El pasado 1 de abril el Ministerio de Sanidad publicó en el boletín Oficial del Estado una orden por la que se establecía la relación de “centros, servicios y establecimientos sanitarios” que se consideran como “servicios esenciales” y, por tanto, exentos de someterse al parón económico decretado por el Gobierno en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus. Esta medida complementa la situación de estado de alarma impuesto desde el día 14 de marzo.
Entre ellos, figuran los llamados de manera oficial “centros de interrupción voluntaria del embarazo”, que no son sino los establecimientos en los que desarrollan su actividad quienes dedican su actividad profesional a lucrarse con la muerte provocada de seres humanos antes del nacimiento: es la industria del aborto.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraUna industria sumamente lucrativa que el Gobierno pone, en una situación de pandemia con casi mil muertos al día reconocidos en las estadísticas oficiales, al mismo nivel que los hospitales, donde se libra una lucha sin cuartel a vida o muerte contra el coronavirus. Para el Gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez, sobre el papel, es tan “esencial” seguir matando como salvar vidas amenazadas por una epidemia mundial de consecuencias catastróficas.
Materiales de protección gastados en matar, no en salvar vidas
Cada vez que se realiza un aborto quirúrgico se precisa la concurrencia de un médico, un anestesista y una enfermera, además del resto del personal del centro como recepcionistas o celadores. Total, una media de 6 personas incluyendo a la mujer embarazada cuyo hijo va a ser sacrificado antes de nacer.
En el año 2018 se notificó un total de 95.917 abortos, una media 266 al día. Esto supone que, en tiempos de pandemia, cada día se gastarían unos 1.600 equipos de protección que podrían ir destinados al personal que lucha contra el coronavirus y sin embargo se destinan a matar a seres humanos inocentes antes de nacer.
2,5 millones de muertos, 1.200 millones de euros
Los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad desde el año 1985, año en que se despenalizó en tres supuestos el delito de aborto en España, hasta 2018, último publicado, revelan que el negocio de matar seres humanos en pleno desarrollo prenatal se ha caracterizado por ser un negocio tan sangriento como lucrativo.
Entre 1988 y 2018, último año publicado, el aborto en España ha segado la vida de 2.407.557 seres humanos que, mientras se encontraban en algún momento de su existencia prenatal, fueron cortados a pedazos, aspirados, diluidos con soluciones salinas o expulsados con químicos del cuerpo de sus madres.
Haciendo una estimación de un coste aproximado de 500 euros por aborto, la facturación de la industria del aborto en España suma un total de más de 1.200 millones (1.203.778.500 euros).
Dado que la inmensa mayoría de los sanitarios han sido tradicionalmente contrarios a esta práctica prohibida específicamente en el juramento hipocrático (“No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, pesarios abortivos ni sugeriré a nadie cosa semejante”), la mayoría de ellos se han realizado en centros privados.
Sólo en los últimos 10 años registrados y publicados, el porcentaje medio de los abortos realizados en centros extrahospitalarios privados respecto al total alcanza el 83,96%. El porcentaje medio referido a los centros hospitalarios privados en el mismo periodo (2009-2018) asciende al 7,68%.
Sumados, obtenemos que el 91,64% del negocio del aborto recae en manos privadas. Para más inri, desde el año 2010 la llamada Ley Aído consideró el aborto como un derecho, lo hizo “libre” hasta la semana 14 de vida prenatal del embrión y fue incluido en la cartera de servicios sanitarios a cargo del erario público.
De esta manera, el 90% de la facturación del aborto, que sale del presupuesto público, sirve para enriquecer a unos negocios privados a costa de la vida de miles de inocentes.
Abortorios de primera hora
Desde el primer informe oficial sobre aborto publicado en España se detalla la relación provincia a provincia del nombre de los centros públicos o privados que realizan los abortos. En 1988, figuran en la lista los 43 establecimientos situados en 23 provincias desde donde se notificaron abortos.
Esta lista incluye, obviamente, algunos negocios privados de aborto que aún hoy mantienen su actividad como Dator y El Bosque, en Madrid; Tacoronte, en Santa Cruz de Tenerife; Ginetec, en Alicante; Belladona, Buenavista y Sirona, en Asturias; Acuario, en Valencia; o Ginemédica, en Valladolid.
Resultan especialmente llamativos dos casos.
El de Rafael González Bravo, que en este primer informe aparece como “Clínica González Bravo” en Málaga y que ahora opera en la provincia a través de los abortorios Atocha, Spawsky y Sepiolonitato. El negocio de matar seres humanos antes del nacimiento le va bien. Según una investigación realizada por Actuall en 2016, también es dueño de otras nueve empresas entre las que figuran constructoras, inmobiliarias y cafeterías.
El otro caso es el del José Miguel Gurrea. En efecto, en esta primera estadística oficial aparece como “Consultorio Ginecológico Dr. Gurrea” en la provincia de Vizcaya. Hoy Gurrea opera bajo el nombre de “clínica Euskalduna” en Bilbao y es responsable de la única instalación donde se realizan abortos en Navarra, situada en Ansoáin e inaugurada en 2011.
