Sí se puede nadar y guardar la ropa. El Tribunal Constitucional lo ha demostrado en su sentencia sobre la inconstitucionalidad del Estado de Alarma.
Sostiene que el derecho a la movilidad fue «suspendido», no «restringido» y que para eso sería necesario haber declarado el estado de excepción, un mecanismo que exige aprobación previa por las Cortes -no posterior convalidación- y mayor control parlamentario.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraConsidera que las medidas adoptadas fueron justificadas, idóneas y en línea con nuestro entorno pero que el mecanismo jurídico no fue adecuado. En consecuencia, las sanciones impuestas por incumplir la prohibición de movilidad deben de quedar anuladas. Y fueron nada menos que un millón largo… La razón es sencilla: no se puede sancionar hechos que en ese momento no era ilícitos. Y no lo eran porque así lo ha declarado el Constitucional.
En cambio, el fallo del Constitucional considera que en materia de derecho a la libre empresa no se suspendió el derecho a la actividad económica, sino que -en este caso- fue meramente restringido, igual que el derecho a manifestación o la Educación. Por lo tanto, en este caso, no cabe la reclamación de respoonsabilidad civil del Estado.
¿Como que el derecho a la actividad económica no fue suspendido si bares y comercios fueron cerrados por real decreto con amenaza de multa?, ¿como que no fue una suspensión sino una mera restricción si obligaron a cientos de miles de pequeñas empresas a ‘suicidarse’?, ¿como que la Educación fue restringida cuando las escuelas fueron cerradas por orden gubernamental?
La única explicación de este retruécano es tratar de salvar al Estado de eventuales exigencias de responsabilidad. Entendible desde el punto de vista presupuestario y absolutamente injustificable desde el punto de vista jurídico, que se presupone que es el de que debe de regir al Tribunal Constitucional.
Quizás el Alto Tribunal trata de salvar de esta manera la división interna y tratar de convencer a quienes se han opuesto a la declaración de inconstitucionalidad. Pero como en el tema catalán, vuelve a quedar claro que no hay que tratar de convencer a los que no se quieren convencer.