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Contundencia constitucional

Carme Forcadell, presidenta del Parlamento autonómico catalán / Wikimedia

Carme Forcadell, presidenta del Parlamento autonómico catalán / Wikimedia

El Constitucional avala a la Fiscalía para que emprenda acciones penales contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Carmen Forcadell, por permitir que el pasado 27 de junio que el pleno del Parlament aprobara la celebración del referéndum de independencia.

Forcadell actuó contra la sentencia del Constitucional que anulaba esa posibilidad a sabiendas. Una prevaricación de libro. No ponerle freno habrá lanzado el mensaje de que todo vale. La estrategia de ‘dejar hacer’ ha llegado a su fin. Como diría Guerra, ese intelectual, “lo que no puede ser, no puede ser y además, es imposible”.

Las instituciones del Estado siempre han tratado de no criminalizar a los separatistas para no victimizarles y convertirles en héroes. La estrategia resultó fallida. Cada vez que el Estado se inhibía, crecía la sensación de impunidad y fortaleza frente a la debilidad de un Estado que no parecía capaz de aplicar el derecho.

El ilegal 9N tardó dos años en ser procesado. Las sentencias del Supremo sobre Educación no se aplican. Cataluña es zona sin ley. Casi, casi como el barrio del Príncipe de Ceuta…

Las leyes son para cumplirlas y las sentencias para acatarlas. Lo contrario es la selva. No todo vale

Y en este ambiente de absoluta impunidad, Forcadell se permite tirarse a la piscina. Siempre hay agua. Pero esta vez -¡albricias y pan de Madagascar!- alguien decidió vaciar la piscina. Ahora deberá de afrontar sus responsabilidades penales. Las leyes son para cumplirlas y las sentencias para acatarlas. Lo contrario es la selva. No todo vale.

La respuesta del Parlament ha sido órdago a la grande. Pero sin cartas. En la tarde de este jueves el Parlament aprobó dos resoluciones que avalan el referéndum. Una de Junts pel Sí y la CUP con fecha en septiembre de 2017 y otra de Catalunya si que es Pot (Podemos) en la que plantea un referéndum sin pactarla con el Estado. ¿Es esta la puesta de Pablo Iglesia?, ¿apuesta Podemos por una ruptura no pactada con el Estado? Houston, tenemos el enésimo problema…

¿Qué hará la autoridad frente a este desafío? En mi opinión, la Fiscalía debería de ampliar la querella sobre los parlamentarios díscolos, inhabilitándolos para el cargo público. Alguien que desobedece a sabiendas al tribunal de garantías constitucionales no merece ni puede seguir representando al pueblo.

Cabe interpretar que eso les victimizaría, bla,bla,bla. Yo creo –y la experiencia demuestra- que la autoridad que no se ejerce, se desprestigia.

El anzuelo del pescador

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