«¿Se acuerdan ustedes de José Luis Moreno, que se hizo famoso con un show de títeres en la televisión?» escribe el economista e historiador Gabriel Tortellá en El Mundo.
El símil viene a cuento de la Ley de Transitoriedad con la que el Govern pretende proclamar la República independiente antes del referéndum del 1 de octubre.
El economista explica que el pretendido golpe es como si Monchito, uno de los muñecos de José Luis Moreno, «se declarara independiente de su creador, al que debía su existencia».
Porque el Gobierno autonómico catalán «no sólo debe su legitimidad jurídica a la Constitución española»; tiene una deuda aún más prosaica y más definitiva: ‘la pela’.
«Debe su existencia diaria a los préstamos (enormes) y otros fondos que recibe del Estado del que pretende independizarse».
De manera que no se sabe bien cómo puede materializarse esa independencia -añade Tortellá-: «como sería inconcebible que Monchito, que en realidad era una mano del señor Moreno, se independizara realmente del ser del que formaba parte.
No se sabe, verdaderamente, cómo se haría realidad esa independencia que quieren los políticos nacionalistas catalanes». Y lo peor de todo es que «Ellos tampoco lo saben, y el articulado del proyecto lo revela».
El autor ofrece dos claves más de toda esta farsa secesionista.
La primera es la fiscal. Se pregunta Tortella «¿Qué hará el sufrido contribuyente catalán cuando se vea frente a dos inspectores, el del Estado español y el de la Generalitat?».
Y pone el dedo en la llaga; » He aquí una incógnita de la que no quieren hablar; por eso los artículos sobre Finanzas no pasan de cinco, en que se dice escuetamente que la Generalitat tratará de evitar que el contribuyente catalán pague impuestos al fisco español. ¿Cómo? No se indica».
La segunda clave que apunta Tortellá es quién sale perdiendo y quién sale ganando de todo esto.
El artículo 79.4 del proyecto deja claro que quedan anuladas las sentencias contra los que hayan delinquido, como Artur Mas
En realidad, ganan los de siempre: la élite nacionalista, y pierde la ciudadanía catalana a la que aquella ha arrastrado.
Dice el autor: «Si alguien dudara que la pretendida independencia de Cataluña es para beneficio de la élite nacionalista, el artículo 79.4 del proyecto lo deja bien claro: las sentencias de los tribunales españoles contra los que hayan delinquido por la independencia de Cataluña (Mas y cía.) quedan anuladas o sobreseídas».
Por ahí van los tiros. Y concluye el economista: «Lo primero es lo primero. En la finca catalana mandarán los amos. Pobre pueblo catalán si hay independencia».
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