Después de década y media de CSI Las Vegas y CSI Miami, en que hemos escuchado a Gil Grissom y Horatio Caine decir «las personas mienten, las pruebas nunca», uno esperaba un poco más de prudencia en los tertulianos y los diputados al analizar la sentencia de la Audiencia de Pamplona en el llamado ‘caso de La Manada’.
Al menos algunas tendencias de la política de EE.UU. están penetrando en España. Como ya escribí la semana pasada, alguien ha guardado un vídeo de Cristina Cifuentes durante años para soltarlo en el momento oportuno, como le hicieron a Donald Trump en la campaña electoral.
Otra tendencia es la de los psicólogos y psiquiatras que hacen dictámenes a distancia. También le pasó a Trump y le acaba de pasar a los magistrados de Pamplona. Los supuestos profesionales españoles no dejan de dar puntada sin hilo y piden que se les contrate para dar formación a los juristas, que la vida está muy achuchá.
Solo un bobo puede pensar que no sufrimos una campaña organizada contra la judicatura
La diferencia, por ahora, es que no hay una reacción popular a la que en EE.UU. llevó a Trump (para quien el presidente de Corea del Sur ha pedido el premio Nobel de la Paz) a la Casa Blanca.
Pero la demagogia ha atrapado a todos, a los agitadores, a los que buscan ser bendecidos por el Imperio Progre y a los que se arrastran por cinco minutos de fama.
Sólo un bobo puede pensar que no estamos ante una campaña perfectamente orquestada.
La izquierda morada, que trata de recuperar el espacio político que está perdiendo en las encuestas, mediante la movilización entre pensionistas y de mujeres, llevaba semanas preparando esta campaña.
Las feministas quieren acabar con la presunción de inocencia en función del sexo y la partitocracia desea someter a los jueces
La misma izquierda que se opone a la cadena perpetua y a legislar en caliente, que defiende a los matones de Alsasua y que aplaude la puesta en libertad de terroristas, violadores y asesinos en serie porque todo delincuente tiene derecho a la reinserción.
Algunos izquierdistas piden la pena de muerte y el periodista Carlos Enrique Bayo recurre al francomodín: los jueces sentencian contra la voluntad del pueblo porque son franquistas.
De estas raíces franquistas han mamado los jueces que defienden la sentencia de L Manada. Fascismo y machismo siempre van de la mano y la Judicatura española lleva 40 años de retraso histórico con respecto a la civilización democrática https://t.co/tdcrpdgkOz vía @publico_es
— Carlos Enrique Bayo (@tableroglobal) 29 de abril de 2018
A los demás partidos, la ocasión les ha venido como anillo al dedo.
El Gobierno de Rajoy y el PP han cargado contra el juez con una fuerza que contrasta con su flojera al defender a la Guardia Civil y la Policía Nacional de la acusación de la alcaldesa Ada Colau de cometer abusos sexuales contra muchas barcelonesas (y muchos barceloneses, no seamos sexistas) que participaron en el acto ilegal del referéndum de octubre pasado.
Los mismos que rechazan el concepto de ‘legislar en caliente’ sobre parricidios y terrorismo piden ahora que se cambie el Código Penal
El ministro Catalá ha insinuado que el magistrado autor del voto particular está enfermo o chiflado. Y todo el Imperio Progre se ha olvidado de que Catalá ha sido el primer ministro de la democracia en ser reprobado por la mayoría del Congreso de los Diputados.
Si descontamos la campaña contra los fiscales que investigaron a Jordi Pujol por el caso Banca Catalana (en la que se llegó a disparar contra las ventanas de sus domicilios), no ha habido otra tan feroz como la montada por el PSOE contra Marino Barbero, magistrado del Tribunal Supremo, que en 1991 empezó a investigar la corrupción socialista en el caso Filesa.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra rebuscó en el pozo negro de su alma las mayores calumnias contra Barbero. Acusó al magistrado de querer intervenir en política sin presentarse a las elecciones, «al igual que hace ETA, que quiere participar en política poniendo bomba»” y añadió que no había pagado un crédito bancario.
En los años 90, un político del PSOE acusó al primer juez que investigaba la corrupción de su partido de hacer lo mismo que la ETA
Marino Barbero pidió amparo al CGPJ, presidido por Pascual Sala, que se lo negó. Luego renunció a la carrera judicial.
Con todas las pegas que les podamos poner, los tribunales se han enfrentado a la corrupción y la ocupación de las instituciones por la partitocracia con más fuerza que los colegios profesionales, las universidades (¡que me mondo!), la Academia de la lengua, las televisiones y la Iglesia.
Los tribunales están condenando a muchos gestores de cajas de ahorros. En la sentencia del caso Palau se detalló la corrupción del 4% en Cataluña y se condenó al partido de Pujol, Mas y Puigdemont, CDC, por cobrar mordidas. En Andalucía dos ex presidentes del PSOE y de la Junta están imputados en el caso de los ERE (¡más de 740 millones de euros!). Varios dirigentes del PNV empezaron a comparecer desde enero en el Palacio de Justicia de Vitoria para dar cuenta de sus chanchullos urbanísticos. Y los sumarios por corrupción han descabezado al PP en Madrid, Valencia y Baleares.
Algunos ministros han acabado en la cárcel, desde Barrionuevo (PSOE) por participar en un secuestro realizado por los GAL, a Matas (PP) por corrupción. La cacique de la isla de Mallorca, la nacionalista María Antònia Munar, comparó a varios de sus jueces con la Inquisición.
Los tribunales están condenando a los políticos por corrupción y frenando el golpe de Estado separatista en Cataluña, y los partidos desean la impunidad
Aparte de descubrir las vergüenzas y los delitos de la partitocracia, los jueces están desbaratando el golpe de Estado catalanista y el pacto que busca el PP con los separatistas. Desde el juez del juzgado nº 13 de Barcelona, que aceptó la querella presentada por VOX, a los magistrados Pablo Llarena y Carmen Lamela.
¡Qué caramelo sería para la partitocracia someter, domesticar y capar a los jueces rebeldes! Quedaría impune. Y no asistiríamos a esos actos propios de Estados bárbaros como la condena en Brasil de Lula Da Silva y los procesamientos de varios ex presidentes peruanos por corrupción.
Cuando a Felipe González le amenazaba la responsabilidad por los GAL, se le grabó diciendo a unos íntimos: «¿Es que no hay nadie que les diga a los jueces lo que tienen que hacer?».
Veinte años más tarde, la partitocracia entera se une contra los jueces, con la excusa de la sentencia sobre la Manada. La magistrada del Supremo y portavoz del PSOE Margarita Robles ha hecho causa común con Catalá, y con la purria feminista, contra el magistrado Ricardo González.
Un diputado del PNV plantea que ellos mismos o sus delegados supervisen a los jueces para que no se desmanden
Y los nacionalistas, otros perjudicados, han acudido al linchamiento. El diputado del PNV, Aitor Esteban (que protestó ante el Gobierno de Zapatero por la presentación de un libro mío en la Biblioteca Nacional), más basto, propone “replantear la supervisión de los jueces y sus sentencias”.
Por su parte, las feministas, punta de lanza de esta protesta perfectamente orquestada, exigen, dentro de su guerra de sexos, la supresión de la presunción de inocencia. Ahora se limita a los juicios de familia, pero quieren que se extienda al Derecho Penal.
De cumplirse su plan, bastará que una mujer diga que un varón la ha violado, sin pruebas que respalden sus palabras, para que éste se arriesgue a ser condenado a entre seis y doce años de prisión.
Querido lector que critica a los jueces, tenga cuidado porque quizás acabe ante un tribunal con sensibilidad popular, o sea, un tribunal popular, y le juzguen los tertulianos de La Sexta, con Revilla como fiscal y Garzón (Baltasar) como abogado de oficio.
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