El consejero socialista de Educación, Martí March, ha asegurado este jueves durante una comisión parlamentaria que desde su departamento descartan sancionar a la profesora del IES Josep Maria Llompart por calificar con un nueve un vídeo blasfemo que, según censuraron desde el PP, insulta a los católicos y ridiculiza al colectivo homosexual.
En este contexto también se manifestó tras conocerse los hechos el Instituto de Política Familiar de Baleares, que denunció el pasado mes de enero ante la Oficina de Derechos del Menor el suceso y que a día de hoy no ha recibido respuesta, según ha podido saber Actuall.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
Suscríbete a Actuall y así no caerás nunca en la tentación.
Suscríbete ahora
De este modo el presidente del Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB), Agustín Buades, ha pedido la dimisión inmediata de March. “Habiendo un presunto delito de odio tipificado en el Código Penal, dentro del art.525, la consejería de Educación solo se ha dedicado a hablar con la profesora y decirle que además de los aspectos técnicos mire también los contenidos. Lo cual nos parece una burla”, ha explicado Buades a este diario.
Durante la Comisión de Cultura, Educación y Deportes, March señaló que “personalmente” no le gustaba el vídeo y que entendía que hubiera “sectores que se sientan atacados”, pero “no va a llevar a cabo una caza de brujas” en el instituto, ya que considera que “con su bachillerato artístico” llevan a cabo “una buena tarea”.
March: «La trayectoria de la profesora es correcta, no se puede juzgar solo por un hecho, 20 años de trabajo»
En cuanto a la petición del PP para apartar de la docencia a la profesora, March ha sentenciado que su “trayectoria es correcta”, a lo que ha añadido que “aunque hubiera sido un error gravísimo, no se puede juzgar solo por un hecho concreto, 20 años de trayectoria”.
Tras lo acontecido este jueves, el IPFB está a la espera de que se transcriba en el boletín oficial del parlamento lo dicho por el consejero de Educación, para así poder llevar sus palabras ante la Fiscalía.
Esta organización cívica, que estuvo presente en la comisión de Educación del Parlamento, al conocer la resolución de March aseveró que el “conseller se ha hecho cómplice de un presunto delito y ha hecho un flaco favor a la escuela pública”.
“March, como autoridad administrativa, no puede ponerse de perfil ante un presunto delito de odio religioso, permitiendo que este hecho quede impune”, señaló.
Un insulto a los católicos sin consecuencias
Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Antoni Camps, ha subrayado que el vídeo supone una ataque contra “la religión católica” que “podría constituir un delito” y que dirían lo mismo si el ataque se hubiera perpetrado “contra el budismo”.
“No se puede permitir que en un colegio público pasen estas cosas ya que supone una mancha negra”, sostuvo el popular para después preguntar: “¿Si esto queda impune, que más puede pasar “.
PP: «El conseller más moderado ha demostrado el mismo nivel de radicalización»
Asimismo, Camps ha añadido que March le ha “defraudado” porque a pesar de que lo consideraba “el conseller más moderado” ha demostrado “el mismo nivel de radicalización”.
“El vídeo supone una carta de naturaleza para que se insulte a los católicos sin consecuencias que le hace usted cómplice de un presunto delito”, ha asegurado el representante del PP. Además, “le ha hecho un mal favor a la democracia y a la escuela pública”, ha agregado.
El consejero le contestó que no comparte su punto de vista y que su discurso le parece “lamentable”. “A pesar de que diga que está a favor de la escuela pública -dijo March-, parece que esté en contra con su discurso incendiario y sus formas apocalípticas”, concluyó.
Desde la plataforma en defensa de la libertad religiosa MasLibres.org, ya se han recogido más de 48.000 firmas para pedir al consejero de Educación socialista que ponga fin al odio antirreligioso en las aulas.
