El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó este martes una Ley de Amnistía para otorgar libertad y cesar las causas judiciales que se le siguen a quienes consideran presos políticos.

La ley beneficiaría a estudiantes y opositores de alto perfil que están tras la rejas, algunos con condenas, otros con procedimientos abiertos, como Leopoldo López o el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, acusados de avivar las protestas que dejaron más de 40 muertos a principios del 2014, entre otros delitos.

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La norma, que  elimina el delito y por lo tanto la pena, será remitida al Ejecutivo para su firma. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha dicho en diversas ocasiones que vetará la Ley. Pese a eso, las leyes venezolanas otorgan a la Asamblea Nacional mecanismos para promulgar leyes sin aval de la presidencia.

«Leyes para amparar terroristas y criminales, no pasarán por aquí. Hagan lo que hagan”,dijo Maduro en un programa televisivo.  El presidente alega que en su país no hay presos políticos, sino políticos presos y que darles amnistía será otorgar impunidad.

«Son nuestros presos políticos»

«(Con la ley) no queda amnistiado ningún homicida. Son nuestros presos políticos, ciudadanos imputados por el primer delito que se les ocurra (…) Lo cual es una confesión de la utilización de la justicia con fines de persecución política. A eso queremos ponerle fin», dijo la diputada opositora Delsa Solórzano, quien lideró la redacción del proyecto.

La bancada de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) celebró la aprobación coreando «libertad», mientras que los diputados del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) reprochaban «justicia» a gritos.

«Aquí va a haber justicia y todos los que están presos por hechos de corrupción, por asesinato, por violación a la Constitución y las leyes, seguirán bien presos», dijo el diputado oficialista Darío Vivas, quien votó en contra de lo que calificó una «ley de amnesia criminal».

El Gobierno de Maduro podrá apelar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para rechazar la ley por inconstitucional, como lo ha hecho en varios conflictos recientes que han enfrentado a los dos poderes y que han resultado favorables para el Gobierno socialista.

Una amnistía puede declararse inconstitucional si los beneficiarios han incurrido en crímenes de lesa humanidad o violación de los derechos humanos, según expertos. La oposición alega que ninguno de los posibles beneficiarios de esta norma fueron investigados o condenados por delitos de esta naturaleza.

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