El senador de Compromís, Carles Multel, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que se pronuncie en cuanto a la participación de los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en procesiones. Una pregunta que ya hizo al ejecutivo de Rajoy.
De hecho, la respuesta que obtuvo en su momento dictaba la presencia de las Fuerzas Armadas en actos religiosos por la “tradicional participación castrense conforme a la normativa vigente materializada en el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares, y en la Orden Ministerial 100/1994, de 14 de octubre, por la que se regulan los actos religiosos en ceremonias militares”, según señalan desde el digital Periodic.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Se apuntaba, además, que “respecto al ejercicio del derecho a la libertad religiosa, los miembros de las Fuerzas Armadas participan en este tipo de actos con carácter voluntario, y ante los símbolos religiosos guardan el debido respeto conforme a la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa”.
Para Multel, «tanto militares, como policía o guardias civiles son funcionarios estatales y la imparcialidad debe de ser el eje fundamental de sus actuaciones«. E insiste: «La Constitución se evoca cuando conviene, pero parece ser que se olvida que la aconfesionalidad del Estado es un precepto constitucional clave para garantizar la democracia».
El senador de Compromís tacha a los populares de tener un pensamiento conservador. “El Partido Popular ya señaló que mantendría los mismos criterios de participación en aquellos actos o celebraciones de carácter religioso con tradicional participación castrense, algo que no nos extrañó por su corte conservador y anclado en un pensamiento de dictadura militar. Ahora el ejecutivo de Sánchez tiene la oportunidad de cambiar los criterios y prohibir la presencia de militares, policías o guardias civiles en estos actos», señala Mulet.
Y concluye:“Los servidores públicos tenemos como premisa la de velar por el cumplimiento de las leyes, pero también de aplicarlas y ser coherentes con los principios constitucionales».
