¿Por qué la Ley de Violencia de Género se ha convertido en ‘casus belli’ entre PP-Cs por un lado y Vox por otro? se preguntan muchos. ¿Tan importante es para cada una de las dos partes negociadoras hasta el punto de que están determinadas a no ceder, aún a riesgo de que no se forme Gobierno en Andalucía y haya que repetir las elecciones?
¿Qué tiene el Género?, ¿por qué parece que les va la vida en ello a cada una de las dos partes negociadoras?
La respuesta está incluída en la pregunta. A Vox le va, efectivamente, la vida en ello. Y a PP-Cs más que la vida lo que les va es la bolsa. O eso parece.
Vox no ha nacido para perpetuar las lacras del sistema, para eso seguimos a piñón fijo con el PP, que es un partido conservador -el sentido más rancio e inmovilista de la palabra-. Ha nacido con una vocación regeneradora y su razón de ser es señalar al rey que va desnudo.
Y una de las ‘desnudeces’ más flagrantes es la ley de violencia de género porque representa dos características del sistema: liberticidio y corrupción.
Liberticidio, en la medida en que no resuelve el problema sino que lo agrava con una ley injusta por definición (la violencia no tiene género) y discriminatoria para el varón; y corrupción porque en lugar de atajar la violencia contra los mujeres, sirve para repartir maná presupuestario entre asociaciones, observatorios, redes de denuncias falsas.
Sólo en Andalucía hay más de 2.000 asociaciones y federaciones de mujeres que viven de las políticas de «igualdad de género». Estas pasan por el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, órgano compuesto por altos cargos de la Junta, empezando por la propia presidenta Susana Díaz.
Este nuevo PER presume de igualdad, pero las ayudas se reparten de forma desigual. Algunas ni siquiera llegan a sus destinatarias: el Instituto Andaluz de la Mujer sólo destina el 3% de su presupuesto a las víctimas de violencia. La entidad autonómica encargada de fomentar la “igualdad de género” manejó 43 millones en 2018, pero sólo destinó 1,2 millones a las mujeres víctimas. ¿Entonces?
Por eso le va la vida en ello a Vox. Si no denuncia el chiringuito y no acaba con él, su misión no tiene razón de ser. Si se deja llevar por los cantos de sirena del pacto con PP-Cs sin tocar asunto tan medular… adiós Vox.
Con esto no estamos diciendo que no exista un problema grave (los malos tratos y la violencia de hombres contra mujeres). Lo que estamos diciendo es que la Ley de Violencia de Género (y su réplica andaluza) no es el remedio adecuado.
Hay, por tanto, una parte de razón en quienes claman contra la lacra que supone el abuso de la fuerza contra el sexo femenino. Fruto de variados factores… algunos los arrastramos del pasado: el machismo endémico; la subordinación de la mujer ante el varón hasta extremos de servilismo; la falta de educación y formación; y otros factores son actuales: la trivialización de las relaciones sexuales, que lleva a considerar a la mujer como un objeto; las crisis matrimoniales o de pareja etc.
Ante un problema complejo, el PSOE echó mano de una solución simplista y optó por el “populismo de género”, con la ley de Zapatero
Pero ante un problema complejo, el PSOE echó mano en 2004 de una solución simplista y optó por lo que podríamos llamar el “populismo de género”, con la ley de Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega. ¿Hay algo más simplista que encasquetar al varón el cartel de culpable por el mero hecho de ser varón, de modo y manera que esa solución se lleva por delante la presunción de inocencia? Porque en ese adefesio jurídico se basa la Ley de Violencia de Género.
Y eso lo vieron, cuando se estaba elaborando el proyecto, ciento ochenta penalistas (magistrados, fiscales, catedráticos) de tendencia progresista. Integrados en el Grupo Política Criminal, publicaron un manifiesto en el que advertían que la ley resultaría contraproducente, por ineficaz, y que defraudaría a las víctimas.
Señalaban que la “discriminación positiva” a favor de la fémina, por el mero hecho de serlo, “no encuentra fácil acomodo dentro de los fines propios del Derecho Penal”.
Y un dirigente socialista, Joaquín Leguina, ya criticó, por aquella época, la asimetría penal del proyecto, subrayando que se aceptaba como “verdad revelada” que “la violencia de género es unidireccional, de hombres contra mujeres y nunca al revés”.
El Gobierno de Zapatero disponía, pues, de argumentos de sobra que desaconsejaban promulgar la Ley. Pero hizo caso omiso y la sacó adelante. ¿Por qué? No sólo porque suponía un guiño al lobby feminista sino, sobre todo, porque había mucho dinero de por medio. La España gobernada por los socialistas iba a recibir decenas de miles de millones de los fondos de la Unión Europea para políticas de Género: 24.000 millones de euros, hasta el año 2012.
Y el instrumento para “derrotar el machismo criminal” (Zapatero dixit) resultó ser fiasco (siguen muriendo asesinadas entre 50-70 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, igual que en 1999 como explica Luis del Pino), pero regó de euros a asociaciones feministas, que de eso se trataba.
Los fondos europeos acababan en manos de esa red clientelar. El dinero llegaba en función del número de denuncias contra varones presentadas. Lo de menos es que éstas sean reales o fingidas, y que acaben o no en condena. La prueba es que la inmensa mayoría son sobreseídas o archivadas por falta de pruebas (exactamente el 87%, según reveló Actuall)
No es exacto que sólo haya un 0’01% de denuncias falsas, como arguyen los defensores de la Ley Zapatero. Ese 0’01% corresponde a los casos en que la Fiscalía instruye proceso contra la falsa denunciante.
Pero mientras tanto, asociaciones feministas, la mayor parte de ellas vinculadas al PSOE, se lucraban con el negocio de los malos tratos.
Pero era preciso tapar más bocas y comprar más voluntades, y en 2017, el dinero llegó a todos los partidos, a comunidades autónomas y a ayuntamientos, con el Pacto de Estado para la Violencia de Género, que contemplaba 200 medidas con una dotación de mil millones de euros.
Rocío Monasterio: “PP y Cs están arrodillados ante los lobbies feministas”
Eso puede explicar el sorprendente cambio de la veleta naranja. Hace cuatro años cuando Rivera dio el salto definitivo a la política nacional, era partidario de derogar la Ley de Violencia de Género, pero ahora no sólo se pliega a los lobbies feministas y socialistas, sino que ha convertido la cuestión en ‘casus belli’ para no pactar con Vox en Andalucía. ¿Por qué?
Una pista. Rocío Monasterio, musa de Vox contra las feminazis -como titula El Mundo- afirma que PP y Cs están «arrodillados ante los lobbies feministas, porque tienen miedo». Y «también ellos se benefician de las subvenciones para políticas de género que llegan desde Bruselas». Saquen ustedes sus propias conclusiones.
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