El Congreso de los Diputados votará este martes si tramita la ley de Eutanasia del PSOE, después de aceptar la tramitar una propuesta del Parlamento de Cataluña para reformar el Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio.
Para Carlos Álvarez, portavoz del grupo interdisciplinar de expertos Vida Digna especializado en conflictos al final de la vida “legalizar la eutanasia supondrá la erosión del Sistema Público de Salud del que estamos tan orgullosos en España. Además, generará la lógica desconfianza de los pacientes hacia los profesionales sanitarios que, en lugar de curar, podrán optar legalmente por matar, aunque sea en ocasiones, causando un daño irreparable a la sociedad”.
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Suscríbete ahoraCon estas palabras, el portavoz de Vida Digna se refiere a la proposición de ley del PSOE que pretende incluir la eutanasia como una prestación más en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sería el propio paciente, según sus “valores vitales”, con una discapacidad “grave”, un sufrimiento físico y psíquico “intolerable, insoportable e irreversible”, una “altísima” dependencia a otras personas y con un diagnóstico realizado por un profesional sanitario, quien deberá pedir la eutanasia.
Carlos Álvarez: «Hay es un clamor silenciado para mejorar la situación de las personas dependientes y universalizar los cuidados paliativos»
Álvarez explica que «no existe ese ‘elevado consenso social’ que esgrime el Gobierno para legalizar la eutanasia. Lo que hay es un clamor silenciado para mejorar la situación de las personas dependientes y universalizar los cuidados paliativos. En este momento, en España sólo el 50% de los enfermos terminales tiene acceso directo a los cuidados paliativos»
A su juicio, los grupos políticos basan ese supuesto ‘consenso social’ en una encuesta del CIS que plantea sesgadamente la muerte como alternativa al sufrimiento. «Esa alternativa es falsa», subrayan desde Vida Digna ya que en nuestro sistema normativo no es necesario morir sufriendo. Desde Vida Digna también se critica que se interpreta ese dato como que 8 de cada 10 ciudadanos quieren tener una muerte digna, «dando a entender que 2 ciudadanos de cada 10 no quieren morir dignamente. Hay un claro sesgo de diseño de la encuesta”.
Álvarez afirma que “los socialistas desean regular un derecho constitucional. Sin embargo, olvidan que no existe ningún derecho constitucional a morir”.
“En su propuesta”, añade el portavoz de Vida Digna “pretenden que personas con una enfermedad incurable y con un sufrimiento ‘insoportable’ puedan ‘elegir’ entre el derecho a la vida o la muerte. Es inadmisible que, en un país moderno y civilizado, se ofrezca la muerte como alternativa al sufrimiento. Existen los cuidados paliativos, que posibilitan tratar el dolor total, es decir no sólo el dolor físico sino también el sufrimiento y el dolor emocional».
La objeción de conciencia médica «no ha servido para proteger a los enfermos terminales que no deseaban la eutanasia”
“Resulta vergonzoso que el PSOE, en lugar de ofrecer calidad de vida a personas con dependencia o enfermos terminales, desee ofrecerles la muerte como derecho constitucional y única salida”, explica Álvarez.
Y concreta: “No tenemos más remedio, como parte de nuestro deber profesional, que denunciar que, en países como Holanda y Bélgica, en los que se ha aprobado la eutanasia, ésta se legalizó inicialmente para supuestos como los que plantea el PSOE y ha acabado por ser una práctica habitual. Y se ha llegado a extremos como la eutanasia para personas con ‘cansancio de vivir’ o para niños”.
Sobre la objeción de conciencia de médicos y personal sanitario, el portavoz de Vida Digna cree que “es imprescindible pero no ha servido para proteger a los enfermos terminales que no deseaban la eutanasia”. Y menciona el estudio del Instituto Kennedy de Bioética que afirma que el 52,7% de los mayores de 80 años que recibieron la eutanasia en la región belga de Flandes no la deseaban.
“No necesitamos que se ayude a las personas a morir sino a cuidarlas y aliviar su dolor. Eso es lo que reclaman la ciudadanía y los profesionales. Es lo que los políticos deben legislar”, concluyen.
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