Todo lo que ha sucedido en las últimas horas en torno al desafío independentista de Cataluña supone un triunfo del Estado de Derecho, por mucho que una parte de la sociedad catalana y algunos de los dirigentes de los partidos secesionistas se empeñen en hablar de represión de ese Estado, de ataque a la democracia, o incluso en el colmo del delirio, llegar a decir como ha hecho el Presidente del Parlamento que «ningún juez puede perseguir al president», en alusión a la detención en Alemania este domingo de Carles Puigdemont.
El Estado de Derecho está funcionando, y todos aquellos que se atrevieron a desafiarlo de forma reiterada desde sus cargos institucionales, están en prisión provisional a la espera de un juicio, donde los delitos de los que les acusa el juez instructor, llevan aparejadas penas muy elevadas de cárcel.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahora«Lo más importante de todos estos hechos es que la ley está para ser respetada y cumplida por todos los ciudadanos, empezando por quienes tienen responsabilidades públicas»
Caso no muy distinto es el del expresidente de la Generalitat, que había huido hace cinco meses a Bélgica buscando un país «cómodo» para sus situación judicial, y que tras haber cometido la imprudencia de haber abandonado ese país para dar unas conferencias en Finlandia con el objetivo de «internacionalizar el conflicto» ha sido detenido este pasado domingo en territorio alemán, cuando intentaba regresar por carretera a su residencia de Waterloo.
Puigdemont, cuya actitud irresponsable desde que fue designado por Artur Mas como su sucesor en el Palacio de la Generalitat, ha hecho mucho daño a Cataluña y a España, se enfrenta ahora al proceso de entrega a nuestro País y a responder ante la justicia de sus delitos. El que se autoproclamara presidente legítimo de la República catalana, va a experimentar en los próximos meses lo que es enfrentarse con la dura realidad de que en un Estado de derecho, todos somos iguales ante la ley, nadie está por encima de ella, y quien se la salta tiene que pagar por ello.
Por mucha crispación social que el encarcelamiento provisional de los principales cabecillas del proceso secesionista o la detención de Puigdemont en Alemania haya provocado en los sectores independentistas de la sociedad catalana, lo más importante de todos estos hechos es que la ley está para ser respetada y cumplida por todos los ciudadanos, empezando por quienes tienen responsabilidades públicas.
Si esto no se hace, lo que en un estado democrático y de derecho procede es aplicar todo el peso de la ley sobre aquellos que se la han saltado a la torera. Eso refuerza al Estado y transmite una imagen de seriedad y de madurez. Nadie está por encima de la ley. Y nadie es nadie, por muy Presidente o conseller de la Generalitat que se sea.