Apenas a un año y medio de cárcel ha sido condenado Carlos Morín tras ser condenado por la muerte de once bebés mediante abortos ilegales. Este es el valor de la vida humana que ha considerado la Audiencia de Barcelona en su sentecia.
Morín, histórico empresario abortista, estaba acusado de 89 muertes por aborto ilegal aunque finalmente ha sido condenado únicamente por once.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEl tribunal ha absuelto a otros nueve médicos y enfermeros de la clínica que estaban acusados de los abortos ilegales, incluida la esposa de Morín, en una sentencia en la que concluye que Morín tenía «plena capacidad para decidir» y ordenar el cese de aquellas interrupciones del embarazo que podían ser delictivas en sus clínicas.
La sala condena a Morín y al psiquiatra Pascual Javier R.M a penas que suman cinco años y medio de prisión por once abortos ilegales practicados en 2007, aunque la condena de cumplimiento efectiva es de año y medio de cárcel, tras aplicarles la atenuante de dilación extraordinaria indebida al considerar «injustificados» los casi nueve años transcurridos desde los hechos.
La sentencia concluye que Carlos Morín tenía “plena capacidad para decidir” y ordenar el cese de aquellos abortos delictivos que se producían en sus centros. Durante el juicio se permitió a Morín y a su mujer no acudir al juicio debido a su estado de salud.
Morín ha sido acusado de falsear historias clínicas para que fetos de 33 semanas de gestación figurasen como de 22 y así dar legalidad a sus actuaciones
Estas son algunas de las aberraciones que perpetró Morín en su clínica y por las que ha sido sido investigado:
– Acusado de 89 abortos ilegales: De todos ellos, algunas de las madres se encontraban en el octavo mes de gestación, pero el doctor Morín nunca ponía pegas. Así lo reconoce una de las testigos, Nieves, quien acudió a la clínica del doctor Morín con 24 semanas de gestación. La testigo aseguró en el juicio que llegó a la clínica TGB (regentada por Morín) en “estado avanzado de embarazo”, pero que “a los responsables no les importó”. Las cifras por cada uno de esos abortos oscilaban entre los 1.500 y los 3.000 euros.
Morín falseaba las historias clínicas para que fetos de 33 semanas de gestación figurasen como de 22, dando de esta manera una apariencia de legalidad a sus actuaciones.
– Digoxina para matar al bebé: Para realizar los abortos tardíos, en los que se provocaba el parto a la madre, el equipo médico a las órdenes del doctor peruano inyectaba este tóxico en el corazón del bebé para pararlo y evitar así que naciera vivo.
– Menores de edad: Carlos Morín no sólo practicó abortos en mujeres con un avanzado estado de gestación fingiendo que sufrían daños psicológicos, sino que no tuvo miramientos en realizarlos también en ninas menores de edad, de hasta 13 años, según reconoció él mismo en su declaración ante la juez durante el juicio.
– Madres desangradas: “¿No te conté que le pusimos una inyección e hizo un hematoma en la nalga? Y empezó a hacer hematuria. Sí, sí hizo. Se descoaguló completa”. “Ah, mi****, esa no la sabía”. Esta es una de las conversaciones telefónicas que se grabó y que sirvió como prueba para resaltar los graves riesgos que sufrieron varias mujeres al someterse a estos abortos, riesgos que no parecen importarles a los médicos que trabajaban en las clínicas.
El Centro Tomás Moro anima a trabajar por el aborto cero
Por su parte, en un comunicado el Centro Jurídico Tomás Moro se felicita de esta sentencia, que aunque no cumple las expectativas por cuanto las penas son livianas en consideración a las muertes de nasciturus causadas, sin embargo “sí alienta a seguir adelante en el control de las clínicas abortivas que incumpliendo la ley realizan abortos fuera de los supuestos establecidos legalmente”.
No obstante el Centro Jurídico Tomás Moro manifiesta que “su único objetivo es lograr el aborto cero, dado que la vida ha de ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Cualquier aborto implica el reconocimiento de las deficiencias de un Estado Social de Derecho que no sabe o no quiere tutelar el derecho de los más indefensos, a saber: los menores no nacidos y las madres desatendidas por un estado de bienestar que las deja abandonadas a su suerte”.
