Como sucede en bastantes ocasiones los partidos políticos, además de las proposiciones o propuestas de ley que hacen más ruido y que llegan a la opinión pública, también proponen otras leyes de las que no se oye tanto, pero que también son importantes.
En febrero de 2018 Podemos y todas las marcas de su grupo parlamentario presentó presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de modificación de la LOE (L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), para la integración voluntaria de centros concertados en la red pública. Esa proposición fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado el 7 de mayo.
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Suscríbete ahoraEl abogado Jesús Muñoz de Priego Alvear, coordinador de enLibertad ha realizado un análisis y una valoración de dicha proposición que muestra con claridad cómo es un nuevo intento de socavar la libertad de enseñanza al intentar reducir y hacer desaparecer la educación concertada.
Para Muñoz de Priego, la proposición de ley es «un ataque desmedido y categórico contra la libertad de enseñanza«. «La defensa de una escuela pública única, como modelo excluyente descarta la posibilidad de elegir modelos o tipos de educación diferentes, distintos, y, por tanto, imposibilita el ejercicio de la libertad de enseñanza», ha manifestado en su análisis.
Ya hay varias comunidades autónomas que están empujando en esa dirección, como Aragón o la Comunidad Valenciana, lo que ha provocado una gran conflictividad ante el recrudecimiento de las políticas de reducción de conciertos, desatendiendo y menospreciando las demandas de las familias y defendiendo una escuela única de titularidad exclusiva del gobierno autonómico.
Lo que recoge la Constitución en el artículo 27.1 es el derecho a la educación, pero en ningún momento se circunscribe a la pública
Para en Libertad, el preámbulo viene cargado de «interpretaciones tendenciosas de normas,
de referentes históricos directamente falsos y de datos tratados interesadamente y sin
el rigor imprescindible». El primero de ellos, hablando de derecho «de todas las personas a la educación pública, cuando lo que recoge la Constitución en el artículo 27.1 es el derecho a la educación, pero en ningún momento se circunscribe a la pública. Esa educación puede cubrirse con educación pública, privada o concertada. «La Administración pública debe garantizar el derecho a la educación, mediante la programación de la enseñanza (o de puestos escolares), pero eso no supone, en modo alguno, que deba ser exclusivamente mediante la creación de centros de su titularidad, porque también tiene que garantizar, en igual medida, la libertad de enseñanza», manifiesta Muñoz de Priego.
Además, de manera errónea, Podemos afirma en su proposición de ley que la educación concertada surge por la insuficiencia de plazas de la red pública y «bajo los principios de la
transitoriedad y la subsidiariedad». Sin embargo la realidad es que el sistema de conciertos surge para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza: la creación de centros con modelos educativos, idearios, diferenciados y singulares, en los que los padres puedan elegir el modelo de educación para sus hijos, la formación religiosa y moral de los mismos de acuerdo a sus convicciones, y donde los profesores que comparten el mismo puedan desarrollar su vocación, tal y como recoge la LODE socialista.
De esta manera lo que parece es que la proposición del grupo parlamentario de Podemos desprecia la libertad de enseñanza; desconoce que la razón de ser de la concertada no está en el derecho a la educación, a cuyo cumplimiento puede coadyuvar, y de hecho lo hace,
sino en la libertad de enseñanza; que su elemento nuclear es el ideario o carácter propio o proyecto educativo singular que permite la elección de diferentes modelos educativos por las familias, posibilidad que decaería de existir una única escuela unitaria, un monopolio, de titularidad de la Administración pública; e insiste en entender a la concertada como subsidiaria de la pública, a pesar de la reiteración, incluso en muy reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en apremiar a considerarlas redes complementarias y no subsidiarias.
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