La entrevista a la juez Mercedes Alaya, que publicaba la pasada semana el diario ABC, me resulta de tal calado, enjundia e importancia, que aún no alcanzo a comprender cómo su eco apenas alcanzó el día siguiente al que vio la luz.
Sus advertencias y denuncias sobre la falta de independencia del Poder Judicial, y su sumisión al poder político y a los partidos, a estas alturas del cuento, asombran a pocos, pero no por reiteradas pueden dejar de suponer un escándalo mayúsculo en cualquier país desarrollado. Consolaría saber que, como indica la juez, en los países de nuestro entorno el sistema judicial está peor configurado aún que en el nuestro, pero en la práctica, todos desembocamos en la misma interrelación viciada que hacen que el mal de muchos, no consuele a ninguno.
Aunque su lectura, de principio a fin, es indispensable para cualquiera que tenga la gallardía de asomarse al abismo de ponzoña que supone el actual panorama judicial y político español, hay una afirmación especialmente elocuente e ilustrativa, que pone de manifiesto cuál es uno de los principales problemas de España como Nación y como sociedad.
Alaya asegura que su salida de las macrocausas que investigaba radicaba en “el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación”
En una de sus respuestas, Alaya asegura que su salida –auspiciada por los vocales del PP y del PSOE del CGPJ– de las macrocausas que investigaba (los ERE, entre otras) radicaba en “el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación”. Ante esta afirmación, la periodista pregunta que por qué cree que al PP no le iba a interesar que siguiese indagando en esos asuntos, entendiendo –con una lógica normal- que lo que más le podía interesar a los de la gaviota es que se siguiese encausando a los de Susana para, llegado el momento, poner la puntilla a cuarenta años de hegemonía socialista en Andalucía, y sacar del agujero de paro, del apesebramiento, del enchufismo y de la miseria en que tienen los de la rosa sumida a la región más grande y poblada de España.
Sin embargo, la juez revela, para espanto general de cualquier persona con una mínima inclinación a la justicia, que “había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de comunidades autónomas”.
Y ahí está la madre del cordero. La de la (in)aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, y la de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de Rajoy por parte del PNV; la de la supresión del español en la enseñanza de Baleares, de la Comunidad Valenciana y de Galicia; la de la derogación del Plan Hidrológico Nacional y la asfixia de los campos castellanos y murcianos; la incoherencia de podemitas y naranjas apoyando en el sur lo que critican en el norte, y fomentando en las islas lo que censuran en la Meseta.
La juez Alaya ha sido, no sólo con su actuación al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, sino con la concesión de esta entrevista, una de esas escasísimas personas que aparecen muy de cuando en cuando en la vida de una Nación, que pudiendo vivir en la más absoluta de las calmas, prefieren hacerlo acosada por los poderes fácticos antes que permanecer silente.
Las Comunidades Autónomas son, a la postre, los cromos que se reparten los partidos para mantener unas mínimas cotas de poder
La realidad a la que su Señoría alude es el cáncer que está devorando a España desde el inicio mismo de la democracia, y el que va a acabar con ella más pronto que tarde.
Las Comunidades Autónomas, lejos de suponer la materialización de los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación que establece el artículo 103 de la Constitución para la Administración Pública, son, a la postre, los cromos que se reparten los partidos –los que gobernaban ayer, los que lo hacen hoy, y los que lo harán mañana- para mantener unas mínimas cotas de poder, y asegurarse la imprescindible red clientelar que haga de colchón ante sus propios descalabros.
La Comisión Europea publicaba la pasada semana sus recomendaciones para el segundo semestre de 2018, en las que, si bien mantenía unas buenas perspectivas para la economía española, aseguraba que hay una serie de problemas estructurales que hay que reformar, y que pasan, sí o sí, por recortar o suprimir el pésimo modelo autonómico. La unificación del Mercado, las imprescindibles mejoras educativas, homogeneizar las ayudas sociales o la dispersión legislativa son los principales escollos que Bruselas señalaba como óbice para que España mejore en competitividad y reduzca los riesgos futuros. Todos estos obstáculos, sin excepción, son fruto del sistema territorial que se configuró en la Transición para contentar a los nunca saciables nacionalistas, y que se ha demostrado sobradamente incompetente para solucionar el problema que él mismo patrocina.
La corrupción en Andalucía es endémica, hasta el punto de hacer una de las regiones más ricas en cuanto a recursos naturales, creatividad y potencialidades se refiere, en el furgón de cola no sólo de España, sino de toda Europa.
Mientras estas sean las reglas del juego, el final del mismo está asegurado: los partidos políticos, ganan; España, pierde.
Pero lo que vivimos en estas latitudes importa poco al resto porque, como todos, no somos más que una moneda de cambio entre los azules, los rojos, los naranjas y los morados. En ese sentido, exactamente igual que el resto de regiones. La asfixia de nuestra economía, la fuga de cerebros, la emigración de los jóvenes y del talento le importa poco a unos y otros, porque parece que el PSOE “tiene que mantenerse fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas”. Y, de paso, dejar que Ciudadanos siga siendo la muleta de su tela de araña, tejida con tiento durante décadas, y permitir a los podemitas andaluces levantarse contra su patrón de perilla y coleta.
Andalucía, como las Castillas, como Murcia, como los archipiélagos, y como el resto de regiones, son las cartas con que unos y otros juegan su particular partida de naipes. Europa ya ha advertido de los perjuicios que este sistema supone para nuestro progreso, nuestra dinamización y nuestra modernización. Pero pocas voces como la de Alaya han dejado tan en evidencia los ases en la manga que guardan los partidos en el poder, sin excepción ni distinción de colores o antigüedad en la escena pública.
La moción de cesura que va a cerrar esta semana será un nuevo reflejo de esta irónica partida. Previsiblemente, Mariano Rajoy salga indemne gracias a un PNV que necesita que los Presupuestos terminen de tramitarse, para embaularse cientos de millones de euros que los demás españoles jamás veremos ni de lejos. Y así, seguirá la mano con la formación, o no, del gobierno catalán, mercadeando en el bazar parlamentario los intereses que lo son de toda España, como Nación en su conjunto.
Mientras estas sean las reglas del juego, el final del mismo está asegurado: los partidos políticos, ganan; España, pierde.
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