Se dice que el Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado la campaña electoral con las últimas medidas que ha anunciado; se instituyó en precarias condiciones políticas, sobre el insuficiente apoyo de 84 diputados, escoltados por los que aportan las fuerzas que quieren traspasar la Constitución como quien cruza un muro de papel y desmembrar España. Y ello le ha obligado a hacer de su labor política una campaña electoral constante. Era tal su inseguridad, como si se mantuviese en un equilibrio inestable, en el que un soplo le haría caer, que Pedro Sánchez ha vivido estos ocho meses escasos con la mano en el botón nuclear.
Ese botón era su única baza para huír de las elecciones hacia delante. La coalición entre un PSO que no se cree el “E”, un Podemos en descomposición, los nacionalistas catalanes con sus dirigentes pendientes de su cita con la justicia, o prófugos de ella, y los nacionalistas vascos, tenían que seguir con sus planes de destrucción de la nación, o someterse a que los españoles les diésemos nuestra aquiescencia, o no. ¡Muera yo con todos los filisteos!, era la amenaza de Sánchez a sus socios.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLas contradicciones de la coalición de gobierno ha acabado por abocar a Sánchez a convocar elecciones
Una amenaza sustentada sobre el argumento, poderoso, de que el PP gobierna Andalucía con Ciudadanos y el apoyo de Vox desde fuera, con Santiago Abascal haciendo el papel de Gil Robles en el bienio radical cedista. Si, como dice la ministra de Justicia, la derecha trifálica, suma lo suficiente, adiós a los sueños de acabar con lo que queda de nuestro país.
Finalmente, las contradicciones de la coalición de gobierno ha acabado por abocar a Sánchez a convocar elecciones. Más de medio año de campaña desde el gobierno ha culminado con un conjunto de decretos de gran contenido político y gran coste económico, con el Parlamento disuelto, y la casa que representa la todavía nación soberana, dormitando con la Comisión Permanente.
Varias de esas medidas hacen referencia a la situación de la mujer en España. De las mujeres; o, por ser más precisos, de las que trabajan. En primer lugar, el permiso de paternidad se amplía a ocho semanas este año, 12 en 2020, 16 en 2021. Además de ello, las medianas y grandes empresas tendrán que publicar las tablas salariales, e inscribirlas en un registro público. Y, por último, estas mismas empresas tendrán que elaborar planes de igualdad.
El feminismo empresarial hace la misma función que cumplen la regulación medioambiental y las negociaciones colectivas: servir los intereses de las grandes empresas
Hay varias ideas detrás de estas medidas. La principal, que es la electoralista, es convertir a ciertas personas, perfectamente libres, en rehenes de algo tan importante pero tan circunstancial como es el sexo, y hacer que por su condición de mujeres tengan que votar necesariamente a una opción política. No se trata sólo del canónico proceso de compra de votos de un sector de la sociedad, sino de crear identidades parciales que anulen al individuo y lo encasillen en el voto a un partido.
Por lo que se refiere a la primera medida, la lógica es que hombres y mujeres utilizarán las 16 semanas que tiene cada uno, y se acabará así con la discriminación de éstas por el hecho de ser ellas las que hacen uso de ese derecho. Prestemos atención al hecho de que el hombre es aquí un contrapeso en la balanza del coste para la empresa, y que la medida no está pensada para el bien de la familia. Si fuera así, cada familia decidiría lo que más le conviene con las semanas que decrete el gobierno que haya de permiso.
Pero hay un interés clarísimo detrás de todo este movimiento, que nunca va estar en el discurso de Carmen Calvo ni de ningún político, que forma parte de las conversaciones que facilitan el entendimiento de políticos e intereses particulares, y para los que la ideología sirve como parapeto y como señuelo.
Todas estas medidas suponen costes adicionales sobre las empresas. Pero estos costes son asumibles para las grandes; las pequeñas y medianas, no. De las pequeñas no hablamos, porque no son rival para las grandes, por eso no las contempla, entre otras razones, el Gobierno. Pero las medianas sí lo son. Y las grandes empresas, las que hablan de tú a tú con los ministros, quieren imponer barreras que les asegure su posición sin la amenaza de la competencia.
Así, el feminismo empresarial hace la misma función que cumplen la regulación medioambiental y las negociaciones colectivas: servir los intereses de las grandes empresas.