El pasado lunes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, concedía una entrevista al programa de Carlos Herrera, en la COPE, valorando no sólo la sentencia dictada en el caso de La Manada, sino el voto particular del magistrado Ricardo González, sobre el que aseguraba que “todos saben que este juez tiene algún problema singular».
Con sus declaraciones, el señor ministro se suma a la marea morada de críticas y exabruptos contra el Tribunal juzgador, que han recorrido a lo largo y ancho la geografía española.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEntiendo que este no es el lugar para hacer una disección jurídica de un pronunciamiento judicial, que, a mi leal saber y entender –sólo y exclusivamente para el caso de que los hechos probados sean como se exponen, y siempre y cuando nadie haya sido capaz de ir tan lejos como para desvirtuarlos hasta darles apariencia de ser constitutivos de delito- se ajusta estrictamente a lo dispuesto en nuestro Código Penal.
Porque, lo que considero grave hasta el extremo, es la pretendida reacción social –por supuesto, falsa, teledirigida e instrumentalizada- que ha provocado.
Tres serían, sucintamente, los datos que corroboran su palmaria hipocresía.
El pasado marzo, una mujer acusada de violar a un chico menor de edad, fue absuelta por la falta de pruebas de las amenazas que ella utilizaba para someterlo a determinadas prácticas
Por una parte, porque el pasado mes de marzo, una mujer acusada de violar a un chico menor de edad, fue absuelta por la falta de pruebas de las amenazas que, según el joven, ella utilizaba para someterlo a determinadas prácticas. En febrero, una sentencia del Tribunal Supremo también absolvía a una mujer acusada de abusar sexualmente de un menor de doce años, porque, según ella, “no sabía que era menor”.
En segundo lugar, porque con anterioridad se han producido hechos prácticamente idénticos a los enjuiciados en este asunto, que no han tenido contestación alguna ni eco mediático. Los detalla con rigor Elentir en su blog Contando Estrelas. En todos ellos, distintos grupos de varones son acusados de agredir sexualmente a mujeres o niñas, entre 2012 y 2018. Ni uno solo de ellos ha sido publicado, ni los nombres de los agresores dados a conocer, ni las sentencias han visto la luz. Casualmente, los agresores eran de nacionalidad nigeriana, argelina y marroquí. Quizás, los de La Manada habrían corrido mejor suerte de haber sido subsaharianos en lugar de sevillanos. Quién sabe.
En tercero, porque los alaridos de las chicas de flequillo borroka que salían a las calles no se dirigían contra la laxitud o la permisividad de nuestro Código Penal. Es más, las banderas moradas que portaban con orgullo son las mismas que se oponen radical y frontalmente a la prisión permanente revisable, medida que, precisamente, persigue el endurecimiento de las penas por la comisión de determinados delitos de especial trascendencia.
Esas mismas que ladraban contra los jueces autores de la sentencia de La Manada, son las mismas que piden el acercamiento de los presos etarras a las prisiones vascas
Incluso se podría ahondar más, porque en determinadas latitudes, esas mismas que ladraban contra los jueces autores de la sentencia de La Manada, son las mismas que piden el acercamiento de los presos etarras a las prisiones vascas, o las que exigen la libertad de los golpistas catalanes.
No. No nos engañemos. La farsa de estas movilizaciones, del “no es no”, no busca perseguir los delitos de naturaleza sexual (porque, si es una mujer la que los perpetra, aquí todos callados), ni proteger a la mujer víctima de hechos de estas características (en tanto que, si los agresores son de esos otros sectores amparados por la progresía mediática, la lucha por la mujer se disuelve), ni incrementar las penas contempladas en nuestra legislación (porque, al parecer, defender la prisión permanente revisable sólo corresponde a la caverna derechista).
No habría ningún problema si la cosa quedara, como debe, en la anécdota. Es decir, ellas, con sus carteles, sus acusaciones genéricas al heteropatriarcado, sus lazos morados y sus recogidas de firmas para la inhabilitación de los jueces que han dictado la sentencia, en el cajón del tedioso circo nacional que hemos de padecer cada cierto tiempo, protagonizado siempre por la marabunta vociferante y desnortada de la progresía media.
Ahora bien, cuando la memez callejera se pretende convertir en Ley, y tanto los medios de comunicación como el poder Ejecutivo acogen la sinrazón populista como sustento para iniciar cambios de calado, algo marcha mal. Y no es cualquier cosa la que hace aguas: es el propio Estado de Derecho.
Porque hay que recordar, por si a algún ministro despistado se le escapa, que lo que lleva ocurriendo en España desde la publicación de la sentencia, no es más que el intento de subir otro peldaño en la criminalización del varón por el mero hecho de serlo. Así, la mujer ha de aparecer siempre y sólo como víctima, haga lo que haga y provoque lo que provoque, mientras que el varón (blanco, por supuesto) será culpable mientras no se demuestre lo contrario, en el mejor de los casos.
Harán caer a quien vean como un estorbo. Si son los jueces, hay que inhabilitarlos; si es la Ley, hay que cambiarla; si son los peritos, hay que retirar sus informes antes de dictar sentencia
Y en esta dinámica, harán caer a quien visualicen como un estorbo. Si son los jueces, hay que inhabilitarlos; si es la Ley, hay que cambiarla; si son los peritos, hay que retirar sus informes de modo previo a dictar sentencia. Nada puede obstaculizar el avance implacable del feminazismo.
Para ello, hay que sumar adeptos, pero no por el camino de la razón (porque es imposible adherirse a unos postulados irracionales desde el funcionamiento cabal de la sesera), sino del sentimiento, y los llamamientos a sentirse parte de un todo absoluto y neutralizante (“Todas somos una”). Junto a las factótum, obviamente, deben aparecer aquellas que dicen que están de acuerdo con el contenido de las manifestaciones, pero que ni se leen sus manifiestos, ni apoyan a sus convocantes. Son las “tontas útiles” –dicho sea con todos los respetos y en estrictos términos de defensa-, que siguen a las primeras y les palmean. Pero eso es un asunto relacionado con la discreción de juicio y la necesaria formación básica de los criterios, que no cabe ahora desarrollar.
Repetimos que el problema no está en que exista personas ansiosas de acabar con el Estado de Derecho (que implica, sí o sí, la vigencia de los principios de inocencia, de derecho a un juez imparcial y a un procedimiento justo y transparente, de existencia de una ley anterior a los hechos sobre la que éstos puedan ser calificados, etc.), sino que el Estado de Derecho, en la figura de su Ministro de Justicia, esté dispuesto a suicidarse.
Lo ha dicho el propio Catalá: ha encargado a un grupo de expertos en Derecho Penal “revisar” el Código para “adaptar” la legislación a la realidad social.
El Gobierno del Partido Popular nunca ha pretendido “adaptar” el Código cuando millones de españoles clamaban por el fin del terrorismo, y contra la negociación con la ETA; el Gobierno del Partido Popular no ha hecho el más mínimo esfuerzo en “revisar” la Ley cuando daban un golpe de Estado, y millones de compatriotas pedían prisión para los que querían ver a los delincuentes, con toda lógica, entre rejas.
Ahora, sin embargo, el juez que, desde su libertad y su profesionalidad, emite un voto particular en la sentencia, tiene un “problema singular”
No. En esos casos, Catalá callaba y acataba las decisiones judiciales (que rezaba para que no se produjesen, no fuese a enfadar a sus comensales nacionalistas). Ahora, sin embargo, el juez que, desde su libertad y su profesionalidad, emite un voto particular en la sentencia, tiene un “problema singular”.
El problema singular, señor Catalá, lo tenemos los españoles con usted, con nuestro Gobierno, y con el partido que lo sostiene. Y el problema, en singular, y en particular, se llama cobardía. Cobardía para defender la Ley; cobardía para defender la razón frente al populismo; cobardía para defender a los profesionales frente a la tiranía de la demagogia; cobardía para defender a España y a su Estado de Derecho de sus enemigos, con los que ustedes pastelean.
Y el problema universal radica en que a ustedes, señores melifluos del Pepé, como siempre, les encanta caminar de la mano de la progresía por los senderos de la vida. En las urnas nos veremos, Catalá.