Ayer por la mañana se ha presentado ante la prensa The Lawfare Project, un fondo de litigación centrado en la defensa de los derechos civiles, especialmente de las comunidades judías en todo el mundo.
La presentación ha corrido a cargo de la abogada Brooke Goldstein, que es su fundadora y directora desde 2010, y por Ignacio Wenley Palacios, abogado y representante de The Lawfare Project en España. Goldstein dice que es el único fondo de litigaciones que trabaja para las comunidades judías. También señala así como los profesionales judíos del derecho se han mostrado sensibles a las cuestiones relacionadas con la discriminación en otras ocasiones (cuatro de cada cinco abogados en los casos de derechos civiles en Mississippi en los años 60’ eran judíos), faltaba una organización que trabajase para defender en los tribunales los derechos de los propios judíos. “Nuestro objetivo es apoyar a las comunidades locales”, ha precisado la abogada. Tienen cerca de 350 abogados en todo el mundo, y tres de ellos están en España.
Goldstein ha precisado: “No somos un grupo pro Israel. Somos abogados. Tenemos fe en el sistema judicial”. Y considera que cuando la gente vea que los tribunales defienden a todas las minorías, será más fácil ver los derechos que les asisten.
Su ámbito de actuación es amplio. Por ejemplo, han llevado ante los tribunales la decisión de Kuwait Airlines de negar el acceso a ciudadanos con el pasaporte israelí. O la ley de memoria histórica de Polonia, que considera punible expresar la idea de que el pueblo polaco colaboró en los campos de concentración nacional socialistas en aquél país, durante la II Guerra Mundial.
Goldstein y Wenley han mostrado su preocupación por los mensajes de odio contra los judíos que circulan por las redes sociales y por Internet
Otro caso sobre el que están trabajando es el proyecto de ley del Senado irlandés, que penaría con hasta 5 años de cárcel la compra de bienes procedentes de territorios ocupados. Aunque el texto no menciona a Israel o Palestina, los debates políticos hablan casi exclusivamente de Israel. En el caso de Bélgica, que prevé prohibir el sacrificio ritual de los corderos, su defensa de la libertad religiosa beneficia también a la minoría musulmana.
Tanto Brooke Goldstein como Ignacio Wenley Palacios han mostrado su preocupación por los mensajes de odio contra los judíos que circulan por las redes sociales y por Internet. Y tienen intención de actuar tanto contra los contenidos claramente delictivos que se publican en nuestro país, como los que se elaboran aquí y se publican fuera.
La principal dificultad es la de distinguir entre un delito de odio y una crítica, aunque sea acerada o malintencionada, o una afirmación políticamente incorrecta. Desde The Lawfare Project ven que los gigantes de internet actúan con cierta arbitrariedad. Hay comentarios políticamente incorrectos que llevan al cierre de cuentas, mientras que otros, abiertamente ilegales, se mantienen.
Goldstein considera que hay una diferencia esencial entre atacar las características propias de un individuo, como su sexo, raza o nacionalidad, y otras propias de su carácter
Brooke Goldstein recalca la importancia de la actividad que ellos desarrollan en los tribunales, porque las sentencias recogen criterios que clarifican qué se considera delictivo, y qué no. Lo cual sirve tanto para futuras sentencias, como para la estrategia de los propios abogados. En España, la jurisprudencia la constituyen las decisiones del Tribunal Supremo.
Por otro lado, ella considera que hay una diferencia esencial entre atacar las características propias de un individuo, como su sexo, raza o nacionalidad, y otras propias de su carácter, sentimientos u opiniones. Se puede criticar una idea, pero no lanzar una campaña de odio contra un grupo de personas por características sobre las que no pueden hacer nada. Más, señala Ignacio Wenley, cuando de esta forma se pueden lesionar los derechos de las personas.
Wenley reconoce que puede haber casos ambiguos, pero The Lawfare Project sólo actuará en los que sean delitos flagrantes. Considera que cuando la diferencia no está clara, es mejor no actuar. Pero “si adviertes a la empresa de que el contenido es delictivo”, señala, si es claramente ilegal, no es necesario que esperen a una decisión judicial para actuar.
Su actuación en un ámbito tan sensible puede contribuir a que otros grupos, que son también objeto de odio por parte de algunos sectores de la sociedad española, tengan una mejor estrategia de defensa en nuestro país.
Pronto habrá noticias sobre su actuación en España.
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