Las leyes de violencia de género –tanto la nacional como la andaluza: es la primera la que trata aspectos penales- son injustas porque vulneran el principio de no discriminación por razón de sexo: la misma agresión es castigada con penas distintas según sea cometida por hombres o mujeres.
Además, suprime la presunción de inocencia del varón y facilita las denuncias falsas al considerar suficiente el testimonio de la mujer -sin necesidad de otras pruebas- para la detención del acusado, y al premiar a la denunciante con todo tipo de ventajas, que pueden ir desde ayudas económicas (art. 46 de la Ley Andaluza de Violencia de Género) a prioridad en las solicitudes de excedencia y cambio de centro de trabajo (art. 53), puntos adicionales en los concursos-oposición, prioridad en el acceso a viviendas sociales (art. 48), prioridad en los programas de formación e inserción laboral (art. 51) y el fomento del empleo (art. 52), etc. (para acreditar la condición de víctima merecedora de tales ayudas basta «certificación o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración Pública competente»: art. 30.1). La famosa cifra de «solo un 0.01% de denuncias falsas» es absolutamente falaz: ese es el porcentaje de casos en los que la Fiscalía instruye proceso contra la falsa denunciante. Retengamos más bien otra cifra: más del 80% de las denuncias presentadas contra hombres supuestamente maltratadores son sobreseídas o archivadas por falta de pruebas, o bien el hombre es declarado inocente. Es razonable inferir que, en un alto porcentaje de ellas, no había pruebas porque la agresión nunca se produjo.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraHa estallado la tormenta porque Vox, en cumplimiento de su programa electoral, condiciona su apoyo a la investidura del gobierno PP-Ciudadanos en Andalucía a la sustitución de la Ley Andaluza de Violencia de Género (Ley 13/2007) por una nueva Ley de Violencia Familiar que no discrimine en base al sexo -es decir, que combata por igual todas las modalidades de violencia doméstica: hombre que ataca a mujer, mujer que ataca a hombre [un caso por cada cuatro de lo anterior], hombre que ataca a hombre o mujer que ataca a mujer en parejas del mismo sexo [por cierto, estadísticamente más violentas que las parejas heterosexuales], hombre o mujer que atacan a niños [es más frecuente que sea la madre la que asesina a los hijos]- y que no lesione la presunción de inocencia, base del Derecho penal civilizado (junto a la idea de responsabilidad individual, sustituida en el marxismo cultural por la culpabilidad colectiva del sexo masculino).
El legislador no parece haber reparado en que en los países más progresista-feminista-igualitarios del mundo -los escandinavos- la tasa de «violencia de género» es casi tres veces superior a la española
He tenido la paciencia de leer hasta el final esa ley puntillosa, farragosa, doctrinaria. Y la impresión que me queda es que el legislador usa la «violencia de género» como pretexto para una masiva reeducación social. De lo que se trata es de consagrar legalmente e inculcar a toda la sociedad la idea según la cual la violencia de los hombres contra las mujeres es consecuencia de una situación estructural de dominación patriarcal y opresión femenina: una situación general, que nos afecta a todos, y no solo a los maltratadores y las maltratadas. Así lo decreta la primera frase de la Exposición de Motivos: «La violencia de género supone una manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que viven las mujeres en todo el mundo». Y el artículo 1 define la «violencia de género» como «la violencia que, como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres, se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo». De esa forma, desde el umbral mismo de la ley, ya se ha establecido la asociación de ideas que necesita el marxismo cultural: «violencia de género = opresión patriarcal». El legislador no parece haber reparado en que en los países más progresista-feminista-igualitarios del mundo -los escandinavos- la tasa de «violencia de género» es casi tres veces superior a la española (la nuestra, por cierto, es de las más bajas del mundo): no parece, pues, que el asesinato de mujeres por sus parejas sea consecuencia del atraso machista, salvo que creamos que el mundo entero es un infierno de dominación patriarcal. Pero, ¿qué le pueden importar los hechos al ideólogo fanático?
Y con metódico fanatismo prosigue la ley desplegando su programa totalitario de ingeniería social y reeducación masiva. Por un lado, definiendo la «violencia» en términos inquietantemente amplios: por ejemplo, puede ser «violencia de género» intentar convencer a una mujer de que no aborte, a tenor del artículo 3.4 f): «[Se considerarán violencia de género] las actuaciones que restrinjan el libre ejercicio de su derecho a la salud sexual o reproductiva, que nieguen su libertad de una vida sexual plena y sin riesgos para su salud, el derecho a decidir [abortar]».
Por otro lado, usando la decena anual escasa (en 2016 fueron cinco; en 2017, siete: cito estadísticas oficiales de la Junta de Andalucía) de lamentables asesinatos de mujeres a manos de hombres como excusa para someter a toda la población andaluza a un sistemático adoctrinamiento ideológico sobre la terrible opresión patriarcal y la necesidad de desarraigar los «estereotipos sexistas». El artículo 6.1 c), por ejemplo, prevé que las «actividades de investigación del fenómeno social de la violencia de género» no deben en ningún caso olvidar «el estudio de los modelos de masculinidades hegemónicas y de su relación con las causas de la violencia de género». El art. 7 bis establece un Observatorio Andaluz de la Violencia de Género: uno más entre las decenas de organismos -generosamente dotados en presupuesto y personal- que han florecido al albur de la que el juez Serrano llamó «industria del género».
El artículo 8 ordena la elaboración cada cinco años (¡Plan Quinquenal tenía que ser!) de “un Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía”. Y el Plan, por supuesto, no se olvida de la educación: hay que inculcar en el cerebro de los niños la idea de que la «violencia de género» demuestra que las mujeres siguen oprimidas en nuestra sociedad (art. 8.2: «El Plan integral desarrollará, como mínimo, las siguientes estrategias de actuación: a) Educación, con el objetivo fundamental de incidir, desde la etapa infantil hasta los niveles superiores, en la igualdad entre mujeres y hombres […]; b) Comunicación, cuya finalidad esencial es sensibilizar a mujeres y hombres, modificar los modelos actitudes, mitos y prejuicios sexistas, y concienciar a la sociedad sobre la violencia de género como una problemática social […]»). ¿Y quién forma a los formadores? Pues la Junta, depositaria de la verdad feminista: «Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad de género» (art. 22.1).
Fracasado el socialismo la izquierda ha encontrado una ideología sustitutoria en el marxismo cultural
Pero la educación no se reduce a la escuela. El artículo 8.5 nos recuerda que todos nosotros –también los adultos- habitamos una sociedad que sigue presa de una bárbara mentalidad patriarcal, y que la Junta debe civilizarnos, por nuestro propio bien: «Las actuaciones de sensibilización tienen como objetivo modificar los mitos, modelos y prejuicios existentes, y deben recoger, al menos, los elementos siguientes: a) Presentar la violencia en su naturaleza estructural y multidimensional, como un fenómeno enmarcado en la desigual distribución de poder entre mujeres y hombres; […] c) […] detección y prevención de micromachismos, denunciando sus abusos y destacando las consecuencias de estos […]». Para los machistas recalcitrantes no se escatima (art. 10 bis. 2) la “reeducación social, que podrá comprender tratamiento psicológico, mecanismos de readaptación, resocialización, rehabilitación y otros procedimientos técnicos aconsejables”.
Para la izquierda, el mantenimiento de la Ley de Violencia de Género –como pieza de un dispositivo más amplio de «lucha por la igualdad de los sexos»- es cuestión de vida o muerte. Fracasado el socialismo, ha encontrado una ideología sustitutoria en el marxismo cultural, que divide a la sociedad en colectivos de víctimas y victimarios; y, entre esos conflictos imaginarios, el más importante es el que opone a hombres y mujeres. A la izquierda le va en ello su supervivencia.
Hay una segunda razón para la histeria con que se demoniza a quien, como VOX, se atreva a cuestionar los dogmas del género: se ha creado un densísimo entramado de asociaciones feministas que viven del dinero público, al amparo de las leyes de violencia de género (art. 9: «La Administración de la Junta de Andalucía apoyará las iniciativas de las asociaciones de mujeres, así como de otros colectivos y asociaciones dedicadas a la erradicación de la violencia de género»), de igualdad, etc. Les recomiendo que consulten la «Resolución del Instituto Andaluz de la Mujer del Procedimiento de Concesión de Subvenciones en Régimen de Concurrencia Competitiva a Asociaciones y Federaciones de Mujeres para la Realización de Programas que Fomenten la Erradicación de la Violencia de Género, para el año 2017», emitida el 28 de Noviembre de 2017. Allí figuran una serie de cantidades. Enumero solo las primeras, de una serie que comprende decenas (y solo abarcan las subvenciones correspondientes al año 2017): Asociación de Mujeres «Páginas Violeta», 9.577 €; Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira, 8.660 €; Asociación de Mujeres «Ventana Abierta», 4.050 €; Asociación Femenina Andaluza para el Siglo XXI, 8.750 €; Asociación Femenina de la Subbética, 6.880 €; Federación de Asociaciones de Mujeres «El Despertar», 19.600 €; Plataforma contra los Malos Tratos a Mujeres «Violencia Cero», 10.325 €… y un largo y escandaloso etcétera.