El gobierno social comunista de nuestra Nación actúa con una rapidez que da vértigo y una gran eficacia en el proceso de destrucción de España. La España, de los derechos y libertades que, aún hoy, tenemos -aunque muchos de tales derechos lo son de carácter más formal que real- se somete a un proceso que además se lleva a cabo en un estado de alarma que parece de duración indefinida más que temporal con la disminución del control parlamentario sobre el gobierno.
En estas líneas tan sólo citaré las cuestiones más relevantes y los desarrollos legislativos y normativos que tenemos encima de la mesa cuyo denominador común es la “deconstrucción”, por la puerta de atrás, de nuestros valores constitucionales y de la integridad, unidad de España, que han permitido años de pacífica convivencia y progreso económico.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraNo ahondaré en ellos por cuanto ustedes pacientes lectores los conocen igual que yo. Mi reseña fundamentalmente tiene el sentido de evidenciar la enorme cantidad de cambios y violaciones de líneas rojas y negras en un mínimo espacio de tiempo, lo que resulta especialmente grave por cuanto una iniciativa tapa a la anterior sin casi haber sido debatida ante la opinión pública, sin poder ser tan siquiera asimilada.
Francamente una enorme indignidad, para echarse a temblar: ETA en la dirección del Estado que quiere aniquilar
Aunque incurriré en algún olvido, me refiero a la pública e intolerable persecución a nuestra monarquía y al reiterado intento de anulación de nuestro buen Rey Felipe; a la modificación -de momento fallida- del sistema de elección de los miembros del CGPJ; a la ley Celaá eliminadora de la educación especial, asfixiadora de la concertada, modificadora de la elección de centro y, sobre todo, imponiendo una doctrina estatal que se salta el derecho constitucional de los padres a la libertad de elegir el modelo y valores educativos que quieren para sus hijos; a la expulsión de la religión como asignatura; a la orden ministerial reguladora de actuaciones “contra la desinformación” (significativamente pilotada de forma principal por los ministerios de interior y defensa); a la proposición de ley sobre la llamada Memoria Histórica Democrática (sobre la que ya me referí en Actuall, Entre el Estado de Derecho y el desecho del Estado, la Unión Europea); a la pretensión de tipificar como delitos de odio a conductas que no lo son, restringiendo, con ello, la libertad de los ciudadanos; a la anunciada elevación del aborto como derecho, aunque materialmente ya existe desde la Ley orgánica 2/2010; a la proposición de ley de eutanasia; a la pretensión de legalizar el cambio de sexo por el mero deseo (es decir, sin cambio alguno); a la promesa de modificación jurídica de nuestro mercado laboral a los abertzales de Bildu; al trato penitenciario a los sediciosos políticos nacionalistas catalanes; a las cesiones y concesiones presupuestarias y de todo tipo a quienes quieren romper España; a la “integración en la dirección del Estado” de Bildu; y, por último, por la pretensión de estos -por nadie cuestionada- de “tumbar definitivamente el régimen” según palabras del parlamentario Arkaitz Rodríguez. Francamente una enorme indignidad, para echarse a temblar: ETA en la dirección del Estado que quiere aniquilar.
Si los políticos no quieren o no pueden imponer una oposición eficaz y una denuncia clara en defensa de nuestro estado de derecho deberá movilizarse la sociedad civil en defensa de nuestra Nación, del idioma común de todos
Llegados a este punto he de reconocer mi enorme preocupación acompañada de unas dosis, poco deseables, de desesperanza. En este contexto en que todo va a una velocidad de vértigo (véase la sobreutilización de proposiciones de ley en vez de proyectos de ley, de tramitación más lenta y compleja), donde casi carecemos de capacidad de asimilar los cambios -lo que, evidentemente, nos perjudica- España navega en dirección al naufragio en los mares, increíbles hasta hace poco impensables, de una república confederal y bolivariana (Iglesias a nadie engañó en esta pretensión, Sánchez -mintiendo- sí lo hizo y sigue haciéndolo).
Lamentablemente no se vislumbra una auténtica y necesaria reacción; más parece una pasiva y resignada asunción de los acontecimientos que me niego a aceptar. Si lo analizamos en términos políticos está claro que la desunión entre el centro y la derecha en nada favorecen una acción conjunta, es un grave obstáculo para reaccionar. En términos sociales mi percepción es la de muchos ciudadanos enfadados, preocupados y desanimados ante una situación de plena orfandad, en la que no saben bien que pueden hacer, en la que creen que nada pueden hacer salvo aceptar lo inevitable.
Todo menos quedarnos parados y sin hacer nada; es decir, debemos reaccionar con contundencia, manifestarnos y movilizarnos democráticamente pero mostrando nuestro total rechazo y radical oposición a la destrucción de nuestros valores y de nuestra Nación
Lo cierto es que esto no puede seguir así. Si los políticos no quieren o no pueden imponer una oposición eficaz y una denuncia clara en defensa de nuestro estado de derecho (aunque confío que tanto el PP como Vox utilicen el instrumento del recurso de inconstitucionalidad ante el TC) deberá movilizarse la sociedad civil en defensa de nuestra Nación, del idioma común de todos nosotros, de la monarquía parlamentaria, de la libertad, de los principios y derechos constitucionales, de la convivencia, de poder luchar por un futuro mejor, superar la pandemia y los gravísimos problemas empresariales, económicos y de empleo a la que nos enfrentamos.
No sé cómo se puede materializar esta iniciativa pero siento la necesidad de decirlo y escribirlo, hay que actuar. Todavía hay tiempo, ciertamente poco, -como el agua que se recoge entre las manos que, rápidamente, se desparrama- actuemos por tanto sin demora. Reivindico la necesidad de una reacción urgente, reacción cívica y, si puede ser, también política. En esta urgente contraofensiva me permito la apelación a los medios de comunicación, cuando menos a los profesionales del periodismo, que compartan nuestra preocupación, actuando con el mayor grado de independencia posible; a las instituciones civiles, asociaciones, organizaciones de carácter sectorial especialmente a las más directamente afectadas -por ejemplo las del ámbito educativo donde como un rayo de luz se producen importantes reacciones como las de la plataforma Más Plurales contra la Ley Celaá-; a instituciones defensoras de la libertad y de los derechos humanos, a los ciudadano liberales y conservadores…
En suma, un llamamiento a reaccionar a todos los que quieren y pueden actuar e impulsar la lucha por la unidad de España y por el régimen democrático que quieren destruir. La reacción siempre podrá tener su expresión en las manifestaciones en calles y ciudades, en concentraciones, protestas y disentimientos, incluso en acciones judiciales o acudiendo en ayuda de organismos internacionales empezando por la propia UE, en pro de nuestro País y nuestra Constitución. Todo menos quedarnos parados y sin hacer nada; es decir, debemos reaccionar con contundencia, manifestarnos y movilizarnos democráticamente pero mostrando nuestro total rechazo y radical oposición a la destrucción de nuestros valores y de nuestra Nación.
