Este martes el Congreso de los Diputados votará sobre una propuesta del Parlamento Catalán para que se modifique el artículo 143.4 del Código Penal que castiga la eutanasia de forma explícita así como el suicidio asistido.
Se trata de una propuesta aprobada en el mes de julio de 2017 a propuesta de lo socios de Podemos (Cataluña Sí Que es Pot) con el respaldo del Partido de los Socialistas de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Demócrata de Cataluña (antigua Convergencia) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
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Suscríbete ahoraEn concreto, se pretende que se modifique el texto de tal forma que queden exentos de castigo quienes «de manera indirecta o cooperando ayuden a morir de manera segura, pacífica y sin dolor» a una persona que lo pida de forma «expresa, libre e inequívoca». Además, se indica que, el paciente deberá sufrir «una enfermedad terminal» o una «patología incurable» que le provoque un «sufrimiento físico o psíquico grave que se prevea permanente».
A pocas horas de que se estudie en el Congreso esta petición, el grupo interdisciplinar de expertos especializados en conflictos al final de la vida, Vida Digna, ha señalado que «legalizar la eutanasia supondrá una erosión del Sistema Público de Salud del que estamos tan orgullosos en España».
Carlos Álvarez: «Es inadmisible que en un país moderno y civilizado se ofrezca la muerte como alternativa al sufrimiento»
Así lo asegura a través de un comunicado su portavoz, Carlos Álvarez, quien además señala el peligro de fomentar una fractura de la confianza en la relación entre sanitarios y pacientes. A su juicio, tal modificación legal «generará la lógica desconfianza de los pacientes hacia los profesionales sanitarios que, en lugar de curar, podrán optar legalmente por matar». Desde VidaDigna se subraya que, aunque esta posibilidad se haga realidad tan sólo en ocasiones, se producirá en todo caso «un daño irreparable a la sociedad».
Por otro lado, Álvarez recuerda que si la eutanasia está castigada con una pena de 4 a 10 años de cárcel es porque «supone un ataque al más fundamental de los derechos, el derecho ala vida, sostén de todos los demás».
Dependencia y cuidados paliativos
En contra de quienes argumentan que existe una demanda social para la legalización de la eutanasia, Carlos Álvarez denuncia que «existe un clamor silenciado para mejorar la situación de las personas dependientes y universalizar los cuidados paliativos» porque, de hecho, «en España sólo el 50% de los enfermos terminales tiene acceso directo a los cuidados paliativos«.
Por otro lado, Vida Digna critica la forma en que está realizada la pregunta en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) relativa a estas prácxticas ya que a su entender «plantea sesgadamente la muerte como alternativa al sufrimiento», una disyuntiva que Carlos Álvarez considera «falsa».
Además, critica que desde el CIS se diga que 8 de cada 10 cuidadanos quieren una muerte digna «dando a entender que 2 ciudadanos de cada 10 no quiren morir dignamente», por lo que denuncia un «claro sesgo».
Respecto a la reciente propuesta del PSOE para incluir la eutanasia en el catálogo básico de servicios sanitarios a cargos de los presupuestos públicos, Álvarez califica de «inadmisible que en un país moderno y civilizado se ofrezca la muerte como alternativa al sufrimiento» ya que mediante los cuidados paliativos se puede tratar el «dolor total», tanto físico como emocional.
«No necesitamos que se ayude a las personas a morir, si no a cuidarlas y aliviar su dolor. Eso es lo que reclaman la ciudadanía y los profesionales. Es lo que los políticos deben legislar», concluye Álvarez.
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