La campaña de las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha sido más agresiva y bronca que en anteriores ocasiones. Coinciden la mayoría de los analistas en que Pablo Iglesias (que dejó su despacho de vicepresidente del Gobierno casi de un día para otro) ha sido el factor clave en el crescendo de esa tensión política. Veremos si su partido sale beneficiado por ello, aunque las encuestas indican que Podemos no aumentará significativamente su presencia en la Asamblea de Madrid.
La polarización de la campaña, en principio, debería favorecer a los dos partidos que representan más fielmente las dos ideologías dominantes, que en este caso son Vox y Podemos. Nada de particular tendría la cuestión, si no fuese porque en las dos últimas semanas han ocurrido hechos de una enorme gravedad, hechos que comprometen seriamente las instituciones públicas y el Estado de Derecho, pilares del sistema democrático. Me refiero a la violencia física, con intento de lapidación incluida, que han sufrido los candidatos de Vox y sus seguidores.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLa noticia de que varios individuos que venían realizando tareas de «escolta» para Pablo Iglesias han sido detenidos por haber participado en las agresiones a agentes de la Policía Nacional durante los incidentes ocurridos en el mitin de Vox, el pasado 7 de abril en la llamada «plaza roja» de Vallecas, supone un hecho novedoso, sin precedentes en lo que llevamos de democracia, que introduce dudas muy preocupantes acerca del actual gobierno de Pedro Sánchez.
En concreto, sobre el Ministerio de Interior, cuyo titular, Fernando Grande Marlaska, sigue en la picota desde que cesó (por razones estrictamente personales) al coronel Pérez de los Cobos. Es realmente inaceptable que siga en su puesto Grande Marlaska después de haber llamado «organización criminal» al partido que presumiblemente va a ganar las elecciones en Madrid y que lidera la oposición al Gobierno de Sánchez.
Y es grotesco que después de las detenciones de los «escoltas» de Iglesias no se ofrezcan inmediatamente explicaciones oficiales al respecto, porque es un hecho gravísimo. Igual de grave que ver a la directora general de la Guardia Civil participando en los mítines del PSOE y lanzando advertencias intimidatorias a los partidos de la derecha. Tampoco hay precedentes de algo parecido.
Ya dijimos, con ocasión del nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, después de haber estado al frente del Ministerio de Justicia, que ese tipo de actuaciones lesionan gravemente las instituciones públicas y hacen que los ciudadanos desconfíen (con razón) de los poderes del Estado. Es imposible que trasmita sensación de imparcialidad y de sometimiento al imperio de la ley una militante socialista que acaba de salir de su despacho del Ministerio al servicio de su partido político. Cuando ocurren casos como éste sin que haya consecuencias ni una rectificación, es inevitable que se lesione la credibilidad del sistema.
Lo que se persigue, sin duda, es el intento de ilegalizar Vox, bien por la vía de los tribunales, bien por el aislamiento social
La campaña de las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha puesto en evidencia las miserias de la política en España. Primero, centrando los mítines en una discusión sobre las ideologías dominantes del siglo XX (casi siempre, de una manera superficial y llena de tópicos), el «fascismo» y el «comunismo» frente a «la libertad» del centro liberal-reformista, todo pillado con pinzas y aplicado con brocha gorda.
Y segundo, dejando en un segundo o en un tercer plano los problemas reales de los ciudadanos, no solamente la sanidad y la educación (que se presentan, también, manchados de lucha partidista), sino sobre todo la terrible situación económica que viven miles de familias, especialmente como consecuencia de la crisis del Covid.
Se avanza, además, en la demonización de Vox, a quien se ha señalado ante la opinión pública como partido «de ultraderecha», o directamente «neonazi», no solamente falseando la identidad política del partido de Santiago Abascal, sino generando un estado de opinión muy peligroso, ya que tras el señalamiento y la demonización verbal suele venir la agresión física, como vimos en el citado mitin de Vallecas.
Como ya dijimos en otro artículo, lo que se persigue, sin duda, es el intento de ilegalizar Vox, bien por la vía de los tribunales (cosa que le resultaría muy complicado al Gobierno socialista), bien por el aislamiento social a través de lo que se ha dado en llamar «cinturón sanitario». Comportamientos y actitudes que nos remiten a los episodios más sórdidos de la reciente historia europea.
Será interesante ver, además, si la contenida, pero indisimulada euforia del Partido Popular se corresponde con el resultado final en las urnas. No podemos olvidar que ha habido una participación histórica en el voto por correo (que puede ser determinante en el resultado final, porque hablamos de prácticamente un cuarto de millón de personas) y que, en caso de darse un empate técnico entre ambos bloques, Gabilondo e Iglesias estarían al frente de los destinos de los madrileños durante los próximos dos años, en lo que sería la prolongación de las políticas sectarias, y caóticas en lo económico, de Sánchez y sus ministros.
Rocío Monasterio ha confesado su deseo de entrar en el próximo ejecutivo madrileño, veremos con qué peso político, si finalmente el bloque de la derecha consigue la victoria. Hasta ahora, la relación política y personal entre Ayuso y Monasterio ha sido fluida y correcta (incluido el debate de Telemadrid, donde la candidata de Vox «echó varios cables» a la actual presidenta).
Con Vox en un hipotético gobierno de Madrid, Ayuso tendrá un aliado leal, pero también un condicionante fuerte en su actividad legislativa. Quizá un ensayo a escala menor de lo que podría suceder, dentro de unos meses, a nivel nacional si finalmente se adelantan las elecciones generales al mes de octubre.
