
Carmena sigue haciendo de las suyas y pese a su pasado como juez no tiene en problemas en presentar en el Ayuntamiento propuestas que chocan frontalmente con el sistema judicial. Es el caso del plan que Ahora Madrid va a presentar en el pleno de este martes y que prevé la creación de una “policía comunitaria” y de un “jurado vecinal” paralelos a las instituciones ya existentes.
Por si fuera poco, el plan de la alcaldesa de Madrid también incluye la figura del “gestor de barrio” que será nombrado por el propio Ayuntamiento y del que dependerán los agentes municipales.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraSegún informa El País, este proyecto comenzará a llevarse a cabo en el barrio de Lavapiés, precisamente una zona con gran presencia de votantes de Podemos y su marca blanca Ahora Madrid.
El conflicto está asegurado puesto que con esta estructura paralela se rompe con la normativa actual según la cual la seguridad en la ciudad depende de la Policía Municipal y Nacional y los servicios sociales son competencia repartida entre Ayuntamiento y Comunidad.
Con respecto al llamado “jurado vecinal” Carmena afirma que con él tanto los infractores como los vecinos “tienen la oportunidad de encontrarse con el entorno social donde se cometió la infracción, reconocer su culpa y acordar conjuntamente vías para restaurar el daño hecho a la comunidad”. Mientras tanto, “la comunidad” colaborará para “definir una medida adecuada de reparación del daño hecho”, es decir, la condena. Tendrá que ser un «juez ordinario» finalmente, según los tiempos de la Justicia, el que ratifique la decisión de esta especia de jurado.
El PP se opone: “No podemos estar de acuerdo con un sistema donde se termina entregando el poder a unas instituciones que no tienen ningún soporte legal”
Ante esta ocurrencia el Partido Popular aún no sale de su asombro. El portavoz del PP, Iñigo Henríquez de Luna, afirma que “no podemos estar de acuerdo con un sistema donde se termina entregando el poder a unas instituciones que no tienen ningún soporte legal”.
El ‘popular’ agrega que esta iniciativa tiene tintes chavistas y recuerda a los “modelos participativos de Venezuela”. Por ello, reclama a Carmena y al concejal de Seguridad, Javier Barbero, que “la Policía tiene que cumplir una función y no es sólo la de mediación. También tiene que ser reactiva y luchar contra el delito”.
Otra de las figuras polémicas que pretende crear Manuela Carmena es la del “gestor de barrio” que será el máximo responsable del organigrama que definirá la política de seguridad de Madrid. Y por muy ciudadano que pretenden que sea este cargo será elegido a dedo por el Ayuntamiento.
Así define el Consistorio este cargo: es “un community manager del barrio que dinamiza la participación ciudadana, la convivencia y la colaboración entre servicios”. Además, “conoce a fondo el barrio y es conocido por el barrio. Es quien impulsa y fortalece la gobernanza sobre el terreno, incluyendo todos los recursos formales (policía, servicios sociales, limpieza) e informales” para dar solución a “problemas multifacéticos”.
El gestor de barrio controlará los «círculos de custodia»
Bajo el control del gestor de barrio estarán los “círculos de custodia ciudadana”, la “red comunitaria pública y privada” y el “consejo ciudadano”.
Los “círculos de custodia” quitarán a la Policía Municipal parte de sus competencias y se encargarán, así lo define el Ayuntamiento, de “cuidar y mejorar la calidad del lugar, reduciendo las infracciones por arrojo de suciedad y por ruido”.
El Ayuntamiento de Madrid justifica la creación de esta «policía comunitaria» alegando que varios colectivos vecinales sienten «animadversión» a la presencia policial
Habrá 121 gestores, uno por cada barrio de la capital, y de ellos dependerá la “policía comunitaria” y según El País las futuras unidades de intervención de crisis y de emergencias dependerán de estos “agentes” ciudadanos.
Barberó dijo que esta “policía” comenzará a funcionar en Lavapiés a finales de año y supondrá un nuevo “sistema de patrullaje y de relación con los vecinos”. Serán de momento ocho agentes los que patrullarán a pie y en bicicleta. El Ayuntamiento justifica esta medida alegando que las “fuertes fracturas” de los vecinos con la Policía. “Varios colectivos mostraron una clara animadversión a la presencia policial”, asegura el consistorio.
Otro órgano de este plan es el “Servicio Comunitario de Seguridad y Justicia” en el que se tratará a “vecinos, víctimas e infractores desde enfoques psicosociales preventivos, usando técnicas de mediación, atención psicosocial e intervención social comunitaria sobre el terreno”.