Manuel Romeral pasó, en apenas unos meses, de denunciar que su hijo estaba recibiendo malos tratos a ser denunciado como autor de los mismos por parte de su ex mujer y su familia, apoyados en la Ley contra la Violencia de Género.
Después siguió un calvario personal, familiar y judicial que ha terminado en que, sin estar condenado por ningún delito, Manuel Romeral se ha quedado sin poder ver a su hijo y sin patria potestad.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraSe trata de uno de tantos casos en los que la Ley de Violencia de Género y toda la maquinaria circundante, fundamentalmente vinculada al PSOE, pone contra las cuerdas, tanto en lo personal como en lo jurídico, a un miles de hombres en España desde hace más de 10 años.
No en vano, el 87% de las denuncias presentadas de acuerdo al texto de esta ley, no acaba en una condena, aunque sus efectos inmediatos por la mera interposición de la denuncia sí se hacen notar: detenciones, prisión provisional, escarnio social, medidas cautelares, alejamiento de los hijos, etc.
Romeral considera que en su caso hay tal acumulación de arbitrariedades judiciales, que la única opción posible era querellarse contra las cuatro magistradas que han ocupado los juzgados 1, 2 y 3 de Primera Instancia en Pozuelo de Alarcón, encargadas de juzgar su caso.
Las querellas señalan la posible comisión de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación, impedimento en el ejercicio de los derechos cívicos, amenazas y coacciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid está investigando los procedimientos de las magistradas querelladas
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una providencia a finales del pasado mes de junio con la que daba comienzo a una investigación previa a la admisión a trámite de las querellas, en las que reclamaba los testimonios íntegros de todas las actuaciones objeto de querella.
Así las cosas, Manuel comenzó con el reparto de unas octavillas a las puertas de los juzgados de Pozuelo de Alarcón, para recabar testimonios de otras personas que se consideren víctimas de irregularidades de estas magistradas.
«Los juzgados 1, 2 y 3 de Pozuelo investigados: si usted cree que en su caso hubo algo alguna irregularidad: ESCRÍBANOS» reza el afiche distribuido en las últimas semanas.
Lógicamente, esto causó revuelo entre los trabajadores de los juzgados y las propias magistradas querelladas. Según explica Romeral a Actuall, incluso trataron de involucrar a los dueños del edificio donde se encuentran los juzgados para intentar amedrentarle.
Traslado a Majadahonda
Una de las cuatro magistradas querelladas, antigua decana de Pozuelo, se reincorporó recientemente a los juzgados de Majadahonda después de una excedencia por maternidad. Al enterarse Manuel, decidió elaborar una nueva octavilla y repartirla a las puertas del juzgado número 7.
En primera instancia, la Guardia Civil, alertada por la magistrada, comenzó a identificar a Manuel todos los días que se acercaba a Majadahonda. La presión era tal, que Romeral decidió ir a la Comandacia de la Benemérita para denunciar esta situación incitada por la juez y a hablar con el teniente responsable.
«Tras protestar por el acoso al que estaba siendo sometido me ofrecí para pasar por la Comandancia a realizar una identificación voluntaria para que no se tuviera que desplazar la patrulla», detalla a Actuall.
La respuesta de la jueza fue la presentación de otra denuncia ante la Guardia Civil el pasado 1 de julio por «acoso, coacciones, calumnias, injurias y falta de respeto«, por la que Manuel ha sido llamado a declarar este jueves.
