La larga polémica de Educación para la Ciudadanía nos enseñó muchas cosas importantes. Una de ellas es que no hay nada de tremendista en afirmar que en España hay quien está empeñado en utilizar la enseñanza para un ambicioso proyecto de reingeniería social impuesto desde el poder político, a golpe de Boletín Oficial (nacional o, más comúnmente, autonómico) ¿Con qué propósito?
Según parece, para liberar a nuestros hijos de un supuesto lastre cultural, transmitido fundamentalmente en el hogar, que frena el “progreso” y les impide ser, a futuro, “ciudadanos y ciudadanas felices”. Y no importa si para avanzar en tan benéfico proyecto hay que pasar en esta etapa por encima de las conciencias, de la libertad de pensamiento y educación… o de la propia inteligencia.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEducación para la ciudadanía es la punta más visible del iceberg
El problema no es simple y a mi juicio excede en mucho de Educación para la Ciudadanía, que no deja de ser la punta más visible del iceberg de una realidad más compleja y profunda que abarca tanto contenidos como enfoques pedagógicos no precisamente neutros.
El asunto es serio; sin ánimo de exagerar, es toda una revolución cultural la que está en marcha en nuestras escuelas destinada a cambiar, sí o sí, la mentalidad y la conciencia de los españolitos. Un rodillo solamente ralentizado por el compromiso de una gran parte de los padres con la educación de sus hijos y por la sensatez y vocación de profesores y responsables de los centros.
En este escenario es muy significativo el papel que le está correspondiendo jugar al territorio de la Junta de Andalucía. Es un verdadero campo de experimentación, un laboratorio, en el que la alta carga ideológica de los sucesivos gobiernos socialistas y la hegemonía con la que desde hace casi cuarenta años detentan el poder, les está permitiendo una audacia y una radicalidad en su intento de reingeniería social que quizá no sean tan fáciles en otras comunidades autónomas.
La historia desde 2006 de Educación para la Ciudadanía en Andalucía y las diferentes y sucesivas iniciativas para imponer la ideología de género en la escuela –algunas de ellas verdaderamente grotescas- son buena prueba de lo que digo. En algún momento convendrá analizarlas con más detenimiento.
Y ahora la “Memoria Democrática de Andalucía”
La última vuelta de rosca en este formidable proceso de manipulación de los alumnos la hemos conocido este martes: la llamada “memoria histórica” será contenido obligatorio en las aulas andaluzas.
En efecto, en la reunión del pasado 13 de octubre de Consejo de Gobierno que preside Susana Díaz, quedó aprobado, para su remisión al Parlamento Andaluz, el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Una iniciativa que, siguiendo las estrategias habituales de comunicación, es hábilmente presentado ante la opinión pública como deudor de “las recomendaciones de Naciones Unidas” y que dice pretender ir mucho más allá de la sectaria legislación de Zapatero, esa que Rajoy ha sido incapaz de tan siquiera tocar en cuatro años de Gobierno con mayoría absoluta.
La Junta de Andalucía revisará los libros que ofrezcan información sobre la Guerra Civil
Y plato fuerte del proyecto es, cómo no, el “capítulo educativo”. A falta de conocer su texto definitivo, puede al menos leerse lo que explica la nota de prensa oficial de la Junta:
“Igualmente novedosa es la previsión de incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en la investigación historiográfica. Asimismo, se impulsará la colaboración con las universidades andaluzas para que incorporen esta materia a sus planes de estudios”.
La Consejera de Cultura, Rosa Aguilar, otrora militante del Partido Comunista (¡ay la “memoria histórica”!), no dio más detalles sobre este aspecto al presentar a los medios el proyecto de Ley.
Sí, es pronto para saber aún cómo la Junta de Andalucía pretende llevar a la práctica semejante previsión para los sufridos alumnos andaluces. Habrá que estar pendientes. Pero no son necesarios ni mucho sentido común ni demasiada sensibilidad con lo que la libertad de educación implica, para estimar que difícilmente va a poder llevarse a cabo sin violentar gravemente, una vez más, aquella. Aunque en esto, como en otras cosas, la Junta de Andalucía esté siempre dispuesta a poner la frontera un poco más lejos de la libertad y, por ende, más cerca de un régimen totalitario.