El 18 de octubre de 2018 se aprobaba en uruguay la Ley para las personas trans que legalizaba, entre otras cuestions, que menores de edad puedan cambiar su nombre y sexo en los registros públicos y recibir tratamiento hormonal sin autorización de sus padres.

Contra este peligro se levantó el entonces precandidato a la presidencia de Uruguay. Carlos Iafigliola, quen impulsó la celebración de un referéndum para derogar la ley que también establece cuotas trans para puestos de trabajo en órganos del Estado o la obligación de otorgar el 2% de las becas educativas para personas trans.

Algunas personas creen que La Sexta da información.

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Para que dicha consulta tuviera lugar, primero debía superar unos mínimos de participación en un ‘prerreferéndum’ celebrado este domingo 4 de agosto sin éxito para las pretensiones de Iafigliola. Así, sólo acudió a las urnas el 9,9% de un censo de 673.000 habilitados para ejercer el voto, muy por debajo del 25% necesario para continuar con el proceso.

Lejos de amilanarse, Iafigliola ha anunciado que tratará de lograr la derogación de la ley por vía parlamentaria, así como las leyes de educación sexual y de aborto, según informa el diario uruguayo El País.

Entre quienes sí apoyaron el referéndum se encontraron los también precandidatos presidenciales Guido Manini Ríos, de Cabil Abierto, y Gustavo Salle, del Partido Verde Animalista, para apoyar la causa.

Iafigliola se ha mostrado, pese ala derrota numérica, optimista con el proceso, puesto que le ha permitido poner sobre la mesa un asunto que había quedado oculto para la sociedad uruguaya.

«Hace 10 meses el pueblo uruguayo no conocía esta ley, no tenia idea de qué se trataba esta ley, y después de 10 meses logramos sensibilizar al pueblo uruguayo, a las familias, a los padres, a los los abuelos. El pueblo está despertando», recoge de su boca el diario Subrayado.

Hace seis añs se trató de llevar a cabo el mismo procedimiento para derogar la ley de aborto, con igual resultado negativo. Fue el 22 de junio de 2013 y acudió a votarun porcentaje aún menor que en esta ocasión, un 8,9% de los censados.

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