Es David contra Goliat, aunque él responde por Policarpo Sánchez. Preside la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca y desde 2014 libra una guerra contra la Generalitat a la que amenaza con derribar como al gigante de la célebre cita bíblica. Y eso que no dispone de piedra ni honda.
Por el camino se ha gastado más de 14.000 euros -de su bolsillo- en procesos judiciales que cuenta por victorias. Tres de tres. «Me he gastado una cantidad por encima de las posibilidades de cualquier persona». Por eso creó la asociación: para dar a conocer su cruzada y para lograr respaldo económico.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
Suscríbete a Actuall y así no caerás nunca en la tentación.
Suscríbete ahora
Su objetivo es ambicioso: lograr la devolución de más de 400.000 documentos ajenos a Cataluña que -asegura- el ministerio de Cultura envió erróneamente a la Generalitat. Son papeles que corresponden a personas o instituciones de otras 9 comunidades, en total de 23 provincias españolas. Una chapuza impropia de quienes deben manipular documentos de un archivo nacional. «Aunque parezca mentira, todo el proceso ha sido así, una chapuza«, lamenta Policarpo a Actuall.
Zapatero aprobó una ley para trasladar los documentos de la Guerra Civil relacionados con Cataluña, pero el Ministerio de Cultura envió otros pertenecientes a otras 9 comunidades
Entre ellos, destacan los documentos relativos al líder del PSOE de Asturias durante la Guerra Civil, José Barreiro García, y otros relacionados con la UGT de Madrid o la CNT de Castellón. ¿Cómo es posible que estos documentos ajenos a Cataluña hayan acabado en poder de la Generalitat?
Todo arranca en enero de 2006, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero lleva a cabo el primer envío de los documentos reclamados por la Generalitat de Cataluña -en realidad, la contraprestación que le impuso ERC a cambio de su investidura- del Archivo General de la Guerra Civil situado en Salamanca. Para legitimar la desmembración del archivo, Zapatero tuvo que aprobar una ley -en 2005- que permitiera que los documentos con relación a Cataluña fueran enviados cuanto antes.
Un expolio en siete envíos
A ese empeño se dedicó el ministerio de Cultura, que en el primer envío incluyó documentos que no guardaban ninguna relación con Cataluña infringiendo la propia ley de Zapatero. Por supuesto, aquello se hizo con nocturnidad y casi de tapadillo para evitar la indignación ciudadana: Salamanca registró las mayores manifestaciones de su historia cuando decenas de miles de ciudadanos clamaron contra la desmembración del archivo.
En los siete traslados que se han realizado desde el Archivo de Salamanca a Cataluña no se ha dejado copia de los documentos enviados tal y como contempla la ley
Las formas no gustaron a Policarpo Sánchez, que tras el primer envío se presenta en el Archivo con un notario que iba levantando acta. Documento a documento comprobó que algunos ya no estaban allí. De nuevo se incumple la ley de Zapatero: no han dejado un registro ni una copia de los documentos trasladados a la Generalitat.
Pasan los años y Policarpo se va anticipando a los envíos. Antes de cada uno de los siguientes –en total se han hecho siete, seis con Zapatero y el último, en 2014, con Rajoy– se presenta en el archivo para hacer una revisión exhaustiva. «Se han trasladado 1,4 millones de documentos. Para una persona es imposible revisar todos los documentos, a mí me dio tiempo a revisar un tercio y certifiqué miles de irregularidades».
Lo que al principio parecía una lucha imposible contra el poder establecido, la asociación Salvar el Archivo de Salamanca está cada vez más cerca de vencer a la Generalitat en los tribunales definitivamente. En un plazo de un mes o mes y medio está previsto que la parte demandante y la demandada reciban una notificación para presentar un escrito de conclusiones en un plazo de 30 días hábiles.
La Generalitat sigue reclamando documentos
Después de este trámite ya sólo faltaría la sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Policarpo Sánchez es optimista, porque ha aportado pruebas suficientes para que el tribunal obligue a la Generalitat a devolver al Archivo de Salamanca los más de 400.000 documentos ajenos a Cataluña.
La sentencia podría tardar un año en producirse o incluso demorarse mucho más. No hay que olvidar que el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP en 2006 contra la ley de Zapatero hasta el año 2013.
Pero la Generalitat ya está jugando sus bazas. En la mañana del lunes el consejero de Cultura de Cataluña, Santi Vila, ha anunciado tras reunirse con el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, la reclamación al Gobierno del 5% de los documentos restantes del Archivo de Salamanca que a su juicio queda por enviar a la Generalitat.
Es decir, en lugar de mostrar voluntad de cumplir la ley, la Generalitat sigue acumulando su lista de desafíos al Estado exigiendo que se les envíen más documentos cuando ya tiene en su haber más de 400.000 que no le corresponden. Además en este caso le piden al Gobierno de la nación que incumpla las leyes y las resoluciones judiciales.
Por eso Vila incluso ha señalado que ha tratado con el ministro la posibilidad de realizar los ajustes legislativos «necesarios» para que la cuestión del Archivo salmantino «pueda salir adelante y acabe bien».
