Uruguay tiene desde el pasado 18 de octubre una “Ley Integral para Personas Trans” que establece, entre otras cosas, que menores de edad puedan cambiar su nombre y sexo en los registros públicos y recibir tratamiento hormonal sin autorización de sus padres.
Además determina cuotas para puestos de trabajo en órganos del Estado para quien se identifique como “transgénero”, o sea, hombres que aseguran que son mujeres y mujeres que afirman que son hombres.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraQuien desee someterse a tratamientos hormonales o a operaciones de “reasignación” de sexo tendrán derecho a efectuarlos de forma totalmente gratuita y ágil en los servicios públicos de salud.
A pesar de la polémica que generó la iniciativa legislativa propuesta por el presidente Tabaré Vázquez y su partido, el izquierdista Frente Amplio, y de las implicaciones económicas que conlleva, fue tramitada con prisa, sin cumplir el debido trámite de análisis y debate en comisiones, atropellando el proceso democrático en la Cámara de Representantes de Uruguay.
Precisamente porque la aplanadora progresista del oficialismo pasó por el Legislativo, ha surgido ahora una iniciativa para hacerle frente. Es la campaña «Todos Somos Iguales», liderada por Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue, que pretende derogar la ley a través de un referéndum.
Iafigliola es precandidato a la presidencia por el Partido Nacional y Dastugue es miembro de la Cámara de Representantes por la sigla. Ambos reconocen que las personas que se consideran a sí mismas “trans” deben ser respetadas y apoyadas ante las situaciones de sufrimiento y exclusión que experimentan, pero subrayan que la solución no es una ley que entroniza la ideología de género.
Iafigliola explica, en entrevista para Actuall, porque se han lanzado a una empresa que se antoja imposible en el país que, desde hace décadas, es el principal laboratorio del progresismo político en América Latina
Usted se opone firmemente a la llamada «ley trans» recientemente aprobada por el Legislativo de su país.
Sí, pero no solo yo. Somos muchos los que no concordamos con ella y pretendemos derogarla.
¿Por qué?
Porque nos parece una ley peligrosa e injusta.
¿Peligrosa?
Sí. Es peligrosa para nuestros niños y adolescentes. Permite la homonización y el cambio de sexo de menores de edad. Es un tema muy delicado. Las operaciones son irreversibles y la hormonización a temprana edad puede causar daños permanentes. Eso no puede, ni debe estar permitido con niños o adolescentes, aunque tengan el consentimiento de sus padres.
Cuando se trata de mayores de edad, respetamos la decisión de estas personas. Si alguien quiere llevar a a cabo un cambio de sexo siendo mayor de edad, que lo haga y asuma las consecuencias.
La ley entroniza la ideologia de género; que niega que los seres humanos nazcan hombres o mujeres
¿Con dinero público?
Eso es algo que objetamos en la nueva ley. No entendemos porque a través de esta ley se deben garantizar, gratuitamente, esas operaciones de cambio de sexo. Es dinero público y estamos hablando de intervenciones quirúrgicas de altísimo costo, mas de 400 o 500 mil pesos uruguayos.
¿El gobierno tiene dinero para eso?
Estamos ante una contradicción. El Estado uruguayo no consigue garantizar el financiamiento de las necesidades básicas del sistema de salud, ni la disponibilidad de algunos medicamentos de alto costo u operaciones quirúrgicas, y ahora quieren garantizar de forma ágil y gratuita la “reasignación” de sexo a personas que se autoperciben con un sexo distinto.
¿Por eso la considera injusta?
Claro. Esta ley le va a dar a los ciudadanos que estén contemplados en ella derechos por encima del resto, y no sólo en el ámbito de la salud.
Hasta hace poco éramos iguales todos ante la ley y ahora vamos a tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque quién se defina como “trans” va a tener a su disposición becas estudiantiles, cuotas laborales, acceso a vivienda en condiciones más accesibles que los demás.
Sinceramente, no lo entiendo. No comprendo por qué un criterio subjetivo, la simple autopercepción del propio sexo diferente al que se tiene, pueda dar derechos diferenciados a un grupo de personas en detrimento del resto de la población.
¿Es una distorsión de la equidad?
Efectivamente. En nombre de la equidad se comete una injusticia.
La ley entroniza la ideologia de género; que niega que los seres humanos nazcan hombres o mujeres, y afirma que “ser hombre” o “ser mujer” es fundamentalmente una construcción social y cultural.
El texto de la ley dice explicitamente que al nacer, a nosotros se nos “asigna» convencionalmente un sexo, esto es un verdadero disparate. Todos sabemos que no se nos asigna convencionalmente el sexo sino que tenemos el sexo definido biológicamente.
La ley también coloca como beneficiarios no solo a personas que se identifican como transexuales o travestis sino a los que se puedan autodefinir como “otros”, o sea, no binarios, o cualquier descripción identitaria que se den, excluyendo, evidentemente a los que simplemente se reconocen como hombres o mujeres. Hoy se habla de hasta 120 tipos de género.
Para ser contemplado por la ley ¿la autodeclaración basta?
Sí.
¿Que porcentaje de la población representan los ‘trans’?
Según los datos más recientes del Ministerio de Desarrollo Social, estamos hablando de poco menos de mil personas; 0.02% de la población de Uruguay.
¿Cómo buscarán derogar la ley?
Hemos convocado a salir en todo el país a recoger firmas durante los próximos meses para interponer un recurso que la derrumbe por ser una ley injusta, inconveniente y peligrosa.
¿Qué tipo de recurso?
Un referéndum. El pasado 12 de noviembre instalamos una comisión nacional para este propósito.
¿Cuántas firmas necesitan?
Impulsaremos el mecanismo de recolección del 2% del padrón electoral, es decir, debemos conseguir 57.000 firmas a favor de la derogación, antes del 25 de marzo.
¿Y después?
El siguiente paso sería que la Corte Electoral convoque a una consulta no obligatoria en la que se deberá reunir el 25% de votos a favor de derogar la ley para que, entonces, esa misma instancia convoque una consulta obligatoria en las elecciones nacionales del próximo año.