Cuando los ciudadanos buscan amparo en una instancia que vele por sus derechos constitucionales, y atienda sus quejas y reclamaciones, recurren –desde la Transición- al Defensor del Pueblo, una figura independiente que no recibe instrucciones de autoridad alguna, con capacidad inspectora e investigadora, aunque sus decisiones no son vinculantes. Entre sus facultades está la de interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo.
Esta vez cien asociaciones encuadradas en una Plataforma por las Libertades han acudido al Defensor (defensora a la sazón: Soledad Becerril), para que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la ley LGTB de la Comunidad de Madrid, alegando que vulnera varios derechos constitucionales.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahora¿Está justificada su queja? Deduzcan ustedes:
Lo que hace una ley como la de Cifuentes es llevarse por delante principios básicos del Estado de derecho como la presunción de inocencia, y arrebata a los padres el derecho a la educación de sus hijos.
En el articulado de la ley LGTB se pretende nada menos que redefinir la naturaleza humana, borrando la más elemental de las distinciones (hombre-mujer), con la arrogancia típica del ignorante en materia científica –y ahí está el último informe académico de los doctores Meyer y McHugh publicado en The New Atlantis http://www.thenewatlantis.com/publications/executive-summary-sexuality-and-gender. (invitamos a la señora Cifuentes a que haga un hueco en su apretada agenda y lo lea).
Ningún sátrapa de la antigüedad o ningún señor feudal del Medievo había llegado al grado de despotismo que la pretensión de la ley Cifuentes entraña
¡¡Redefinir la naturaleza humana!! Ningún sátrapa de la antigüedad o ningún señor feudal del Medievo había llegado al grado de despotismo que tal pretensión entraña.
Muchas de las miles quejas o reclamaciones que recibe la Defensora son justas y necesarias (desde problemas de vivienda a protección de menores). Pero ninguna es tan justa y necesaria, y tan transversal, como la que hacen las cien asociaciones ante la amenaza que la ley Cifuentes supone para la familia, y para los derechos de la infancia.
Y podría esperarse de una persona de la formación, la sensibilidad y el talante liberal que tiene la señora Becerril, que resolviera eficazmente la reclamación interponiendo recurso de inconstitucionalidad contra esa norma.
La señora Becerril fue una histórica de la Transición, debutó como diputada de la mano de Adolfo Suárez en 1977. Y fue la primera mujer ministra en España desde la II República, con la cartera de Cultura en el Gobierno de Calvo Sotelo, en 1981.
Posteriormente pasó al PP, fue alcaldesa de Sevilla desde 1995 a 1999, y luego volvió al Congreso y al Senado.
Conoce por dentro las entrañas de la política nacional y municipal, es una defensora de los derechos y libertades fundamentales, desde una posición liberal, y como Defensora del Pueblo se ha implicado en causas nobles, que tienen toda nuestra simpatía: desde trabajar para que no despidan de las empresas a enfermos con cáncer hasta buscar procedimientos para evitar que los afectados por hipotecas, ahogados por las deudas, no acaben en la indigencia.
Por no hablar de un logro especialmente justo: abrir la puerta, por primera vez en España, para que se considere vulneración de derechos humanos el «sufrimiento» de los familiares de las víctimas del terrorismo por el retraso en las investigaciones o por la impunidad de los asesinos en los atentados que no han sido esclarecidos. La Defensora del Pueblo solicitó a la Fiscalía General un análisis de los casos «en los que procedan actuaciones procesales para intentar la depuración de responsabilidades penales» de los 377 crímenes de ETA que se estiman sin resolver.
No encaja en ese talante el hecho de que Soledad Becerril haya mirado para otro lado ante la amenaza para derechos constitucionales que representa la ley LGTB.
Tampoco encaja su encogimiento de hombros ante la petición de la Plataforma por las Libertades con la declaración de intenciones que hizo en una entrevista concedida a El País: “Yo estoy aquí para empujar a las Administraciones a que corrijan o atiendan asuntos que nos parecen graves o importantes”.
¿Será que no le parece suficientemente grave e importante una ley que se lleva por delante el principio de la presunción de inocencia, la libertad de expresión, o la libertad de educación, como para empujar a la Administración que dirige Cifuentes a que corrija la ley?
¿Será que no le parece suficientemente grave e importante que una norma discrimine a la inmensa mayoría de los ciudadanos y privilegie a una exigua minoría?
¿Será que no le parecen suficientemente graves e importantes las dramáticas consecuencias que puede tener para los ninos que la ley Cifuentes anule el diagnóstico para someterse a cambio de sexo, en contra de la opinión científica?
Y no puede alegar que no se haya enterado de la gravedad y transcendencia que tiene la norma de Cifuentes. Porque, en su respuesta, al centenar de asociaciones de la Plataforma por las Libertades, admite que en la aplicación de la ley se puedan “vulnerar una serie de derechos”.
Y sin embargo se inhibe, se pone de perfil, se lava las manos –elijan la opción que más les guste- y deja en la estacada a los ciudadanos.
La respuesta que da Becerril no puede ser más surrealista:
«Si en el futuro, en su aplicación práctica, se diera al precepto el sentido cuestionado, de que propone fomentar entre los alumnos una valoración positiva de determinada orientación sexual, o de cualquier manifestación o expresión de identidad de género, será deber de las autoridades competentes con el correspondiente derecho de reacción por parte de los afectados, corregir tal interpretación».
Viene a decir Becerril me hago cargo del problema, pero paso la pelota a las autoridades competentes
Es decir, me hago cargo del problema, veo que la ley de Cifuentes tiene contraindicaciones de inconstitucionalidad, pero no muevo un dedo, y paso la pelota a las “autoridades competentes” si en el “futuro”, en “su aplicación práctica” se diera al precepto “el sentido cuestionado”.
¿El futuro? ¿Por qué esperar al futuro? Es como si un hipotético defensor del pueblo en la Alemania de 1935 dijera lo mismo refiriéndose a las leyes de Nüremberg, de carácter racista y antisemita: “si en el futuro, en su aplicación práctica se diera al precepto “el sentido cuestionado””…
Si la Defensora del Pueblo decide no actuar, después de reconocer que la cuestión no es una fruslería, y deja desamparados a los ciudadanos para que sean estos los que interpongan demandas individuales en defensa de sus derechos pisoteados… la pregunta es muy sencilla
Con todo respeto: ¿Para qué queremos entonces a una Defensora del Pueblo?
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— Actuall (@actuallcom) 15 de noviembre de 2016