El lobby abortista entró con peso al Brasil para legalizar el aborto a través de un eventual fallo del Supremo Tribunal Federal. Fundaciones y organizaciones internacionales han destinado por lo menos 18 millones de dólares para legalizar el aborto en Brasil a través del poder judicial.
Un análisis detallado publicado por Estudios Nacionales revela que en los últimos 8 años 16 entidades brasileñas y latinoamericanas proaborto recibieron en conjunto de forma sistemática recursos millonarios del exterior.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraTodas esas organizaciones integran la lista de expositores de la audiencia pública organizada por el Supremo Tribunal Federal (STF) los días 3 y 6 de agosto para discutir la despenalización del aborto en el país.
Entre las financiadoras se encuentra la International Planned Parenthood Federation (IPPF), la mayor red de abortorios privados y de venta de órganos fetales en el mundo, con sede en Londres y la International Women’s Health Coalition (IWHC), cuya vicepresidente desde 2012 es Débora Diniz, una de las más agresivas impulsoras de la agenda abortista y de género en Brasil.
La IWHC tiene una larga historia de intenso activismo en el país sudamericano. Entre 1986 y 1992 ayudó fundó y financió grupos feministas en las principales ciudades brasileñas, en 1992 dio soporte a la creación de la Rede Saúde y al Colectivo Feminista de Sexualidade y Saúde e impulsó el desarrollo de «Católicas pelo Direito de Decidir».
La investigación también presenta los montos millonarios enviados por la Ford Foundation, con sede en New York, la Oak Foundation con oficinas centrales en Ginebra, y la Open Society, la más agresiva financiadora de la agenda ‘progresista’ en el mundo. Tales datos son públicos, forman parte de los reportes financieros de dichas instituciones o de las organizaciones receptoras, pero que rara vez son presentados de forma integrada.
«Pagan estudios polémicos que, por ejemplo, presentan números completamente improbables sobre la estimativa de abortos clandestinos en el país»
De hecho, la cifra de 18 millones es conservadora, pues no considera el total de los recursos extranjeros que reciben todas las entidades brasileñas que promueven el aborto en Brasil; solo contempla a 16 de los 31 expositores locales o latinoamericanos proaborto autorizadas para hablar en la audiencia de la Corte.
Si contemplamos solo a las organizaciones locales de ese pequeño grupo de 16, el informe revela la aplicación directa de 13 millones de dólares. Esas organizaciones son: Anis Bioética e Gênero, Conectas, Curumin, Católicas pelo Direito de Decidir, Gestos – Comunicação e Gênero, Instituto Feminista para a Democracia, Cepia – Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação; Associação Brasileira de Saúde Coletiva y Replocatina.
Así como la Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) y el Centro de Pesquisas em Saúde Reprodutiva da Universidade de Campinas.
Con todo, el total de dinero recibido a nivel global durante los últimos 8 años por las organizaciones internacionales autorizadas a hablar en la audiencia del STF supera los 78 millones de dólares.
Y tome nota: la selección de expositores realizada por la ministra Rosa Weber, relatora del proceso que tramita en el STF, no es nada neutra. A pesar de que públicamente dijo que la lista fue integrada bajo los criterios del pluralismo y la equidad, 70 por ciento de los expositores son proaborto.
«esa gran cantidad de recursos financieros derramados desde el exterior de forma sistemática y creciente atenta contra los artículos 1º y 4º de nuestra Constitución»
En declaraciones a Actuall, Marlon Derosa, autor del informe y editor de Estudios Nacionales, explicó que los datos presentados demuestran de forma contundente que existe un lobby internacional interviniendo directamente en Brasil para que el aborto sea liberado por vía judicial ya que sus esfuerzos en el Congreso Nacional no han prosperado.
«Han orquestado todo un esquema de organizaciones civiles, institutos y hasta centros de investigación en grandes universidades, pagan estudios polémicos que, por ejemplo, presentan números completamente improbables sobre la estimativa de abortos clandestinos en el país», dijo.
Derosa subrayó que «esa gran cantidad de recursos financieros derramados desde el exterior de forma sistemática y creciente atenta contra los artículos 1º y 4º de nuestra Constitución que resguardan nuestra soberanía e independencia nacional, así como nuestra libre determinación, se trata de una injerencia abusiva».
El informe fue dirigido a la ministra Weber el pasado 25 de julio junto con un memorial del Instituto de Defensa de la Vida y de la Família (IDVF), admitido como Amicus Curie de la Corte, que cuestiona la legalidad de la participación de las entidades internacionales y sus financiadas en la audiencia.
El documento completo puede ser leído, en portugués, aquí.
Activismo ideológico de la Corte
El año pasado el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) ingresó en el STF una demanda de incumplimiento de precepto fundamental (ADF 422, por sus siglas en portugués) con el propósito de declarar inconstitucionales los artículos 124 y 126 del Código Penal, que reconocen el aborto como crimen.
Los socialistas alegan que los artículos citados violan la «dignidad humana, la no discriminación, la libertad, la igualdad, la prohibición de la tortura, el tratamiento degradante y la salud».
Arguyen que los dos dispositivos agreden la «planificación familiar», así como los supuestos «derechos sexuales y reproductivos» de la mujer. Y, aunque usted no lo crea, también aseguran que la penalización del aborto afronta la «inviolabilidad de la vida».
La sigla desea que el STF torne inaplicables esos artículos en el caso del aborto voluntario durante las primeras 12 semanas del embarazo, de forma libre y total, «sin necesidad de cualquier permiso especifico por parte del Estado». En el país el aborto no es castigado en caso de violación, diagnóstico de anencefalia en bebés en gestación y peligro de muerte para la madre.
El artículo 2 del Código Civil de 2002 garantiza, desde la concepción, los derechos del nasciturus
La estrategia era la misma con la que se permitió -a través de un fallo de la Corte – el aborto de los llamados bebés «sin cerebro» en 2012, porque el Congreso Nacional ha discutido y rechazado todas las tentativas de ampliar los casos de despenalización o de establecer una ley de plazos.
En 2012, la ya citada Débora Diniz, presidente de Anis Bioética e Gênero e vicepresidente de la IWHC fue una de las promotoras del caso, y ahora dio asesoría técnica al PSOL.
La ministra Rosa Weber acogió la acción sin existir realmente una controversia al respecto, pues la Carta Magna garantiza el derecho a la vida, y así abrió las puertas a la legalización del aborto via poder judicial.
La intervención de la Corte en este tema es considerado por diversos sectores como una muestra del activismo ideológico que, en la última década, ha tomado cuenta del Poder Judicial en la región.
En respuesta al pedido de informaciones solicitado por la Corte a otros órganos de Estado, la Presidencia de la República subrayó que hay un «desacuerdo moral razonable sobre esta cuestión» en la sociedad brasileña y consideró que el espacio adecuado para discutir y decidir sobre la despenalización o no del aborto es el poder Legislativo.
El Senado Federal aclaró que, aunque los artículos cuestionados no fueron objeto de la reforma del Código Penal realizada en 1984, es importante apuntar que el artículo 2 del Código Civil de 2002 garantiza, desde la concepción, los derechos del nasciturus; e informa que en el Parlamento se desarrollan ya discusiones sobre el tema.
La Cámara de los Diputados, de forma más enfática, defendió que una eventual modificación a las leyes sobre la materia debe acontecer en el Poder Legislativo y no por intermedio del Poder Judicial.
Subrayó que la iniciativa legislativa que proponía lo mismo que ahora el PSOL pide al Tribual, la liberalización total del aborto durante los primeros 90 días, fue dictaminado en noviembre del año pasado como «inconstitucional e inoportuna».
Los parlamentarios informaron a la Corte que, además, están en proceso de tramitación diversos proyectos de ley en torno de esa materia, algunos buscan la aprobación del aborto y otros la más amplia protección a la vida desde el momento de la concepción.
Por su parte la Abogacía General de la Unión (AGU), defendió la validad constitucional de los dos artículos contestados y cuestionó que pueda inferirse de la Carta Magna que exista un «derecho al aborto» tal como afirma el PSOL.
A partir del termino de la audiencia publica convocada por el STF, el pasado 6 de agosto, deberán pasar, por los menos 20 días para que la ministra presente un su voto para la consideración del pleno de la Corte, cuyos integrantes son mayoritariamente favorables al aborto.