado por el complejo ETA-Batasuna».
Lo mismo cabe decir de los magistrados que votaron en contra: Francisco Hernando, Ramón Rodríguez Arribas, Francisco Pérez de los Cobos y Javier Delgado fueron designados a propuesta del PP.
En el ‘caso Bildu’ tampoco hubo sorpresas: todos los jueces del TC propuestos por el PSOE votaron a favor de la legalización
Como ya es tradición en España, el tribunal sufrió cambios notables cuando el Gobierno cambió de color. El PP de Rajoy ganó las elecciones en 2011 por mayoría absoluta, situación que aprovecharía para proponer como presidente a Francisco Pérez de los Cobos, de su máxima confianza.
Actualmente el tribunal se compone de los siguientes magistrados: Adela Asúa, de tendencia progresista, es la vicepresidenta. Asúa fue elegida magistrada del Constitucional por el Senado en 2010 a propuesta del Parlamento Vasco con el apoyo del PSOE.
Si el mandato de tres años para la que fue designada no coincidiera con la renovación del TC, su mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados.
El resto de jueces son los siguientes: Encarnación Roca, Andrés Ollero, Fernando Valdés, Juan José González, Santiago Martínez-Vares, Juan Antonio Xiol, Pedro José González-Trevijano, Antonio Narváez y Ricardo Enríquez, que sustituyó en 2014 al fallecido Francisco José Hernando.
Dimisión por dar positivo en un control de alcoholemia
Hernando falleció el 28 de noviembre de 2013 y estaba considerado del grupo de los conservadores. Sin embargo, en 1988 fue uno de los magistrados del Supremo que desestimó el recurso de Acción Familiar contra el real decreto del Gobierno de Felipe González que flexibilizó la práctica del aborto dos años antes.
El motivo de que en estos momentos sean 11 magistrados y no 12 se debe a que el juez Luis Ignacio Ortega, de perfil progresista, falleció el pasado 15 de abril y nadie ha ocupado aún su puesto. Ortega fue elegido magistrado del TC a propuesta del parlamento de Castilla-La Mancha y con el apoyo del PSOE. Este jurista fue asesor en el primer Gobierno de Felipe González.
Cuatro jueces son elegidos por el Congreso de los Diputados; cuatro a propuesta del Senado; dos a propuesta del Gobierno; y dos a propuesta del CGPJ
Dentro del grupo de los conservadores se encuentra Pedro González-Trevijano Sánchez, cuyo ingreso en el tribunal en 2013 se lo debe a Rajoy. De firmes convicciones monárquicas, formó parte de la comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos impulsada por Rodríguez Zapatero. González-Trevijano se mostró en contra del traslado de los restos de Francisco Franco en contra de la opinión de la mayoría de los miembros de la Comisión.
Muy parecido es el caso de Enrique López, que llegó al TC gracias al Gobierno de Rajoy en 2013. En su haber consta la elaboración de un informe contrario al matrimonio homosexual y sus críticas a la ley de violencia de género.
Siete conservadores; cuatro progresistas
El 2 de junio de 2014 López dimitió tras haber sido interceptado por la policía por conducir su moto sin casco y dar positivo en un control de alcoholemia. Su lugar lo ocupó un mes más tarde Antonio Narváez, que había sido teniente fiscal del Tribunal Supremo a propuesta del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
Santiago Martínez Vares, otro conservador, también se convirtió en magistrado del Constitucional en 2013. Es magistrado emérito del Tribunal Supremo, tribunal desde el que luchó para que el castellano fuera lengua vehicular en los colegios de Cataluña.
Cuando el poder político elige a los miembros de un tribunal, es muy fácil acertar el dictamen sobre cualquier asunto
Del mismo modo, Juan José González llegó a propuesta del PP en 2012. Durante su etapa en el Supremo se posicionó a favor de la objeción de conciencia contra la asignatura Educación a la Ciudadanía impulsada por Zapatero. También se rebeló contra la ley del matrimonio homosexual al emitir un voto particular a la sentencia que avaló dicha normal.
Algo de polémica suscitó la llegada de Andrés Ollero al TC en 2012, y no porque también fuera propuesto por el PP, sino porque fue diputado de este partido desde 1986 a 2003 llegando a ser portavoz en la comisión de Justicia. Como su compañero González, emitió uno de los votos en contra de la sentencia que validaba el matrimonio gay.
Un voto particular contra Bildu
El fallecimiento de Hernando, motivó la llegada de Ricardo Enríquez, que llegó procedente del Supremo. Fue propuesto por los Parlamentos autonómicos de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana.
En el ‘ala’ progresista destaca Encarnación Roca, que ingresó en el TC a propuesta del PSOE. Fue la primera catedrática de Derecho Civil de España y todos la recuerdan por haber sentado jurisprudencia reconociendo el derecho de una mujer que nunca trabajó a cobrar una pensión compensatoria por divorcio por contribuir a las cargas familiares con sus tareas domésticas.
Juan Antonio Xiol Ríos llegó al TC en 2013. Fue magistrado del Supremo desde 1987 y uno de los seis magistrados del Supremo que emitió un voto particular contra la prohibición de Bildu en 2011. Presidió el Supremo provisionalmente tras la dimisión de Carlos Dívar en 2012.
Entre los que validaron el matrimonio gay en 2012 se encontraba un conservador, Francisco Pérez de los Cobos, hoy presidente del TC
El último progresista del TC es Fernando Valdés Del-Ré, magistrado del tribunal desde 2012 a propuesta del PSOE. Desempeñó la máxima responsabilidad de la Abogacía del Estado cuando Felipe González era presidente del Gobierno. Valdés colaboró en la coordinación del programa electoral del PSOE en Economía, Trabajo y Pensiones para las elecciones de 2004. Con Rajoy en La Moncloa manifestó su apoyo a la huelga general del 29 de marzo de 2012.
La designación de todos estos magistrados es de nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres años. Ninguno de estos jueces puede ser propuesto para otro periodo inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años.
El etarra Troitiño se ahorra seis años de cárcel
El mecanismo de los nombramientos no puede sorprender que el tribunal encargado de garantizar que no se vulnere la Constitución española esté bajo el paraguas del poder político. Uno de los casos más flagrantes -y recientes- es el del recurso que el PP presentó contra la ley Aído en junio 2010, asunto sobre el cual el TC aún no se ha pronunciado.
Cinco años y medio después de la maniobra del PP, nadie confía en que el tribunal emita un dictamen antes del fin de la presente legislatura. Si la resolución declarase inconstitucional la Ley socialista pondría en un serio aprieto al PP, que en cinco años ha pasado de prometer una ley provida a purgar a los diputados que le exigían el cumplimiento del programa.
Uno de los casos más flagrantes es el recurso que el PP presentó contra la ley del aborto en junio 2010: el Constitucional aún no se ha pronunciado
El 6 de noviembre de 2012 el tribunal resolvió el recurso de inconstitucional que el PP presentó contra el matrimonio gay. El veredicto del TC fue inequívoco: ocho votos favorables a la ley y sólo tres en contra. Curiosamente entre los que validaron la norma se encontraba un conservador, Francisco Pérez de los Cobos, hoy presidente del TC, lo que demuestra que en el fondo el PP quedó satisfecho con la decisión del Constitucional.