El ya ex ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dimitido escasos días después de que su nombre apareciera en relación con una sociedad ‘offshore’. Se suma así a la lista de cinco ministros -Miguel Arias Cañete, Ana Mato, Alberto Ruiz Gallardón y José Ignacio Wert- del gabinete Rajoy que han perdido el puesto tras una dimisión.
La sociedad se liquidó antes de que Soria entrara en el Gobierno y, en principio, es perfectamente legal. No está imputado ni investigado, y nadie le ha acusado de irregularidad alguna. Pero se le pidieron explicaciones y las que dio fueron contradictorias. Mintió y tuvo que dimitir, algo que aplaudimos con entusiasmo en un país que no conjuga el verbo dimitir con frecuencia y donde se pretende que es un nombre ruso.
Dimitir es una práctica muy saludable en democracia, donde la idea es que los políticos son meros administradores que actúan en nombre y al servicio del verdadero soberano, que es el elector. No caben el democracia los líderes imprescindibles ni hay en política nadie irremplazable, mucho menos un ministro de Industria en funciones. Hasta aquí, todo normal.
Lo anormal, lo anómalo, empieza ahora.
Nadie esperaba aplausos. No hace falta aplaudir a quien cumple con lo que debe, incluso cuando se trata de algo tan anómalo en España como es una dimisión tan rápida. Pero, al menos, es esperable cierta satisfacción dentro de la clase política, y lo que vemos es exactamente lo contrario.
Pedro Sánchez, el líder del partido con mayor volumen de corrupción medido en euros con gran diferencia y que ha mantenido a su hombre en Galicia durante una semana pese a estar imputado en diez delitos de corrupción, exige que Rajoy comparezca en el Congreso, y nos tememos que no es para felicitarle.
La podemita juez Rossell, que por su profesión debería respetar el principio de presunción de inocencia y que ya ha dado sobradas pruebas de lo que le gusta aprovechar los privilegios de la casta en aeropuertos, ha declarado que le parece «alucinante que no admita que dimite por evasor». Es decir, da por hecho que lo es. ¿Por qué, si no, habría de dimitir? ¿Por haber mentido? Esa idea es demasiado fantástica para un político de izquierdas, imaginamos.
Y no podía faltar nuestro bolivariano de instituto, Pablo Iglesias, el mismo que está investigando la UDEF por presunta financiación por potencias extranjeras -Irán y Venezuela, nada menos- para desestabilizar nuestra democracia. Pablo tiene el desparpajo de pedir explicaciones al Gobierno.
El caso de Podemos y siglas adláteres, como antes y ahora el de los socialistas, es una prueba evidente de que hay dos varas de medir de tamaño considerablemente disparejo.
Carmena nunca ha tenido que dar explicaciones de las acusaciones de alzamiento de bienes con respecto a la empresa de arquitectura de su marido, que dejó sin pagar a sus empleados
Tenemos el caso del concejal Zapata en Madrid, por ejemplo, que se aferró a su concejalía, apoyado por la alcaldesa, tras haber publicado comentarios en twitter de carácter antisemita y otros en los que se burlaba del dolor de las víctimas de ETA.
Manuela Carmena, por cierto, nunca ha tenido que dar explicaciones de las acusaciones de alzamiento de bienes con respecto a la empresa de arquitectura de su marido, que dejó sin pagar a sus empleados -licenciados de arquitectura a quienes tenía como aparejadores- por el sencillo procedimiento de traspasar el patrimonio de la sociedad a su mujer.
No se han pedido comparecencias por los nombramientos a dedo de parientes de la desconcertante alcaldesa, y cuando anunció que cesaría a cualquiera de su equipo que resultara imputado, debió hacer algún tipo de restricción mental, porque ahí está Rita Maestre, no imputada sino condenada por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Ah, y por mentir, como también ha reconocido la joven delincuente. Nadie ha pedido una reunión urgente del consejo municipal, y eso que el partido de Carmena, Ahora Madrid, solo gobierna porque así lo ha decidido el PSOE.
El amor del equipo de Colau por sus familiares es ya famoso, que lo del ayuntamiento de Barcelona, más que un organigrama parece un árbol genealógico
El amor del equipo de Colau por sus familiares es ya famoso, que lo del ayuntamiento de Barcelona, más que un organigrama parece un árbol genealógico. Ninguna petición de comparecencia, el nepotismo es sano cuando lo ejerce la izquierda radical.
En el propio Podemos, Monedero tuvo que apartarse después de un flagrante caso de mentiras más deuda con Hacienda por parte de alguien que iba de puro y de paria de la tierra, pero Íñigo Errejon, por tirantes que sean sus relaciones con el líder supremo, ahí sigue de número dos pese a pasarse un buen tiempo cobrando de la Universidad de Málaga por un trabajo en el que no se presentó un solo día. Aunque el favor no quedó sin recompensa, que quien le consiguió el chollo acabó obteniendo el correspondiente puesto en la formación morada.
Ahora bien, cuando una formación creada anteayer, como quien dice, se convierte en tiempo récord en la tercera fuerza política diciendo que viene a limpiar la vida política y en seguida cae en la prepotencia y el nepotismo y las prácticas dudosas y se aferra cada miembro a su cargo con llamativo empecinamiento, es normal que su electorado se considere estafado y le retire masivamente su apoyo.
Y eso es lo curioso: aunque las encuestas reflejan cierto descenso de Podemos, la proporción es singularmente baja, lo que no nos deja otra que concluir que no es la corrupción y el amor al poder de los políticos lo que movía el voto del electorado de Iglesias, sino el resentimiento puro y simple. Desde las trapacerías de Felipe González, la izquierda ha tenido un amplio margen para la corrupción y el abuso de poder, mientras que la derecha está sometida a un estricto marcaje.
¿Y quién queda con fama de corrupto y quién con prestigio de limpieza?
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