Representantes del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de lso Diputados han presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) «no sólo contra la parte más sectaria de la ley -enseñanza concertada, educación religiosa, educación diferenciada, centros de educación especial…- sino también contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular».
Vox denuncia que «no sólo han dejado de oírse en ambas cámaras legislativas a los colectivos afectados, expertos en materia educativa. Es que ni siquiera se ha solicitado informe a los principales órganos consultivos del Estado, como el Consejo de Estado o el Consejo Escolar. Ausencia de informes preceptivos que evidencia aún más el déficit democrático que concurre en esta Ley de Educación”.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLa formación presidida por Santiago Abascal denuncia que en la tranmitación de la conocida como Ley Celaá “no se ha permitido el diálogo, ni consenso posible alguno, tanto por una voluntad deliberada de exclusión de los agentes autorizados y afectados del mundo de la educación en sus muy diversos campos, como por la inoportunidad del momento de alarma sanitaria acompañada de la suspensión de derechos fundamentales, entre ellos, los de reunión y de manifestación».
«En toda nuestra historia democrática, no existe precedente de estar toda la Nación en estado de alarma, con la restricción de derechos que ello conlleva, y tramitarse hasta su publicación, una norma de contenido tan trascendental para los derechos fundamentales de los españoles”, subrayan desde Vox.
Motivos de inconstitucionalidad alegados por Vox
Respecto de la enseñanza concertada, Vox recurre que la suficiencia de plazas se refiera en exclusiva a las “plazas públicas”, se suprima el criterio de la demanda social en la programación de plazas financiadas con dinero público y se imponga el “incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública».
En relación con la educación especial, Vox señala como contrarios a la Constitución «la Disposición Adicional cuarta, en cuanto impone a las Administraciones educativas que, en el plazo de 10 años, los centros ordinarios han de contar con recursos para atender a todo el alumnado con discapacidad» lo que llevaría a la desaparición de los centros de educación especial y algunas referencias a esta realidad como «segregadora».
Del mismo modo, Vox reclama al Tribunal Constitucionalidad que rechace lo dispuesto en la Ley Celaá referido a la prohibición de los colegios que optan por un modelo de educación diferenciada en las aulas por sexos.
En otro orden de cosas, se reclama como inconstitucionales el arrinconamiento de la asignatura de Religión; la imposición de la ideología de género y la educación afectivo-sexual como «principios de todo el sistema educativo»; y la exclusión del castellano como lengua vehicular.
