La absolución de Rita Maestre crea barra libre para asaltar iglesias

    En todo país democrático existe una premisa según la cual uno no debe tomarse la Justicia por su mano porque ya está el Estado de Derecho para protegernos. Hasta ahora.

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    Estudio pericial sobre el asalto a la capilla de la UCM en el que participó Rita Maestre /Actuall
    Estudio pericial sobre el asalto a la capilla de la UCM en el que participó Rita Maestre /Actuall

    Rita Maestre y otros ultras de izquierda asaltaron una capilla católica en marzo de 2011. Este viernes, la Audiencia Provincial de Madrid la ha librado de todo reproche penal por aquel asalto.

    Si asaltar una capilla sale gratis, entonces cualquier asalto quedará impune

    Dicen los jueces, en una sentencia unánime y firme (ya no cabe recurso), que aunque dicho asalto “puede ser valorado como claramente irrespetuoso”, no incurre en el delito tipificado en el Artículo 524 del Código Penal. Os cito el artículo en cuestión:

    Algunas personas creen que La Sexta da información.

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    “El que en templo ejecutare actos de profanación será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.”

    Asaltaron una capilla, gritando insultos y amenazas a los católicos y empujando al sacerdote, interrumpiendo así el normal desarrollo del ejercicio de la libertad religiosa en la misma. Además, se jactaron de ello en las redes sociales, publicando los asaltantes las fotos que han servido de pruebas en el juicio. Si eso no es un delito, entonces ya no puede serlo ningún asalto a ningún templo católico, a menos que los asaltantes prendan fuego a la iglesia o maten a alguien. Con esta sentencia, la Audiencia de Madrid ha abierto la barra libre para asaltar iglesias con total impunidad.

    Los católicos, fuera del amparo de las instituciones

    En todo país democrático, o al menos eso nos vienen insistiendo desde hace muchos años, existe una premisa según la cual uno no debe tomarse la Justicia por su mano porque ya está el Estado de Derecho para protegernos. Esa premisa existe, o al menos así nos han asegurado una y otra vez, para que la sociedad no degenere hacia la ley de la selva. Sin embargo, ahora los católicos españoles nos dejan sin ese amparo legal, una situación que contrasta con la sobreprotección que están recibiendo otros colectivos sociales frente a cualquier manifestación de intolerancia o siquiera de desigualdad de trato.

    Esto ocurre, todo hay que decirlo, porque quienes crean las leyes en España han interiorizado la misma idea que sostienen los ultras cristianófobos: que los católicos no merecemos ningún amparo. Hay que recordar que las instituciones del Estado ni siquiera han tenido la mínima humanidad de manifestar su solidaridad con los atacados en casos tan graves como los incendios en iglesias en Galicia y en Navarra o el atentado de octubre de 2013 contra la Basilica de El Pilar en Zaragoza. Una actitud miserable y vergonzosa.

    Una sentencia que quiebra la confianza en el Estado de Derecho

    Después de décadas viendo a los separatistas saltándose la ley con total impunidad, después de años viendo a los proetarras sentados en las instituciones sin haber condenado el terrorismo de ETA, después de ver como determinados gobiernos pisotean la libertad de educación sin que pase nada, y un largo etcétera, mi confianza en este Estado de Derecho era ya muy reducida. Hoy esa confianza ha quedado por los suelos.

    Se ha creado un peligroso precedente que nos devuelve a una de las épocas más siniestras de la historia de España

    ¿Cómo confiar en quien te promete protección y después no hace nada cuando te agreden? Tengo la sensación de que esa confianza que nos pedían en el Estado de Derecho ante cualquier agresión contra los católicos era un simple engaño para mantenernos indefensos y sin rechistar. Este engaño ha servido para que los violentos campen a sus anchas y quienes somos pacíficos tengamos que soportar estoicamente constantes actos de acoso, en la ilusa esperanza de que un juez nos dará amparo. A partir de ahora sé que ningún juez vendrá a defenderme si asaltan mi parroquia. Se ha creado un peligroso precedente que nos devuelve a una de las épocas más siniestras de la historia de España: cuando bandas de extremistas asaltaban e incendiaban iglesias con total impunidad, gracias a la protección que les otorgaba la izquierda gobernante durante la Segunda República.

    Por lo visto, lo que espera de nosotros este Estado es que nos dejemos pisotear: pues va a ser que no. Esos jueces y esos políticos han abierto las puertas de par en par a la ultraizquierda para imponer la ley de la selva, pero que no esperen que los católicos nos crucemos de brazos cuando intenten asaltar nuestros templos.

    Esta noticia fue publicada originalmente en el blog Contando Estrelas de elentir. 

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