La Comisión Europea ha evitado pronunciarse en profundidad sobre la nueva Ley de educación en España, conocida como Ley Celaá, al señalar que la educación es una competencia exclusiva de cada estado miembro de la Unión Europea.
Ante la denuncia del sector de la concertada, la portavoz de Educación de la Comisión, Sonya Gospodinova, ha recordado que las competencias en educación corresponden a cada estado miembro, que «puede organizar su sistema educativo», por lo que el Gobierno europeo «carece de poderes legales» en esta materia.
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Suscríbete ahoraSon embargo, Bruselas ha subrayado que defiende el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación en línea con sus «creencias y convicciones», pero ha recordado que la Carta Europea de Derechos Fundamentales impone obligaciones a los estados miembros sólo en materia de competencia comunitaria.
Aunque la portavoz ha asegurado que la Comisión sigue «de cerca la situación en España y la intención del Gobierno de reemplazar escuelas concertadas por plazas educativas en escuelas públicas «, ha reiterado que Bruselas «no tiene base para pronunciarse sobre los planes del Ejecutivo».
Sindicatos, asociaciones de familias, empresas y diferentes organizaciones educativas del sector de la concertada registraron este miércoles una carta alertando a Bruselas de que la nueva ley educativa «pone en grave riesgo de vulneración Derechos Fundamentales y Libertades reconocidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».
Según critica el colectivo, la reforma vulnera, en primer lugar, la Libertad de Enseñanza establecida en la Constitución Española al convertir a la enseñanza concertada, a su juicio, en «subsidiaria» de la pública; pone en jaque la Carta Europea de Derechos Libertad al «limitar», en su opinión, «la posibilidad de apertura de nuevos centros con ideario propio y con ello el pluralismo en el sistema educativo»; y limita el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.
