El gobernador de Mississipi, Phil Bryant, ha firmado una ley que permite a los propietarios de comercios y a los funcionarios públicos no atender a las parejas gays y lesbianas basado en sus creencias religiosas, lo que ha desencadenado las críticas y la furia del lobby LGTB.
Bryant ha explicado en un comunicado que ha firmado esta ley para “proteger las creencias religiosas y las convicciones morales de individuos, organizaciones y asociaciones privadas de acciones discriminatorias por parte del gobierno estatal o sus dependencias políticas”.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEsta norma, que lleva por nombre Ley de Protección de la Libertad de Conciencia de la Discriminación Gubernamental ha hallado la oposición frontal de los grupos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, así como de negocios locales y del Consejo Económico de Mississipi.
La ley protegerá la objeción religiosa
La ley impide que el gobierno estatal sancione a cualquier iglesia, organización o empresa que se niegue a ofrecer sus servicios a personas si ello supone una violación de sus creencias religiosas como que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y que los conceptos “hombre” y “mujer” son inmutables.
El lobby gay, a través de la plataforma Freedom for All Americans ha calificado la norma como “la peor pieza de legislación anti-LGBT de toda la nación”. Sin embargo, Bryant ha reiterado en un comunicado los motivos que le han llevado a firmar esta ley.
«Esta ley refuerza los derechos fundamentales en el ejercicio de la libertad religiosa», ha afirmado Phil Bryant
“Lo firmo para proteger las creencias religiosas y convicciones morales de los individuos, organizaciones y asociaciones privadas”, ha dicho el gobernador. «Esta ley solamente refuerza los derechos que actualmente existen en el ejercicio de la libertad religiosa que está escrita en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.
Esta enmienda establece que «el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios».
Esta ley ha nacido fruto de la preocupación de diversos políticos y ciudadanos de los EE UU por defender sus libertades morales y religiosas. De esta manera, nadie se vería obligado, por ley, a realizar ninguna acción que sea contraria a sus principios o de su religión.
Monjas obligadas a hacer abortos
Las Hermanitas Pobres estuvieron cerca de ser sancionadas con multas de 4’5 millones por negarse a acatar la doctrina abortiva de la administración Obama y no repartir en sus centros píldoras abortivas; anticonceptivos; etc. Se acogieron a su libertad religiosa y estuvo a punto de costarles muy caro.
Otro caso similar es del Hospital Trinity Health Corporation, al que el gremio abortista quiere obligar a realizar abortos aunque vaya en contra de las creencias del personal médico y de los valores fundacionales de la institución.
Por su parte, la funcionaria Kim Davis se negó a oficiar uniones homosexuales y a firmarlas. En su lugar propuso que las licencias matrimoniales se expedieran en su oficina sin su firma. Sin embargo, el colectivo LGBT quiso imponer y obligar a que firmase las licencias pese a ir contra sus principios. Finalmente, un juez desestimó la denuncia y no se le obligará a actuar contra su propia integridad moral.
En España, el Ayuntamiento de Madrid sancionó con 12.000 euros de multa al restaurante La Favorita por negarse a acoger el banquete de bodas de una pareja homosexual. El restaurante pertenece a la Fundacion Operística de Navarra, de origen cristiano, y admite clientes homosexuales sin ningún tipo de problemas, pero cuando tuvieron que organizar ellos una boda homosexual se negaron educadamente al no coincidir con los principios del restaurante.
En Alemania, el matrimonio Martens acabó en prisión por negarse a pagar la multa que impone el estado cuando un nino falta a clase. El problema radicaba en que sus hijos se saltaron la clase de educación sexual, en la que decían que cada cual podía elegir libremente su sexo o comportamiento sexual. Los padres reclamaron su libertad para educar a sus hijos según sus propios valores y se negaron a pagar la multa.
En Belfast, un matrimonio fue condenado por daños y prejuicios cuando un cliente acudió a su pastelería y ellos se rehusaron a poner un eslogan gay en una tarta. Incluso activistas homosexuales apoyaron al matrimonio objetando que no se discriminó la sexualidad del cliente sino el mensaje que pretendía obligar a otros a grabar.
