Que a los independentistas catalanes les importa una higa el presente y el futuro de su tierra, se ha puesto en evidencia una vez más su actitud con motivo de la celebración en Barcelona del Mobile World Congress. Por un lado, el desplante institucional al Rey, con la ausencia en el saludo oficial al Monarca del presidente del Parlamento, Rogert Torrent, y de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Esta última dice no querer rendir «pleitesía» -¡qué término más arcaico!- a Felipe VI, pero si recibe en el Ayuntamiento que preside a los familiares de los dirigentes nacionalistas presos de manera preventiva por su implicación en el intento de golpe de Estado llevado a cabo en Cataluña.
Por otro lado, la CUP y los grupos más radicales agitan la calle y convocan movilizaciones en las puertas del Palacio de la Música, donde tenía lugar la recepción oficial del citado Congreso. Incluso los asistentes al mismo eran recibidos en el Aeropuerto del Prat por un grupo de activistas que portaban carteles donde se decían todo tipo de maldades sobre la democracia en España, la existencia de presos políticos y toda la retahíla independentista y les facilitaban lazos amarillos, el signo que visualiza la petición de libertad de los que están presos.
«Quien más está sufriendo esta situación es la propia sociedad catalana, cuyo futuro, desde el punto de vista social y económico, es muy, pero que muy negro»
¿Qué impresión se habrán llevado los organizadores de este importante evento de ámbito mundial? Cabe pensar que no muy buena y que se estarán planteando, con razón, el traslado del mismo a otra ciudad que ofrezca más garantías de estabilidad institucional y un clima de normalidad.
¿A los independentistas les importa algo que se puedan perder los 500 millones de euros que se calcula se dejan en Barcelona los organizadores del Congreso y los asistentes al mismo? Me temo que no, al igual que aparentemente no les ha importado que unas 3.000 empresas se hayan ido de Cataluña desde que en setiembre, el Parlamento autonómico aprobó la denominada ley de desconexión con España y que el uno de octubre se llevara a cabo un referéndum ilegal.
Ante esta situación, el Gobierno de la Nación y los partidos constitucionalistas, PP y Ciudadanos, tendrían que plantearse qué hacer en Cataluña si los partidos independentistas siguen en su empeño de desafiar al Estado de Derecho. De momento, el proceso de investidura de un nuevo Presidente de la Generalitat, está siendo un espectáculo lamentable.
Por un lado, Puigdemont desde Bruselas queriendo que le reconozcan no se sabe qué tipo de legitimidad; y por otro, los de la Esquerra, queriendo quitárselo de en medio, pero sin atreverse a decirlo públicamente. Quien más está sufriendo esta situación es la propia sociedad catalana, cuyo futuro, desde el punto de vista social y económico, es muy, pero que muy negro.
Comentarios
Comentarios