Por su interés, reproducimos el artículo de Elentir publicado en su blog Contando Estrelas:
Igual que las leyes autonómicas de adoctrinamiento sexual ya aprobadas (algunas con el voto de Podemos y del PP -como la de Madrid-), que han previsto mecanismos similares para castigar cualquier infracción de las mismas, esta auténtica «Ley Mordaza» de Podemos establece delitos de opinión y encomienda su sanción a políticos y no a los jueces, algo anticonstitucional, si nos atenemos a lo que afirma el Artículo 20.5 de la Constitución:
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Suscríbete ahora«Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial».
El Artículo 8 de la Proposición de Ley presentada por Podemos invade competencias exclusivas de la Justicia atribuyéndoselas a un organismo político de nombre kilométrico -«Agencia Estatal contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales»-, formada por políticos y por miembros de colectivos LGTB.
En el Artículo 94, relativo a infracciones, el proyecto de Podemos deja clara su intención de usurpar funciones exclusivas de los jueces, ya que prevé que dicho organismo político pueda sancionar posibles abusos de la libertad de expresión, tales como «proferir, por cualquier medio o procedimiento, expresiones, imágenes o contenidos gráficos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias, por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias».
Teniendo en cuenta que hace poco Podemos llegó a considerar ofensivo afirmar una obviedad biológica, como es que los ninos tienen pene y las ninas vulva, esta ley no se limitaría a sancionar ofensas, sino también censurar ideas que contradigan las tesis ideológicas de Podemos. Un mecanismo legal así en manos de políticos es una amenaza contra nuestras libertades.
En la más absoluta indefensión
En el Artículo 96, relativo a sanciones, la Proposición de Ley de Podemos viola sin rodeos el citado Artículo 20.5 de la Constitución, dando a políticos y grupos LGTB el poder de secuestrar y destruir publicaciones: «Ante cualquier infracción, cualquiera que sea su naturaleza, se procederá al decomiso y destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto de las infracción administrativas contempladas en la presente Ley o por medio de las cuales se hubiera cometido».
Hay que tener en cuenta, además, que este procedimiento de censura implicaría destruir pruebas necesarias para cualquier recurso judicial presentado contra ese procedimiento administrativo, lo que dejaría a los censurados en la más absoluta indefensión. Esto también supondría violar el Artículo 24.1 de la Constitución, que afirma: «Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión».
Podemos plantea sin rodeos censurar páginas web, lo que nos pondría a la altura de países como Irán, Turquía o China, que bloquean todo lo que no es de su agrado
Además, en ese capítulo de infracciones, Podemos pretende que los proveedores de servicios de Internet se dejen censurar «inmediatamente» sin que intervenga un juez, al señalar como infracción grave lo siguiente: «No retirar inmediatamente por parte del titular y del prestador de un servicio de la sociedad de la información expresiones, imágenes o contenidos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género o características sexuales contenidos en sitios web o redes sociales, una vez tenga conocimiento efectivo de la existencia de las mismas».
El Artículo 96.4 del proyecto de Podemos plantea sin rodeos la posibilidad de censurar el acceso a sitios web: «Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo».
Esto nos pondría a la altura de países como Irán, Turquía o China, que bloquean toda web que no es de su agrado por cuestiones políticas, religiosas o ideológicas.
El 1 de julio de 2015 ya critiqué aquí la Ley de Seguridad Ciudadana del PP por apropiarse de funciones de los jueces. La paradoja es que por aquellas mismas fechas, Podemos también criticó esa ley -a la que tachó de «Ley Mordaza»- en un comunicado que reprochaba al gobierno del PP precisamente lo que ha incluido en el proyecto podemita publicado hoy.
Por ejemplo, la formación morada señalaba que la citada Ley de Seguridad Ciudadana «convierte a la Administración en «juez y parte» (al convertir las faltas penales en administrativas), privando a la ciudadanía de las garantías que ofrece el control judicial penal», exactamente lo mismo que prevé Podemos en su nuevo Proyecto de Ley.
Multas entre 3.000 y 45.000 euros
El partido de ultraizquierda también advertía que la LSC «recurre a términos ambiguos, que relativizan el principio de seguridad jurídica», exactamente lo mismo que hace Podemos en su proyecto, dejando la puerta abierta a que cualquier discrepancia de la ideología de género sea metida en ese enorme saco de lo que un organismo político pueda considerar como ‘ofensa’.
Además, Podemos consideraba que la LSC «incorpora numerosas infracciones que parecen hechas ad nominen para castigar a determinadas organizaciones sociales», lo mismo que se puede decir de la «Ley Mordaza» podemita, que parece diseñada para perseguir campañas como el famoso autobús de HazteOir.org (así lo ha entendido el diario La Vanguardia, por ejemplo).
Si Podemos presenta este proyecto es para usar los posibles ataques a personas LGTB como excusa para imponer la ideología de género como un dogma que nadie pueda cuestionar
En aquella nota, Podemos también señaló: «Tenemos la suerte de vivir en una sociedad pacífica que no necesita mayores ni más cruentas medidas de represión». En dos años parecen haber cambiado de opinión, pues ahora presentan un Proyecto de Ley que no es necesario: los ataques y vejaciones a cualquier persona ya están contempladas por las leyes vigentes, sin necesidad de hacer una ley específica para el colectivo LGBT.
Si Podemos presenta este proyecto es para usar los posibles ataques a personas LGTB como excusa para imponer la ideología de género como un dogma que nadie pueda cuestionar, contemplando castigos en forma de multas que van desde los 3.000 a los 45.000 euros, sea cual sea el poder adquisitivo del sancionado, con lo cual Podemos también se salta otra crítica que hizo a la LSC: «Es injusta porque incrementa la cuantía de las sanciones sin tener en cuenta la capacidad económica de las personas».
Con este proyecto, en fin, Podemos demuestra el escaso respeto que tiene por la inteligencia de los españoles, puesto que sus diputados quieren imponernos eso mismo que ellos llamaron ‘mordaza’ hace dos años.