El activismo judicial en Colombia por parte de las cortes está desbordado. La Corte Constitucional, la Corte suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte de la justicia especial para la paz (JEP) están produciendo casi a diario fallos nefastos para el país.
La Corte Constitucional emitió el fallo que confirma la despenalización del aborto en las 3 causales (violación, malformación congénita, riesgo grave de salud de la madre) desde el primer momento de la concepción hasta un instante antes de nacer. Fallo que va en contra del artículo 11 de la constitución que dice “la vida humana es inviolable, no habrá pena de muerte”. Y no contenta con este fallo criminal, ahora ha dictaminado que no se puede prohibir el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas (drogas) en lugares públicos, basándose en el supuesto derecho al libre desarrollo de la personalidad, despojando a los niños y las familias de los parques públicos para entregarlos a la drogadicción y la violencia e inseguridad que conllevan.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraPor otro lado la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado maniobraron junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para no solo dejar en libertad al jefe de la guerrilla de las FARC alias Jesús Santrich y evitar su extradición, sino para posesionarlo como miembro del Congreso de la República. En efecto el año pasado se conoció que este cabecilla de la guerrilla seguía realizando negocios de narcotráfico después de la firma de los acuerdos de paz que perdonaban todas las fechorías cometidas con anterioridad a la firma (violación de menores, asesinatos, secuestros, narcotráfico y un largo etcétera) pero que taxativamente prohibía cualquier actividad de estas posteriores a la firma del acuerdo.
Pues aparecieron videos y testimonios de que seguía en el negocio del narcotráfico, por lo que fue solicitado en extradición por los Estados Unido. Esto activo la acción de todas las organizaciones liberales y de izquierda a nivel nacional e internacional y de manera leguleya la corte de la JEP alegó que ellos deberían revisar las pruebas antes de autorizar la extradición.
De esta forma aunque fue detenido, estuvo en suspenso su caso durante un año. Santrich debía haberse posesionado el 20 de julio de 2018 como representante a la cámara, ocupando una de las 10 curules que se les regalaron con la firma del acuerdo de paz, pero como estaba detenido y bajo cargos graves de narcotráfico obviamente no se posesionó.
Su primera intervención fue para votar a favor de que el ministro de Defensa fuera destituido de su cargo por no hacer lo suficiente para defender a los miembros de la guerrilla de las FARC
Hace 4 semanas la JEP decretó que las pruebas no eran suficientes y ordenó su libertad. Pero en el mismo instante que salía de la cárcel fue recapturado por la Fiscalía al presentar nuevas pruebas de sus delitos y confinado en el búnker de la Fiscalía.
Inmediatamente se alegó por el Consejo de estado que él tenía la calidad de aforado por que fue “electo” (en realidad no obtuvo ningún voto, pues las curules les fueron regaladas) como Congresista y en tal calidad no podía ser juzgado por la justicia ordinaria por lo que debería ser liberado inmediatamente y pasar su caso a la Corte Suprema, esta a su vez decreto que debería posesionarse pues por causa de fuerza mayor no lo había hecho antes (por que claro estaba detenido por sus crímenes). La telenovela continúa y en la semana pasada se posesiono en el Congreso de la Republica ante el repudio de la mayoría del Congreso que abandonó el recinto.
Y la paradoja final, su primera intervención fue para votar a favor de que el ministro de Defensa fuera destituido de su cargo por no hacer lo suficiente para defender a los miembros de la guerrilla de las FARC y no cambiar la doctrina de las fuerzas armadas que son agresivas contra los movimientos guerrilleros.
Definitivamente el activismo de unos cuantos jueces ideologizados, que emiten sentencias sin fundamento en la Constitución o en alguna ley, sino en pronunciamientos y sentencias creadas por los mismos (2 o 3 magistrados en el caso de la corte constitucional) están imponiendo de manera injusta y dictatorial su ideología a Colombia que sufre esta nueva forma de violencia destructora.