La proposición de ley presentada por el Grupo Socialista el pasado 22 de diciembre de 2017 supone una violación consciente de la letra y espíritu de nuestra Constitución. La nueva ley amenaza en su propuesta del 510 bis con penas de cárcel y multas a historiadores, publicistas, periodistas, editores, libreros e inclusos kiosqueros que vayan contra la Historia Oficial que propone la jueza y portavoz de PSOE Margarita Robles a nuestro Congreso de Diputados.
La Ciencia Histórica progresa gracias al continuo y permanente debate, fruto de la investigación, entre los historiadores. Un debate científico sobre el pasado que no puede ni debe ser manipulado por la clase política en beneficio de unos intereses acientífico de su instante concreto.
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Suscríbete ahoraHace más de cuarenta años que terminó el régimen franquista y 82 años del comienzo de la Guerra Civil de 1936-1939, una más de las muchas guerra civiles que ha conocido España, lo que convierte este sucesos históricos en algo pasado y alejado de la realidad actual de España. ¿Por qué esta preocupación por la de 1936-1939 y no por las Carlistas o la de Asturias de 1934?
Es un proyecto radicalmente antidemocrático, por cuanto pretende decidir desde el poder la realidad de la historia
No se puede imponer por ley un único relato de la historia, pues ninguna ley variará los hechos históricos ni debe hurtarnos la libre e inteligente comprensión individual de los mimos. No se debe borrar por ley la cultura, el pasado, el sentimiento ni la memoria de los más de cuarenta y seis millones españoles, de toda una nación, por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos, en las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjeron. La verdad interpretada de unos hechos, cualquiera que sea, no puede ceder a ninguna interesada manipulación política. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo antidemocrático y liberticida.
Esta proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valoressuperiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (sólo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la constitución). Esa proposición de ley, de llevarse a la práctica, chocaría frontalmente con la Constitución, en su redacción y espíritu. Es un proyecto radicalmente antidemocrático, por cuanto pretende decidir desde el poder la realidad de la historia, lo que solo ocurre en regímenes totalitarios hacia los que no debemos permitir que transite España.
Si el Partido Socialista quiere lograr algo que lo singularice, que lo identifique, que lo diferencie de otros partidos existentes básicamente iguales a él, si quiere ganar votos por la izquierda puede hacer muchas cosas que de verdad mejoren nuestra sociedad. Es necesario dejar de hacer lo fácil, dar puñaladas a moro muerto, disparar con pólvora del rey en lugar de entrar en los temas verdaderamente importantes que todos sabemos y que ni el PSOE ni ningún partido político quiere afrontar porque afectan fundamentalmente a sus privilegios.