El Tribunal Supremo ha procesado al senador de Bildu, Iñaki Goioaga, por su participación en el llamado frente de makos (cárceles). El magistrado de la Sala II Miguel Colmenero, instructor de la causa contra Goioaga, considera que el senador ha podido cometer un delito de pertenencia o colaboración con organización terrorista, al apreciar indicios de que el frente de cárceles formaba parte del grupo de abogados que contribuía a mantener a los presos de ETA bajo la disciplina y la estructura de dicha organización.
Bajo esa misma acusación, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado el procesamiento por pertenencia o colaboración con organización terrorista de 47 acusados de integrar presuntamente el denominado «frente de cárceles» de ETA bajo la cobertura de los distintos entes de los que formaban parte, entre ellos el colectivo de abogados BL, la organización de apoyo a presos Herrira, la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi, la de familiares de reclusos Etxerat.
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Suscríbete ahoraEn un auto de 104 páginas el juez va desgranando el funcionamiento y estructura del entramado que forma el denominado «frente de cárceles», desarticulado en las operaciones «Jaque», «Mate» y «Pastor» practicadas en enero de 2014, enero de 2015 y marzo de ese mismo año, informa Europa Press.
El magistrado hace un análisis de cada uno de los órganos que conforman esta estructura, entre ellos el denominado KT (Koordinazio Taldea/Grupo de Coordinación) cuya función principal era dirigir el «EPPK «de forma integral y también era utilizado por ETA para «dirigir y dar directrices generales al conjunto del frente de cárceles garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad» a la banda.
Los miembros son «plenamente conocedores de su dependencia orgánica de ETA y que su actividad contribuye a los fines»
Sus miembros son «plenamente conocedores de su dependencia orgánica de ETA y que su actividad contribuye a los fines» de ésta, dice el juez. Entre sus presuntos integrantes se encuentran Arantza Zulueta, Jon Enparantza y otros seis procesados por pertenencia a organización terrorista. Los dos primeros en grado de dirigentes. Naia Zurriarán, por su parte, lo está por colaboración.
A su vez, explica el auto, existe un núcleo de coordinación KG, que es el órgano permanente y estable formado por las organizaciones que integran el «frente de cárceles» y que se encarga de la transmisión de las necesidades económicas de las organizaciones que participan en sus reuniones, al objeto de una mejor distribución de los fondos económicos que obtiene Herrira a través de su estructura denominada «Red Sostengu».
La labor jurídica la prestaría el «Colectivo de Abogados-BL». La resolución explica que se trata de un grupo de letrados cuya función consiste en la asistencia jurídica y política de los presos de ETA, de la que se deriva adoctrinamiento y control a través de rondas carcelarias sistemáticamente organizadas.
También de recopilar información sobre los reclusos que posteriormente remiten a la banda terrorista. De su ámbito de actuación quedan excluidos aquellos presos que se han «arrepentido» y han asumido la legalidad penitenciaria, como los que se han acogido a la vía Nanclares.
Abogados procesados
Entre este grupo de abogados, procesados por integración o colaboración con organización terrorista, se encuentran Alfonso Zenón, Kepa Mancisidor, Eukene Jauregui, Ane Ituiño, Aiert Larrarte, Ainhoa Baglietto, Arantza Aparicio, Onintza Ostolaza, Haizea Ziluaga, Amaia Izko, Jaione Carrera y Atxarte Salvador. El abogado Iñaki Goyoaga está siendo investigado por estos hechos por el Tribunal Supremo por su condición de senador.
Herrira también se encargaba supuestamente de la ayuda económica a los presos a través de su aparato de tesorería Sostengu
Respecto de Herrira, el juez asegura que ha ocupado el vacío organizativo dejado por las ilegalizadas Gestoras pro Amnistía y Askatasuna en el control y cohesión de los presos, así como que se encargaba de planificar, convocar y dar el soporte a los actos de enaltecimiento de los presos de ETA y de su ideario.
Herrira también se encargaba supuestamente de la ayuda económica a los presos a través de su aparato de tesorería Sostengu. La investigación ha permitido determinar que las cantidades abonadas por Herrira eran de 125 euros para presos encarcelados en España y de 155 para los que están en Francia u otros países.
Todos los miembros de la Dirección Nacional de Herrira eran conscientes de que sus actividades, enmarcadas en el «frente de cárceles», respondían a su integración en ETA y la financiación de dicho frente, explica la resolución del juez. Los 19 integrantes de la Dirección Nacional son procesados por integración o colaboración con organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo de forma continuada y quebrantamiento de la medida cautelar de prohibición de actividades.
El auto del Juzgado Central de Instrucción 6 también analiza las actividades desarrolladas por miembros de la asociación Jaiki Hadi de asistencia sanitaria y psicológica a miembros del EPPK dentro del «frente de cárceles» y de Etxerat, cuyos responsables ahora procesados se encargaban de coordinar las actividades de esta asociación de familiares de presos siguiendo «las directrices de ETA».
Asimismo, desentraña las fuentes de financiación del entramado y señala que Herrira identifica en sus balances hasta 13 fuentes gracias a las cuales obtiene los recursos, que eran supervisados y distribuidos por la denominada Sostengu en función de las necesidades de cada una de las estructuras.
«Analizados sus ingresos y gastos se desprende que el volumen de movimientos y operaciones que se reflejan en los estados contables de Herrira no encuentra ningún tipo de respaldo en las cuentas corrientes titularizadas por la organización, por lo que se infiere que dicha organización ha canalizado esos fondos fuera del sistema financiero formal». Los cuatro presuntos integrantes de la Red Sostengu son procesados por financiación del terrorismo y dos de ellos, además, por integración.
