El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid propondrá instalar una placa en la Real Casa de Correos por las «miles de personas torturadas allí» durante el Franquismo, cuando el edificio albergaba la Dirección General de Seguridad.
Así lo ha adelantado el diputado de la formación morada Pablo Padilla durante el debate de una proposición para instar al Gobierno regional a que presente «con la máxima urgencia posible» un proyecto de ley de Memoria Histórica en la Comunidad de Madrid que proteja «sus bienes materiales e inmateriales».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEl parlamentario ha avanzado que su formación propondrá en la Cámara instalar una placa en la antigua Dirección General de Seguridad, ahora sede del Gobierno regional, «homenajeando a las cientos y miles de personas que fueron torturadas allí». «No valen excusas, no se trata de mirar al pasado sino al futuro y por ello debemos estar a la altura», ha declarado.
Durante el debate han estado presentes miembros de asociaciones, familiares de víctimas y Paca Sauquillo, encargada de la Comisión que aplicará la Ley de la Memoria Histórica en la ciudad de Madrid.
Precisamente, en la misma Puerta del Sol aunque en otro emplazamiento, el Ayuntamiento de Madrid regido por Manuela Carmena, tiene previsto colocar otra placa conmemorativa. En este caso, recordará al movimiento 15-M cinco años después de su nacimiento.
Su futura instalación no ha estado exenta de polémica ya que la Comunidad de Madrid advirtió que no aceptaría colocarla en su fachada junto al recuerdo a los Héroes del Dos de Mayo y a las víctimas del 11M.
Ciudadanos vota a favor de la ley de Memoria Histórica regional
Por su parte, los grupos de la oposición han exigido al Gobierno de Cristina Cifuentes la elaboración de una ley regional de Memoria Histórica para «ultimar el mapa de fosas» y fomentar la exhumación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
La petición impulsada por los socialistas fue aprobada con los votos a favor de Podemos, Ciudadanos y el PSOE.
En este sentido, llama la atención la postura tomada por la formación naranja, ya que el partido de Albert Rivera se ha abstenido desde 2009 en votaciones similares en Cataluña tras reconocer que este asunto «divide» a C’s. Sin embargo, en el Consistorio madrileño ha modificado su postura, a favor.
El Partido Popular ha votado en contra al considerar que no se trata de un tema de «prioridad».
En el texto se insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a presentar de manera «urgente» un proyecto de ley de «Memoria Histórica democrática» de Madrid y de «protección de sus bienes materiales e inmateriales».
Continuo derribo y acoso a monumentos españoles
En este contexto, Manuela Carmena ya ha comenzado ha destruir parte de la historia de España. El pasado mes de febrero, la alcaldesa madrileña retiró una lápida que recordaba el fusilamiento de ocho carmelitas en el cementerio de Carabanchel, aunque posteriormente lo repuso, tras reconocer la metedura de pata.
También ordenó tirar el monolito en recuerdo del Alférez Provisional en el barrio de los Jerónimos, así como la lápida al falangista José García Vara.
El último deseo que ha anunciado la acaldesa ha sido el de rebautizar el Valle de los Caídos como “El Valle de la Paz” y a la vez ha propuesto renombrar el Arco del Triunfo, en Moncloa, por el «Arco de la Concordia» o «Arco de la Democracia».
Sin embargo, el Consistorio que confió las competencias de la Memoria Histórica a Celia Mayer ha cometido varias pifias como confundir al propagandista Juan Pujol con el espía del mismo nombre, y otra muy diferente, retirar la placa de ocho seminaristas, entre 18 y 23 años, fusilados a sangre fría en el 36.
La edil adjudicó a dedo el contrato sobre el informe de las calles ‘franquistas’ encargando el informe de las calles con nombres franquistas a la cátedra de la Complutense dirigida por la hija de la primera mujer de Fidel Castro. Por esos trabajos de asesoramiento el ayuntamiento pagó 17.999 euros, ya que con un euro más habrían estado obligados a sacarlo a concurso público.
