El curso político que está a la vuelta de esquina no trae nada bueno para la democracia. Y no nos referimos sólo al desafío secesionista de Cataluña, con el referéndum del 1 de octubre, que va a poner a pruebas las débiles estructuras de un Estado de derecho en horas bajas.
Nos referimos a otras amenazas acaso menos ruidosas pero no menos inquietantes. Porque lo que ponen en jaque no es sólo el Estado de derecho sino derechos y deberes fundamentales, como el de la vida, la libertad de expresión o la igualdad de todos ante la ley.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraSi los cuatro jinetes del Apocalipsis montaban cabalgaduras que según la exégesis cristiana simbolizan la peste, la guerra, el hambre y la muerte, cuatro son los proyectos de ingeniería social los que serán debatidos dentro y fuera del Congreso y, probablemente, puestos en marcha:
Se trata de la regulación de los derechos y deberes de las personas al final de la vida; la ley de imposición de los dogmas de la ideología de género – Ley Mordaza LGTBI impulsada por Pablo Iglesias-; la ley que pretende legalizar la mercantilización de la maternidad a través de los vientres de alquiler; y las medidas acordadas en el Pacto Estatal por la Violencia de Género antes del verano.
El Congreso reanuda su actividad tras el parón estival el 5 de septiembre, aunque no habrá pleno hasta el día 12. La duodécima legislatura española comenzará su segundo año abordando, ya sobre el papel, esas cuatro cuestiones.
1.- Ley de eutanasia, receta fácil para abordar el problema de las pensiones
Tanto Podemos como Ciudadanos han presentado sendas propuestas para legislar sobre el final de la vida. La del partido liderado por Albert Rivera está en fase de enmiendas, que precisamente concluye la primera semana de septiembre.
El Congreso rechazó la propuesta de Podemos el pasado mes de junio, con los votos en contra del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos.
Aunque con algunas diferencias, los principales partidos con representación política situados a la izquierda del arco parlamentario están decididos a aprobar una ley nacional que legalice la eutanasia en España.
De aprobarse la iniciativa de Ciudadanos, se contemplará la situación de los Cuidados Paliativos, una tarea despreciada durante años, que apenas ha sido dotada de recursos por las diferentes Comunidades Autónomas y que suponen una atención integral al paciente al final de la vida.
El PSOE apuesta por modificar la propuesta de Ciudadanos, pero si no apoyará la ley de eutanasia de Podemos
Pedro Sánchez ha anunciado que si no se aprueban las enmiendas que el PSOE ha propuesto para la ley impulsada por Ciudadanos, volverán la mirada al proyecto de Unidos Podemos, que contempla la legalización del “suicidio médicamente asistido”.
La tentación de despenalizar la eutanasia es muy fuerte dado el incremento en la esperanza de vida, la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. Y que no hay dinero para pagar las pensiones.
En la propia España, en menos de 30 años, se ha duplicado el número de personas mayores de 65 años. Según datos del INE, a 1 de enero de 2016 había 8.657.705 personas mayores, lo que supone un 18,4% sobre el total de la poblacion (46.557.008).
Todo indica que después del aborto libre, España se encamina hacia lo más parecido a la eutanasia libre. Y gracias a la actitud de Cs, Podemos y PSOE y el seguidismo de un PP que parece haber renunciado a los principios más elementales de defensa de la vida.
2.- Vientres de alquiler: el mercado de los úteros
El Comité de Bioética de España, dejó establecido el pasado mes de mayo que todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer, además de un daño difícilmente reparable a los intereses del menor.
El Partido Socialista Obrero Español y numerosas organizaciones de ámbito feminista se han situado frontalmente en contra de esta práctica, a la que recurren cada vez más varones, generalmente gays.
Por supuesto, se han opuesto a esta práctica mafiosa, en la que personas adineradas se aprovechan de la pobreza de algunas mujeres, las organizaciones conservadoras o inspiradas en el humanismo cristiano. En eso coinciden los extremos, por razones diversas.
En el PP se han pronunciado en favor de los vientres de alquiler Javier Maroto y Cristina Cifuentes
En el Partido Popular, de momento, los que se han pronunciado con claridad son sus partidarios: el vicesecretario de Acción Social, Javier Maroto, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Sin embargo, Ciudadanos registró a finales del mes de junio una ley de vientres de alquiler “altruista y garantista” para regular los llamados “nuevos modelos de familia” porque “si no se regulan nacen las mafias”.
Imagínese el lector si hubiera que legalizar todo lo que, de no legalizarse, queda en manos de las mafias.
Por si quedara duda de que Ciudadanos va a poner toda la carne en el asador, su líder recorrió las calles de Madrid el Día del llamado Orgullo LGTBI en un autobús fletado junto a la “Asociación de familias por la gestación subrogada: Son nuestros hijos”.
Una práctica que va contra la dignidad de la mujer y convierte al niño en una mercancía, objeto de compra-venta.
3.- Ley Mordaza LGTBI: adiós a la democracia
El grupo parlamentario de Podemos presentó en las Cortes el pasado mes de mayo una proposición de ley que pretende sublimar el adoctrinamiento de género desplegado en la docena de leyes autonómicas aprobadas en los últimos años.
Su título es “proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”.
Se trata de una propuesta de ley que, entre otras amenazas, vulnera la igualdad de todos ante la ley, al establecer privilegios para una minoría a la que la Administración debe ofrecer atenciones especiales basadas en sus sentimientos o en derechos inventados ex profeso tales como el “derecho humano a la autodeterminación de la identidad de género”.
La propuesta de Podemos establece igualmente sistemas de coerción y eliminación de la libertad de expresión (este sí, un derecho humano) de tal forma que se obliga a los medios de comunicación o a los colegios profesionales a incorporar la doctrina de la ideología de género.
Y a quien no acepte la imposición, sea corporación profesional o un particular, le esperan multas de hasta 45.000 euros o formas de censura y secuestro de publicaciones que disientan.
La Ley Mordaza LGTBI de Podemos también vulnera el derecho a la libertad de educación, consagrada en el artículo 27 de la Constitución Española.
Obligará a incluir sus postulados de forma transversal “en todas las asignaturas y cursos”, de tal forma que sea obligatorio ofrecer “ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad sexual y de género, así como la diversidad familiar”.
Se obligará a que se instalen en los centros de enseñanza los llamados “baños trans” donde chicos que dicen sentirse chicas podrán compartir los aseos con sus compañeras de pupitre
Se obligará a que se instalen en los centros de enseñanza los llamados “baños trans” donde chicos que dicen sentirse chicas podrán compartir los aseos con sus compañeras de pupitre.
En otros rangos de enseñanza, se impone como obligatoria la formación ideológica en asuntos LGTBI a cargo de sus lobbies para profesionales públicos de los ámbitos de lo laboral, la salud, la educación, los servicios sociales, la justicia, los cuerpos de seguridad del Estado, la seguridad privada, los funcionarios de prisiones, el personal de centros de menores, el deporte, el ocio y la comunicación.
Otro de los efectos perniciosos de esta ley, que llegará al Pleno del Congreso en otoño, está en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
Su artículo 74 sostiene que “corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria, la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y su proporcionalidad”.
Por el apoyo que los principales grupos políticos han otorgado a las normas de este cariz aprobadas en diferentes comunidades autónomas, ningún grupo político pondrá coto a esta ley, por lo que su aprobación está casi asegurada.
En suma, las amenazas que para los derechos fundamentales representaban las leyes de adoctrinamiento LGTB de 11 comunidades autónomas se van a materializar en una norma a nivel estatal, mucho más radical y peligrosa.
La idea que considera al hombre siempre como agresor y a la mujer siempre como víctima, será enseñada en todas las etapas escolares
4.- Pacto contra la Violencia de Género: el varón culpable
Este pacto de Estado, votado en la Comisión de Igualdad del Congreso el pasado 28 de julio, contiene más de 200 medidas y una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros para los próximos 5 años.
Los grupos parlamentarios tienen un plazo de cuatro meses para tramitar las enmiendas que se presenten y aprobar dicho acuerdo. Pese a las discrepancias que han mostrado, en especial desde Podemos -que lo considera «poco feminista»- las medidas serán probablemente aprobadas.
Entre ellas, figura que no es necesaria –no ya una sentencia judicial- ni siquiera una denuncia para que una mujer adquiera la condición de víctima de la violencia machista y, por tanto, se convierta acreedora de un nutrido grupo de servicios, la mayoría de ellos gratuitos, a cargo del erario público.
Por su parte, la idea base de la Ley Integral de Medidas Contra la Violencia de género que considera al hombre siempre como agresor y a la mujer siempre como víctima, será enseñada en todas las etapas escolares.
Es de prever que lejos de lograr erradicar la violencia machista o evitar que haya más muertes, estas medidas servirán para seguir engrosando la llamada “industria de los malos tratos”.
Si ya era ineficaz la ley de Violencia de Género, impulsada en 2004, por el Gobierno de Zapatero, estas nuevas medidas van a ahondar aún más la brecha entre varones y mujeres, al criminalizar aún más a los primeros, convertidos, de facto, en culpables mientras no se demuestre lo contrario.
El objetivo del Pacto -firmado con un consenso inusual, gracias a un generoso presupuesto que será controlado por comunidades y ayuntamientos- no es otro que reforzar a las mujeres que en procesos de ruptura familiar denuncian para obtener medidas cautelares –que luego se cronifican- sobre la patria potestad y la custodia de los hijos, y aumentar el número de varones que, sin condena alguna, ven truncada su vida personal, profesional y social por una denuncia por un supuesto delito de malos tratos.
Todos en el arco parlamentario (izquierdas y derechas, conservadores y progresistas) están de acuerdo en permitir que las menores aborten sin el consentimiento paterno. Todos, contra los más inocentes
Por no hablar de otra forma de violencia que el Pacto va a legitimar: el crimen del aborto. El Pacto contempla que las mujeres menores de edad no necesiten el consentimiento paterno para abortar en caso de violencia de género.
Y todos en el arco parlamentario, izquierdas y derechas, conservadores y progresistas, están de acuerdo. Todos, unidos, contra los más indefensos y los más inocentes: los niños en el seno materno.