Este martes Carles Puigdemont, presidente de la Generalidad de Cataluña, ha manifestado su decisión de “que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de República”.
Esta decisión la toma después de haber convocado un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, ya que el gobierno catalán no tiene competencias para convocar un referéndum de independencia, ya que como indica la Constitución -apoyada masivamente en referéndum y que obtuvo un respaldo masivo en Cataluña-, la soberanía nacional reside en el pueblo español, no en sus partes.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraA eso hay que añadir que ha sido un referéndum sin ninguna garantía democrática, en el que un solo individuo ha podido votar varias veces, de tal forma que en 71 municipios catalanes hubo más votos a favor que personas censadas.
Un absoluto fraude electoral que representa un intolerable atentado contra la democracia. Precisamente por ello, y como deberían haber previsto los separatistas, ningún país democrático ha reconocido esa votación fraudulenta.
Lo que el separatismo quiere es dejar en suspenso la legalidad democrática
Puigdemont ha violado la Constitución Española y la soberanía nacional, de la que emanan todos los poderes del Estado, incluido el que él ejerce. Se ha saltado la orden del Tribunal Constitucional prohibiendo el referéndum separatista, cometiendo con ello un grave delito de desobediencia.
Ningún país democrático puede consentir que una turba instigada por políticos deje en suspenso la legalidad, acosando y agrediendo a los agentes de la ley
Además, para respaldar su desafío al Estado de Derecho, Puigdemont ha incitado a los grupos separatistas a acosar a la Policía y a la Guardia Civil, a fin de impedir violentamente que diesen cumplimiento a las órdenes judiciales contra ese referéndum ilegal. Esto ha sido incurrir directamente en un delito de sedición, castigado con hasta 15 años de prisión. Ningún país democrático puede consentir que una turba instigada por políticos deje en suspenso la legalidad, acosando y agrediendo a los agentes de la ley.
Puigdemont ha matizado su declaración de independencia diciendo que la aplaza una semana para abrir un proceso de “diálogo”. Es un anuncio realmente absurdo, puesto que en una democracia el diálogo sólo es posible desde el respeto a las normas de convivencia, que nos obligan a todos.
Al violar la Constitución, las leyes españolas y las sentencias judiciales, en una actitud de abierto desafío al Estado de Derecho, fue el propio Puigdemont el que cerró la puerta al diálogo, incendiando la convivencia en Cataluña y provocando una fuga masiva de empresas.
Ante estos crímenes un Estado no puede quedarse de brazos cruzados. Ante un golpe de Estado, ninguna democracia puede someter a debate la vigencia de ley y de las sentencias judiciales.
Lo que tiene que hacer ahora el Estado no es dialogar con los golpistas, sino impedir que secuestren las instituciones catalanas y sigan usándolas para intentar romper la unidad de España.
Y en este deber debería contar con el leal apoyo de la oposición, porque lo que está en peligro es algo anterior y más fundamental que nuestra democracia: está en peligro nuestra Nación, y en esta situación de peligro intentar bloquear la acción del Estado, o que éste eluda su deber de hacer cumplir la Constitución, sólo merecería ser calificado como una traición a España.
*Este artículo ha sido publicado en el blog de Elentir Contando Estrelas.