El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena de 9 años de prisión, por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, impuesta el pasado abril por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra a los cinco miembros de La Manada. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Miguel Ángel Morán, abogado de la víctima de La Manada, ha anunciado que recurrirá la sentencia: «Creemos que está claro que hay un ambiente intimidatorio suficiente para considerar que los hechos son una agresión sexual».
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Suscríbete ahoraEl letrado se ha mostrado «satisfecho» con las fundamentaciones que realizan los dos magistrados que han emitido el voto particular, para mostrarse partidarios de declarar los hechos como una agresión sexual, si bien ha discrepado de la pena que plantean (14 años, tres meses y un día).
Además de su reclamación de que los hechos sean considerados una agresión sexual, el abogado pedirá en el Supremo que el hurto por el que se condena al guardia civil de La Manada (por el robo del móvil) sea considerado un robo con intimidación, porque se desarrolla «todo en el mismo contexto».
Por otro lado, ha valorado que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJN haya establecido que la Audiencia de Navarra dicte una nueva sentencia sobre el delito contra la intimidad por la grabación de los hechos.
Respeto institucional
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, que a su vez es el presidente de la Sala que ha resuelto los recursos sobre la condena a La Manada, ha esperado que «se respete institucionalmente» la nueva decisión judicial, por la que se ratifica la condena a nueve años de cárcel por el delito de abuso sexual con prevalimiento.
«Espero que se respete institucionalmente una resolución judicial, guste o no guste, y recomendaría primero que se la leyeran. Me imagino que ya habrá habido declaraciones y manifestaciones de gente a la que lógicamente no le ha dado tiempo de leerse los más de cien folios que tiene la resolución», ha señalado, en declaraciones a los periodistas.
Galve ha señalado, no obstante, que «es algo que tenemos asumido y más en esta situación de crispación actual en contra de la Administración de Justicia, sea cual sea el sentido de la sentencia sabemos que va a ser objeto de críticas».
Sobre cómo les puede afectar esta situación a los magistrados, ha afirmado que «cuando llevas más de 30 años en una profesión lo vivimos bien y no nos sentimos presionados, no hay problema».
Joaquín Galve es uno de los dos magistrados que ha emitido un voto particular en el que estima que los hechos deberían ser considerados agresión sexual y que los acusados deberían ser condenados a 14 años, tres meses y un día de cárcel.