Federico Pinedo, presidente provisional del Senado.

La movilización y el «tuitazo» a favor del aborto legal, seguro y gratuito bajo el hashtag #AbortoLegalYA reavivó el debate de uno de los temas más controvertidos en el país donde el aborto es considerado un delito «contra la vida» dentro del Código Penal.

Sin embargo, se excluyen los casos en los que la madre ponga en peligro su vida de continuar el embarazo, y ese sea el único modo de salvarla, o cuando el bebé fuera producto de un delito de violación.

Algunas personas creen que La Sexta da información.

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A lo largo de esta semana organizaciones feministas, periodistas y ciudadanos han realizado una cadena de tuits para pedir que el Congreso apruebe un proyecto de ley que «garantice el aborto seguro, legal y gratuito en todo el país».

Tras la convocatoria, el senador nacional de Cambiemos y presidente provisional del Senado Federico Pinedo se manifestó en contra, según ha informado InfoBae. Al ser consultado sobre su postura personal, el legislador coincidió con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio: «No encuentro diferencia entre la vida de un chico por nacer y la vida de un chico que nació; en definitiva es un tema de defender la vida o no».

Pinedo: «Yo creo que la nueva vida comienza cuando se genera un organismo que tiene un ADN propio con características diferentes al de los padres»

Pinedo es una de las principales espadas legislativas del Gobierno, por lo que parece improbable que el Gobierno habilite el debate en el Congreso pese a la presión de las feministas para dar una respuesta institucional al asunto.

«Yo creo que la nueva vida comienza cuando se genera un organismo que tiene un ADN propio con características diferentes al de los padres. Creo que lo que deberíamos hacer es mejorar los sistemas de adopción: es tremendo que haya gente que quiere adoptar y no puede, y en simultáneo hay gente que quiere abortar», aseguró en declaraciones a la radio La Red. 

Las organizaciones feministas presentan por séptima vez en el Congreso un proyecto, con firmas de activistas, en el que se establece que «toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación».

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