Octavio José Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha declarado que el actual modelo de pensiones “sólo tiene arreglo para los próximos diez años”. Y si sus palabras no resultan del todo claras, las precisa diciendo que transcurrida una década habrá que “buscar un nuevo arreglo”. Lo ha dicho durante la presentación de una autopsia titulada Las pensiones en España, realizada por el Consejo General de Economistas.
¿Qué pasa dentro de diez años? Que empezará a jubilarse la generación del baby boom, que así se llama porque es un ensanchamiento en la pirámide de la población, una generación nutrida, poblada, que deja de contribuir al sistema y pasa a esperar de él lo que nos han prometido los políticos. Además, cada década damos unos pasos en la carrera por la longevidad, de modo que estaremos más tiempo esperando cada mes el pago de nuestras pensiones. Por otro lado, aunque la grave crisis económica que comenzó hace once años deprimió nuestros sueldos y con ello la base sobre la que exigir mayores pensiones, en general los trabajadores han mejorado su sueldo en las décadas previas a la jubilación, y eso hace que cada año la pensión media sea mayor. En resumen: seremos más personas cobrando durante más tiempo pensiones mayores.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEse peso crece como una bola de nieve sobre una ladera infinita. Y recae sobre una población que está dejando de tener hijos, que languidece con inexorable cadencia. Sube el numerador, baja el denominador y el quebrado arroja una aportación al sistema creciente por cada trabajador. El sistema de pensiones nos obliga a hacer aportaciones crecientes, sólo para mantenerse.
«Siempre hay políticos simpáticos como Pedro Sánchez, dispuestos a subir las pensiones, ahora sí por decreto o como haga falta. Ellos ganan votos a costa de la salud de las futuras pensiones»
Por eso se habla de hacer “reformas” de las pensiones. Cada “reforma” pasa por hacer una de estas dos cosas: 1) reducir las pensiones futuras, 2) aumentar las contribuciones al mismo. Sobre el primer punto, qué duda cabe que los que están cobrando del sistema o esperan hacerlo en un futuro próximo, se quejan. Y que son personas, muchas, con el pleno derecho al ejercicio del voto. De modo que los políticos no quieren que se les rompa el juguete, pero tampoco quieren quitárselo a los niños, porque se quejan. Así que, en lugar de rebajar las pensiones por decreto, idean nuevas e ingeniosas normas que poco a poco reducen su cantidad. Como vincular la revalorización al crecimiento económico, o ampliar el cálculo a toda la vida laboral.
De este modo, se esconden tras la norma diciendo que ellos sólo cumplen la ley. Pero siempre hay políticos simpáticos como Pedro Sánchez, dispuestos a subir las pensiones, ahora sí por decreto o como haga falta. Ellos ganan votos a costa de la salud de las futuras pensiones. Por eso, porque de los políticos no puede uno fiarse, Guillem López-Casanova, durante la presentación del análisis del cadáver de nuestras pensiones, dijo que “la magnitud del problema es tan grande, que dejarlo al debate del Pacto de Toledo es muy atrevido”, ya que “por la inoperancia mostrada hasta el presente, que hace desconfiar de que sus señorías vayan a resolver el problema”.
«El rejón más grave vendrá de eliminar el carácter de ‘derecho’ de las pensiones públicas. Hay ya varios elementos que apuntan a ello, y creo que es un camino que, una vez emprendido, no tendrá vuelta atrás»
Luego está el otro expediente: el de aumentar la contribución de los trabajadores. Ya no se pueden pagar más cotizaciones. Son un impuesto sobre el trabajo, desincentivan su creación, y roban al empleado ya casi un tercio de lo que genera. De modo que esa vía está muerta.
Queda otra, entre la primera y la segunda: retrasar la edad de jubilación. Alarga el tiempo que estamos contribuyendo al sistema, y reduce el tiempo que cobramos del mismo. Pues no se hable más. Los del baby boom se acabarán jubilando a los 70 años.
Es la lógica del sistema de reparto. Un trabajador paga toda la vida las pensiones que se cobran en ese momento y a cambio sólo tiene una deuda, que se pagará con las contribuciones de los futuros empleados. Pero como los que pasan a cobrar son cada vez más y los que pagan menos, el sistema colapsa. En lugar de hacerlo de golpe, lo hace año a año, pero el resultado es igual. Es una deuda moral, que está a cargo de una clase tan inmoral como los políticos, y para la que no hay un respaldo económico.
Pero retrasar la edad de jubilación no es el principal rejón a nuestras futuras pensiones. El más grave vendrá de eliminar el carácter de “derecho” de las pensiones públicas. Hay ya varios elementos que apuntan a ello, y creo que es un camino que, una vez emprendido, no tendrá vuelta atrás.
«Las pensiones dejarán de ser un derecho que pertenece a la persona en función de lo que ha contribuído, a ser una ayuda sólo en la medida en que lo necesita»
La última muestra, sutil pero inequívoca, la ha dado el gobierno de Pedro Sánchez. Se está planteando eliminar el límite máximo de cotización. La lógica de ese máximo es que al jubilado no se le paga simplemente una proporción de lo que ha contribuído, sino que hay unas pensiones máximas. Y si lo que te paga tiene un máximo, lo que te quita también lo tendrá. Pero es una lógica que está vinculada al concepto de derecho: tanto pagas, tanto recibes. Sánchez rompe esa lógica.
El principal ataque al concepto de derecho vinculado a la pensión pública es anterior. Es cuando se le quitó la pensión a los escritores por seguir cobrando los derechos de sus obras. El voraz e insaciable Estado dice que están cobrando por trabajar, y que por tanto no tienen derecho a pensión. Lo que ocurre, en realidad, es que han creado un bien de capital, su obra, capaz de generar ingresos duraderos. Y el hecho de que lo que hayan aportado sea trabajo no implica que no sea capital y que, en consecuencia, no haya de tener la misma consideración que unas acciones o, por ejemplo, una casa de la que se extrae una renta.
Pero por esa grieta se cuela la desaparición del concepto de derecho. La idea era que el trabajador adquiere un derecho, una deuda vinculada a su contribución. Y su cobro no está condicionado a otra circunstancia que no sea su aportación al sistema, y en proporción a la misma (años cotizados, base de cotización…). Ahora, si tiene otros ingresos se retira ese derecho. Y como, en realidad, no hay diferencia económica entre un libro y otro bien de capital, ese nuevo concepto de las pensiones se extenderá a todo aquél que tenga otros ingresos. Y las pensiones dejarán de ser un derecho que pertenece a la persona en función de lo que ha contribuído, a ser una ayuda sólo en la medida en que lo necesita.
Podemos puede hacer un papel muy importante en este cambio. Yo creo que lo hará, en cuanto comience a «denunciar» que «los ricos cobran pensiones muy altas» mientras que «los pobres se tienen que confirmar con pensiones miserables». Al tiempo.
Menos mal que nos queda el ahorro privado, para no tener que depender de los políticos.