Guatemala es un país encantador. Es la puerta de América Central si uno viene desde el norte. Tiene 15 millones de habitantes con una cultura de raíces cristianas, muy pro vida y pro familia. Sin embargo, grupos políticos de izquierda radical condujeron a esa nación a una historia reciente de conflictos sociales que incluyó una guerra civil, felizmente superada.
Ante una necesidad real de paz y lucha contra la corrupción, en 2006 se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a través de un acuerdo firmado entre la ONU y el Gobierno de Guatemala. En ese momento, todos estaban de acuerdo en que la CICIG ayudaría a frenar la proliferación de lo que se conocen como “cuerpos ilegales de seguridad”, bandas armadas de crimen organizado que asolaban el país. Su función era asesorar y fortalecer a las instituciones de fiscalía y jueces en el país para perseguir este tipo de delitos.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEn octubre de 2013 el funcionario elegido por la ONU para dirigir la CICIG fue el colombiano Iván Velásquez. Muy pronto la CICIG excedió su mandato y se desvirtuó hasta convertirse en una instancia de poder político más fuerte que las propias autoridades del Estado. Muchos funcionarios públicos incluyendo al propio presidente Morales, jueces, políticos, empresarios y todo opositor a sus deseos fueron amenazados con denuncias e investigaciones.
«Los líderes pro vida y pro familia veían en la CICIG la vía de aprobación de leyes y políticas públicas de aborto y de género»
La CICIG fue poco a poco inmiscuyéndose en la política interior de Guatemala, sospechosamente dirigiéndose contra personas claves del sector político conservador, mientras que al mismo tiempo impulsaba una agenda claramente de izquierda. Hace un par de meses, en nuestra visita más reciente a Guatemala, pudimos comprobar que la CICIG tiene aterrorizados a todos los guatemaltecos. Y los líderes pro vida y pro familia veían en la CICIG la vía de aprobación de leyes y políticas públicas de aborto y de género.
Por supuesto, las denuncias contra los excesos de la CICIG y de Velásquez comenzaron a multiplicarse. Una de las más graves ha sido la relacionada con un pueblo del interior, San Pablo, en el que CICIG no intervino en un lugar en el que la violencia proviene de grupos marxistas organizados del crimen, como pudieron comprobar periodistas norteamericanos. Y tal vez el caso más famoso fue el de los disidentes rusos, la familia Bitkov, que fue maltratada por la CICIG, tal como pudo comprobar en una investigación del congreso el parlamentario norteamericano Chris Smith.
No debe extrañar que a Martha Lucía Zamora, una de las funcionarias más activas de la CICIG, se le haya retirado el 4 de octubre su visado a US debido a que en Colombia se le sigue un juicio por un supuesto encubrimiento a varios ex jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además la CICIG se ha comprometido con la expansión de la ideología de género en el país, una tarea que tampoco le compete y que, además, es una imposición más que proviene desde la ONU y frente a la que Guatemala se resiste.
Según el convenio con la ONU, el mandato de la CICIG debía terminar en 2017. Sin embargo, la mayoría de guatemaltecos pedían darle fin a la CICIG incluso antes mientras que los sectores de izquierda que querían perpetuarla. La pugna y la tensión social creció al punto que el presidente Jimmy Morales prefirió una salida no abrupta. Prolongó un año más ese mandato para que la CICIG traslade todo su trabajo a las autoridades locales, a pesar de que las denuncias contra las acciones de Velásquez seguían acumulándose.
El presidente Morales, ante la Asamblea General de la ONU hizo una valiente acusación contra la CICIG. Habló de que polariza el país, usa fuerza excesiva en los operativos que coordina con el Ministerio Público, usando fusiles de guerra, entre otras cosas
Por eso no es de extrañar que Anastasia O’Grady, en el Wall Street Journal, dedicara varios artículos hablando de un “virreinato de la ONU” en Guatemala. “Over the years CICIG expanded its authority to advance the politics of the extreme left, which seeks to consolidate power by gaining control of institutions. Mr. Velásquez isn’t an elected official. He’s more of a modern-day viceroy, suppressing with force opposition in the “colony” from those who challenge his authority.”
Todos los analistas señalan que la CICIG no se hubiera podido consolidar sin el apoyo de la Administración Obama. Siendo vicepresidente, Joe Biden visitó Guatemala en 3 ocasiones durante un año para consolidar esta institución. Y en estos días, el propio Biden escribió en Tweeter: “la administración estadounidense debería condicionar la asistencia en la operación continua de CICIG”. También se dice que el embajador norteamericano entre 2014 y 2017, Todd Robinson, fue siempre una pieza clave para aumentar el poder de la CICIG.
La lucha contra la corrupción sigue siendo una tarea pendiente en Guatemala. La CICIG no ha sido solución. Todo lo contrario. Ha implementado una agenda claramente de izquierda y progresista que ha aumentado la división de Guatemala y hace peligrar su democracia.
El 25 de septiembre el presidente Morales, ante la Asamblea General de la ONU hizo una valiente acusación contra la CICIG. Habló de que polariza el país, usa fuerza excesiva en los operativos que coordina con el Ministerio Público, usando fusiles de guerra, entre otras cosas. Dijo expresamente: “En esencia, la CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala. La CICIG ha montado un sistema de terror, un sistema donde al que piensa diferente se le persigue, le investiga. A la comisión se le señala de coaccionar testigos”.
Morales no pide dejar impune la corrupción. Pero le propone a la ONU trabajar juntos, nombrar un comisionado que sea confiable para todos y que no tenga agenda de izquierda, y que se prepare a los jueces de Guatemala para hacer todo esto. De momento la ONU no responde. Como escribió la periodista Betty Marroquín: “El legado de Guterres es quedar como el secretario general que fue paladín en la lucha contra la corrupción en el mundo. Quiere reproducir la fórmula de CICIG en muchos países en desarrollo y teme perder esa oportunidad si permite que gane la partida el presidente Morales”.
La ONU no oculta que pretende replicar este modelo para impulsar su agenda y pasar por alto la soberanía de los países, especialmente los que no tienen una tradición de izquierda. Ya hay proyectos de ley en Perú, Honduras, Chile y otros países de la región que son impulsados por los mismos que promueven el aborto, la ideología de género y todo lo que sea progresismo cultural, lo que no es casualidad. Pero Guatemala puede resistir y frenar este avance. Necesitará mucho de la ayuda de los países de la comunidad internacional que no quieran ser colonizados por la ONU.
* Por Carlos Polo y Carlos Beltramo.