La guerra de Susana Díaz contra los colegios concertados que ofrecen educación diferenciada no cesa. El viernes pasado la Junta de Andalucía hizo público que no renovará el concierto para el próximo curso a los ocho centros educativos andaluces -cinco de Sevilla y tres de Córdoba- que reúnen estas características.
Uno de ellos es el colegio Altair de Sevilla, que ha emitido un duro comunicado contra la consejería de Educación andaluza, a la que acusa de mentir. «Nos sentimos engañados por la consejería, ya que en repetidas ocasiones han manifestado que su intención era no quitar ningún concierto».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEn este comunicado, el colegio hispalense arremete contra las incoherencias de la Junta de Andalucía, que primero dijo una cosa y luego hizo otra. «Nuestra decepción se une a la sorpresa, ya que la resolución dada por la Comisión Provincial de conciertos decía una cosa y en cambio ahora, a escondidas, atacan a todos los centros de educación diferenciada, por lo que se deduce que esta acción la tenían ya pensada, puesto que la consejera de Educación y la propia presidenta de la Junta habían dicho en varias ocasiones que quien quiera educación diferenciada se la pague».
Las familias llevaban razón
El colegio Altair no sólo se defiende, sino que entiende que la ley está de su parte y no respaldaría el fin del concierto autonómico. «La actual Ley de Educación nos ampara, pues dice que la administración no puede discriminar a las familias, alumnos y los centros de educación diferenciada a la hora de dar los conciertos y pedimos que la administración no discrimine a estas familias y respete la ley y las sentencias favorables del TSJA que ya han resuelto a favor de estas familias y dejen la ideología aparte».
El colegio sevillano incluso va más allá y sugiere que Susana Díaz y su gobierno regional podrían estar cometiendo un delito de prevaricación: «En un estado democrático de derecho como es el nuestro, los tres poderes deben dar ejemplo de respeto a los otros. Por eso, si tanto el poder legislativo, a través de la LOMCE, ley orgánica, y el poder judicial, con sus sentencias sobre esta ley, han dado la razón a las familias que están en los centros de educación diferenciada, es exigible que el poder ejecutivo respete lo que está previsto en las sentencias judiciales y en la literalidad de la ley, porque de lo contrario, al seguir por este camino, podrían estar incurriendo en prevaricación».
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