Como es conocido, el director del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, Carlos Martínez, fue multado por la Comunidad de Madrid por disentir de las leyes de imposición de los dogmas de la ideología de género en la región presidida por Cristina Cifuentes.
Dentro de lo malo, se le impuso una sanción económica de 1.000 euros que queda lejos de la máxima prevista (45.000 euros), insistimos por discrepar de los postulados de fondo y las disposiciones concretas de una legislación que lesiona con gravedad el derecho a la libertad de opinión, de conciencia y de cátedra así como el de libre expresión o el de libertad empresarial.
Pero si el ciudadano sancionado en cuestión quiere defender sus derechos, en realidad la factura es mucho más elevada.
La Fundación Educatio Servanda, propietaria del Colegio Juan Pablo II ha hecho pública una hoja de transparencia con todos los datos al respecto.
Así, en el balance a finales de diciembre de 2017, estiman que sumando los costes de abogados en el proceso administrativo y en el Contencioso, más el pago de la multa y algunos gastos de gestión de los donativos recibidos, en realidad el coste se multiplica por 15 respecto a la sanción inicial.
En concreto, la Fundación Educatio Servanda prevé unos gastos en esta fase de defensa de 15.782,10 euros, en los que se incluyen los 1.000 euros de multa que ha puesto de su bolsillo el director del colegio, para que los donativos se destinen principalmente al pago de abogados.
De esta manera, y restando al gasto previsto lo ingresado en forma de donativos bien a través de plataformas (8.900 €), por transferencia (2.068 €) o en efectivo (30 €) y el pago de la multa (un total de 11.998€), el balance arroja un déficit de 3.784,10 euros.
La Fundación Educatio Servanda denuncia la «permanente construcción de noticias falsas, fraudulentas y malintencionadas, desde grupos radicales totalitarios» contra sus colegios
Pero la cosa puede empeorar desde el punto de vista financiero si el proceso se alarga hasta llegar al Tribunal Supremo y a los Tribunales Europeos, por el coste de los abogados.
La Fundación Educatio Servanda tiene disponible una página en la que se pueden hacer aportaciones para el desarrollo de su trabajo educativo y el cumplimiento de su misión social, incluida la defensa de sus profesionales.
Esta misma semana la Fundación Educatio Servanda que preside Juan Carlos Corvera ha difundido un comunicado en el que denuncia «la persecución ideológica que sufre desde hace más de un año, basada en la permanente construcción de noticias falsas, fraudulentas y malintencionadas, desde grupos radicales totalitarios».
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